Seguimos buscando sin encontrar el crecimiento económico que de acuerdo a las promesas de Peña Nieto debería estar por encima del 5.3% del Producto Interno Bruto, luego de la aprobación de las reformas estructurales.
El fracaso del modelo económico impuesto a México desde el siglo pasado es evidente. El crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto es menor a 2%, en las últimas tres décadas. Los niveles de pobreza aumentaron en los últimos años a pesar de las enormes sumas de dinero destinadas a combatirla, desviadas sabrá Dios, adonde.
Peña Nieto cerrará su sexenio con un desacelerado crecimiento económico que no llegará a 1.3% en 2018, según Bank of America, consecuencia de pagar el precio por conservar estabilidad macroeconómica a través del alza de tasas de interés la cual no logra controlar la inflación. Con tasas altas, inflación alta, el gobierno recortando el gasto, el tropezón de la economía puede ser tan intenso que se corre riesgo de crecer por abajo de 1% en 2018, aunque la esperanza de dinamizar la economía, una vez más, está en el proceso electoral.
Con Peña Nieto se aprobó reformas estructurales a energía; telecomunicaciones y radiodifusión; economía; finanzas; fiscal; laboral; educativa; procedimiento penal; amparo; y política electoral y de transparencia. La promesa de crecimiento económico por arriba del 5% anual del PIB, es promesa, no llegaremos a 2%.
La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2013 fue de 35 mil millones de dólares, en 2016 fue de 27 mil millones, en dos años descendió 31%. La Inversión Fija Bruta, gastos en maquinaria y equipo de origen nacional e importado y de construcción, creció 3% en 2014 y se redujo a 0.4% en 2016; las empresas bajaron su inversión.
El freno a las reformas y del crecimiento económico son corrupción, opacidad, inseguridad y no mejorar la competencia, lo cual provocó caída de 19% anual del Producto Interno Bruto por la desconfianza de los inversionistas. La Organización Internacional del Trabajo destaca que el salario en México continúa perdiendo valor por la inflación sin control. El nivel de riqueza del mexicano se encuentra en niveles que tenía en 1995, retroceso de 22 años.
El riesgo se acrecienta para la economía mexicana con la negociación del Tratado de Libre Comercio y el proceso electoral 2018. Ambos generan incertidumbre entre las personas, las empresas y los inversionistas.
Peña Nieto enfrenta ambos retos casi sin margen de maniobra, con menos ingresos por el Banco de México, menos ingresos petroleros y mayor costo financiero de la deuda por altas tasas de interés. Lo que Hacienda paga por los bonos que emite para captar ingresos, se lleva buena parte del presupuesto anual. La inflación de 8 % pega al salario del trabajador, el cual crece menos que los precios de consumo básico, lo cual resta poder de compra del consumidor y genera desaceleración.
Para complicar la situación, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló, a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personas que bajo el sistema penal previo no alcanzaron libertad, con la nueva resolución tienen acceso a este beneficio. Se puede propiciar un despunte desproporcionado de la criminalidad con miles de reos libres que reincidan a la incidencia delictiva, la cual es de niveles preocupantes en muchas entidades del país.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que algunos de los delitos graves por los cuales los procesados pueden solicitar libertad provisional son, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, extorsión, contrabando y ataques en vías de comunicación. Se trata precisamente de los delitos de moda, todos necesarios para organizar el crimen y resultado directo de la asociación criminal.
Parece que la Suprema Corte convierte realidad una ficción; la liberación de los reos más peligrosos y con mayor rencor hacia Ciudad Gótica y sus ciudadanos por el Guasón, sólo qué, ¿dónde está Batman? Los Magistrados son los servidores públicos guardianes de la sociedad, son los mejor pagados, con pensiones de lujo. A cambio de este trato preferencial, legalizan delitos graves para que el pueblo mexicano continúe bajo el yugo de
la violencia, de manera abierta colaboran con el rostro oculto del crimen organizado que desea gobernar a los mexicanos con el terror, la extorsión, el secuestro, el homicidio.
En México, la inseguridad cuesta al sector privado 6 mil 403 millones de dólares por pérdidas y gastos en sistemas de protección. El Consejo Nacional de Seguridad Privada estima que las empresas mexicanas gastan entre 6 y 8% de sus ingresos en protección y vigilancia como prevención de robo y otro tipo de delito.