Democracia es la voluntad popular cedida de manera legítima a una persona para que represente y atienda necesidades del pueblo por el bien común. Cuando este modelo se aleja de los derechos humanos, seguridad y vida de las personas, democracia y pueblo están en riesgo, peligro que empeora por sexenios de políticas de seguridad y de combate al crimen organizado fallidas o cómplices, que dejan en riesgo los derechos a la vida y la paz social y exacerban la violencia en el país.

Esto es resultado del uso de las fuerzas armadas que atropella derechos humanos. A la Guardia Nacional se le presentó garante de seguridad y paz a través de actividades de seguridad pública con mando civil en la guerra declarada contra el narcotráfico por Calderón, la cual no restablece la paz e incrementa la violencia y violaciones graves a derechos humanos. A pesar de esto, las reformas de López  a la Guardia Nacional generan más temor sobre el respeto a los derechos humanos. El marco inicial de López acerca de la Guardia establecía que la seguridad ciudadana debería estar a cargo de mandos civiles para respeto y procuración del estado de derecho; la obligación para el retiro paulatino de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública a concretarse en los próximos 5 años, pero la modificación plantea que la dirección del organismo quede bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, quita el carácter civil y regresa a la índole militar y se amplió el periodo para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles.

Como señalan organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, colocar a militares en apoyo a tareas de seguridad pública vulnera estado de derecho y derechos humanos. La crisis de violencia y golpeo a las instituciones es consecuencia de políticas de despojo a través de la violencia en complicidad con poderes económicos; represión a movimientos sociales defensores de derechos humanos, de falta de justicia en un país con índice de reporte de delitos menor al 10% y de este porcentaje impunidad de más de 90%. Es un modelo de seguridad ajeno a la democracia que auspicia el crecimiento del crimen organizado.

La búsqueda de la paz por la verdad y la justicia es exigencia nacional, en especial de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos quienes sufren represión, uso excesivo de la fuerza bajo el mando militar, sin fincar responsabilidad ni sanción, la impunidad prima. La historia muestra que el mando militar acota el poder civil, es sinónimo de represión de protestas y movimientos sociales. Se opone a que se continúe con la estrategia de seguridad fallida del mando militar, la promesa rota de contar con policía capaz y honesta.

La seguridad no se garantiza con violencia y armas, ni militares, el uso excesivo de la fuerza no soluciona las desigualdades sociales. Lo que necesitamos es construir una democracia social para desmontar estructuras de actividad social y recuperar la paz a través de la justicia que nos ha sido arrebatada con las armas del grupo de poder que con la partidocracia maneja nuestro destino.