En una República representativa y democrática, la ciudadanía confía en los políticos las decisiones que afectan a la seguridad y calidad de vida de las familias de nuestras comunidades, ciudades y en toda la nación.

Para poder cumplir con la ley y asegurar los derechos que garantiza la Constitución, la ciudadanía le confía a los políticos que nos gobiernan y representan, el poder de decisión, pero también, les confiamos los recursos públicos necesarios para realizar las obras de infraestructura y la prestación de los servicios públicos que ocupamos para nuestra seguridad y bienestar.

Si la ciudadanía confiamos poder y recursos, desde luego que tenemos el derecho político para decidir a quién le damos nuestra confianza a través del voto y delimitamos el poder y el ejercicio del gasto.

Desde hace varias décadas, el electorado le hemos ido perdiendo la confianza a los políticos y a los partidos, incluso al proceso electoral.

La crisis política que se vive, la escasez crónica de líderes o dirigentes confiables tiene sus razones históricas por tanto desengaño y decepción sufrida, las esperanzas frustradas; las promesas incumplidas, y sobre todo, las recurrentes traiciones históricas.

Las preguntas que la ciudadanía y los políticos debemos de responder son: ¿Qué tan extensa y profunda es la desconfianza prevaleciente?; y ¿Cómo vamos a recuperar la confianza en la política y en los políticos?

Basta considerar que la desconfianza se ha extendido al grado de que con mucha frecuencia criticamos la calidad de la educación y de los educadores de nuestros hijos; dudamos de los médicos y pedimos una segunda opinión, e incluso cuestionamos los medicamentos y vacunas; desconfiamos de las policías e incluso de los jueces, y sobre todo de la integridad y capacidad de los legisladores y más recientemente se duda hasta del clero y sus obispos.

En las encuestas que miden el grado de confianza en las instituciones y profesiones, son precisamente los partidos políticos y los legisladores los que se fueron hasta el final de la lista

Los filósofos clásicos consideraban a La Política como algo esencial en la naturaleza humana, en tanto nos permite tomar organizadamente las decisiones grupales y determinar nuestro destino común.

Y vuelvo a la pregunta de, ¿Qué hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía?, regularmente confiamos en las personas responsables de sus actos; en las que cumplen lo que ofrecen; en las que respetan las leyes y las costumbres; en las que son trabajadoras y toman decisiones prudentes que generan beneficios a la población; en quienes usan el poder y los recursos para servir a las comunidades; en quienes hacen un uso eficiente y transparente de los recursos confiados a ellos… etc.

La actual administración azul, al asumir el mandato que el electorado le otorgó en el 2016, decretó públicamente un “Decálogo de Compromisos de los Integrantes del Gabinete”, ahora nos toca a los ciudadanos valorar si han cumplido, o no sus compromisos, a la luz de la información disponible.

El “decálogo” se resume en la siguiente lista: 1.- Evaluación al gabinete y sus principales colaboradores; 2.-Gobierno transparente con rendición de cuentas; 3.- Presentación de la declaración 3 de 3 de los funcionarios de gobierno 4.- No se tolerarán actos de corrupción, ni diezmos ni cuotas en la contratación de bienes y servicios públicos; 5.- Modernizar los procesos administrativos, para eficientar los servicios; 6.- Optimizar los recursos de las dependencias (hacer más con menos); 7.- Búsqueda de fuentes de financiamiento alterna; 8.- Gobierno con sensibilidad para atender a la gente; 9.- Atención puntual a las quejas y denuncias del público usuario; 10.- Gobierno de Tod@s y para Tod@s.

En los hechos, la ciudadanía hemos observado lo que ha sucedido con la mayoría de estos compromisos, ahora nos toca decidir en quien confiar.

Numeralia:

Suma observada con irregularidades al Gasto Federalizado y Fondos Federales asignados al gobierno de Tamaulipas por la Auditoría Superior de la Federación en el 2017 y 2018: $18,897.9 millones de pesos.
Subejercicio del gasto estatal del 2017 al 2019: $12,047.7 millones.
Subejercicio en Obras Públicas, 2017 al 2019: $7,142,188,941

Fuentes:

ASF: Resultados de Fiscalización Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019, Estado de Tamaulipas.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017 a 2020. Secretaría de Finanzas, Portal de Transparencia.

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