El partido verde, propiedad de Jorge González Torres, empresa familiar que se dedica al negocio de la política, cuarta fuerza por representantes en el Congreso obtenidos por alianza con partidos. En el 2000 se alió con el PAN “Alianza por el Cambio”. En el proceso federa 2003 se alió en cien de 300 distritos electorales con el PRI. Obtuvo 17 escaños en la Cámara de Diputados, 14 de representación proporcional; en el senado logró 5 escaños, 1 de mayoría, 4 de representación proporcional. Su fundador, Jorge González Torres (funcionario público y miembro del PRI), entregó la presidencia a su hijo Jorge Emilio González, senador 2000-2006. En 2012 registró a Peña Nieto como candidato.
Jorge Emilio González es acusado por distintos actos de corrupción, señalado por cientos de académicos y profesionales del medio ambiente de farsa que lucra con la propuesta de iniciativas basura que se elaboran sin estudios ni fundamentos reales, de carácter populista, con la intención de simular preocupación por la ecología y el medio ambiente.
El partido verde ha sido denunciado ante la autoridad electoral por violaciones que lo sitúan como el principal instituto político acreedor de quejas y denuncias. En cinco meses acumuló 27 quejas por violación a la ley electoral y financiamiento ilegal. Luego de que fue el más multado durante las campañas electorales por difundir propaganda de sus informes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación redujo una multa de 11 millones 400 mil pesos a un millón 189 mil (El Poder se demuestra; se ejerce; se comete abuso; de no ser así, ¿pa’ qué es?
Partido Verde, grupo incongruente, gansteril que usa el estandarte del medio ambiente y férreo enemigo del ecosistema. Recientemente promovió el uso de la fracturación hidráulica. La fracturación de un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos un volumen de agua para consumo doméstico de 7 millones de personas en un año. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde se realiza (cuenca de Burgos) la disponibilidad de agua se limita.
En Estados Unidos hay más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua por la fracturación hidráulica. Se ha identificado 750 tipos de productos químicos en los fluidos de fracturación. El agua de desecho o de retorno contiene químicos, arena y metales pesados, incluso radioactivos. Los expertos señalan que 25% de las sustancias utilizadas causa cáncer y mutaciones, 37% afecta al sistema endocrino, 40% provoca alergias, 50% daña el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a población cercana a estas zonas tienen metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. La población 66% de probabilidad de padecer cáncer por contaminación atmosférica.
Debido a que la industria no puede tratar los volúmenes de aguas residuales, usa pozos de inyección para deshacerse del agua contaminada, las que desestabilizan fallas geológicas y provocan sismos. En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica, se han multiplicado en años recientes el número de sismos superiores a los 3 grados. Los epicentros de estos sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección. Debido al deterioro ambiental que provoca, es incompatible con la ganadería, agricultura y turismo. La industria gasífera de Estados Unidos reconoce que 80% de los pozos fracturados no son económicamente viables, debido a tasas de declinación entre 29% y 52% anual que exige seguir invirtiendo mucho dinero para mantener la producción.
México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica como Francia, Bulgaria y numerosos gobiernos alrededor del mundo. Nueva York la prohibió en 2014. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua. La política energética debe alinearse a este precepto; debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, también reconocido por la Constitución.
El Estado debe establecer los cambios legales e institucionales para impulsar el desarrollo de energía renovable que asegure el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. El Estado Mexicano a través del partido Verde muestra complicidad absoluta.