El crecimiento acelerado de la población en zonas de riesgo ha provocado que los efectos desastrosos de los fenómenos fluviales y marinos se intensifiquen. En una ocasión, escuché que la forma más efectiva de domar a la naturaleza es obedeciéndola, y Otis nos deja reflexiones significativas al respecto. En esta entrega abundaré acerca de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), con el apoyo de una experta en el tema, Anne Lice Hernández, investigadora del Centro de Estudios en Derecho e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Entendemos por riesgo los daños y pérdidas probables resultado de la interacción de las amenazas frente a la exposición y vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura. La Ley General de Protección Civil (LGPC) define a la GRD como una serie de acciones a realizar por gobierno y sociedad con el fin de identificar, analizar, evaluar, controlar y reducir los riesgos de desastre, a fin de facilitar la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos encaminados a un desarrollo sostenible, a eliminar las causas estructurales de los desastres y a que se construyan sociedades resilientes. Sus etapas son: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
Comenzaremos identificando y conociendo los fenómenos naturales, sus características, su frecuencia e intensidad. En este caso, los ciclones tropicales, que se clasifican por la velocidad de sus vientos en depresión tropical, tormenta tropical y huracanes. A partir de los segundos, los ciclones son “bautizados” con nombres femeninos y masculinos alternados y en orden alfabético, en caso de agotarse las letras, se continua con el alfabeto griego. Los huracanes a su vez se clasifican en 5 categorías, las cuales también están condicionadas por la velocidad de sus vientos, siendo la categoría 5 el huracán más intenso.
México, por sus dos grandes litorales, es destino frecuente de ciclones tropicales, que si bien pueden significar destrucción, también implican un gran beneficio para nuestro país al abastecer los mantos acuíferos con el vital líquido. Sin embargo, todo exceso es peligroso, el Estado de Guerrero, -previo a Otis-, ya contaba con suelos muy saturados por las lluvias torrenciales que dejó la tormenta tropical Max desde el 9 de octubre (razón por la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación una Declaratoria de Emergencia), lo cual, aunado a las altas temperaturas del mar que aceleraron la intensidad de Otis transformándolo de tormenta tropical a huracán categoría 5 en muy pocas horas, colocaron al Estado en una situación muy vulnerable no sólo por la cantidad de agua que podría dejar, sino por la intensa velocidad de sus vientos.
A diferencia de otros fenómenos naturales como los sismos, los ciclones tropicales permiten dar un seguimiento y monitoreo de sus trayectorias desde que nacen hasta que desaparecen a través del Servicio Meteorológico Nacional. Adicionalmente, México cuenta con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), que vigila y advierte sobre su evolución.
Al momento de la formación de Otis como tormenta tropical (22 de octubre), los modelos de pronósticos no consideraban su evolución a un huracán categoría 5, sino de una tormenta tropical o huracán categoría 1, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, lo cual ya ameritaba por la exposición y las vulnerabilidades físicas y sociales de Guerrero conforme a los protocolos del sistema de alerta en su fase de alertamiento “naranja” (previo al impacto) implementar una serie de acciones a las autoridades como: notificar la situación a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en los tres órdenes de gobierno; instalar en sesión permanente los Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil; la puesta en operación y abastecimiento de los refugios temporales; evacuación de las zonas de riesgo; despliegue táctico del personal y recursos materiales de las instancias participantes de los ámbitos federal, estatal y municipal; inicio de acciones de las instancias encargadas de la seguridad pública; alertamiento por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el fenómeno específico y el inminente impacto; resguardo de los recursos materiales que serán utilizados para la rehabilitación de los sistemas afectados; ejecución de programas para garantizar el abasto de agua potable, alimentos, combustibles y energía eléctrica; así como la suspensión de actividades escolares en zonas de riesgo. Asimismo, se esperaba de la población las siguientes acciones: evacuar zonas y construcciones de riesgo, atender instrucciones de las autoridades, suspender actividades de navegación marítima, suspender actividades recreativas marítimas y costeras y permanecer en resguardo. Entendemos que hubo la advertencia oficial, sin embargo, el huracán evolucionó inesperadamente rápido a categoría 5, lo cual causó más daños y destrucción de lo previsto.
La fuerza de la naturaleza puede manifestarse de manera muy violenta, y existen casos de países que aun contando con el conocimiento, recursos y tecnología más avanzados sufren desastres. Sin embargo, es posible convivir con el riesgo siempre y cuando se fortalezcan políticas públicas de prevención para salvaguardar la vida e integridad de las personas y se generen esquemas de aseguramiento a la infraestructura pública y privada a fin de mitigar los efectos de un fenómeno natural. Adicionalmente, el desastre no solo es atribuible al momento del impacto del ciclón, sino también a la construcción de condiciones de vulnerabilidad y fragilidad a lo largo de décadas, de mala planeación urbana, de pobreza, marginación social, corrupción, falta de reglamentos de construcción actualizados o sin supervisión en su aplicación. Como he escrito en mis artículos anteriores, ahora tenemos la ocasión y obligación de reconstruir Acapulco de manera ordenada, incluyente y considerando este tipo de fenómenos naturales que, al parecer, serán más frecuentes.
Así, en cuanto a las etapas de la GRD de auxilio y recuperación, podemos señalar que los sismos de 1985 fueron el detonante para que en México naciera el SINAPROC, sistema articulado en un marco de gobernanza entre gobierno y sociedad que bajo una perspectiva de gestión de riesgos funciona de manera subsidiaria en sus diferentes etapas.
En estas etapas, las de auxilio y recuperación, el Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil se constituye como un órgano estratégico para la coordinación de la emergencia. Está conformado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que de acuerdo con sus atribuciones tienen la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales al SINAPROC. Este Comité analiza la situación a fin de evaluar el alcance del impacto y formula las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno; determina las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello; provee de los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción; vigila el cumplimiento de las acciones acordadas y da seguimiento a la situación de emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada, y emite boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general (artículo 34 LGPC). En el escenario de Otis, el Gobierno Federal asignó la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación, que desde luego forman parte de SINAPROC.
A consecuencia de Otis se emitió una declaratoria de emergencia sólo a dos municipios, Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, aunque habría que decir que el meteoro impactó a casi todo el Estado tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad antes señaladas.
Por otra parte, y respecto a la etapa de reconstrucción, en México se cuenta con la Declaratoria de Desastre Natural, acto mediante el cual se reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efecto de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales, y proveer los recursos para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, y en el caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias conducentes.
Se prevé que la reconstrucción necesaria para Acapulco será la mayor en México con un monto aproximado de 270 mil millones de pesos (según estimaciones de las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s), y que Otis se encuentra ya entre los 10 eventos más costosos para las aseguradoras. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) registra 12 mil 35 siniestros en el estado de Guerrero (a pesar de lo baja que es su tasa de aseguramiento), entre pólizas de daños y autos, en donde el monto cuantificado equivale al 15% de todo el presupuesto que tuvo el Estado durante este año.
Un desastre violenta todos los aspectos cotidianos de la vida de la población. Por ejemplo, la educación de los niños y jóvenes sufrió un grave golpe ya que 1,224 planteles educativos resultaron dañados, 445 con daños mayores. Aún hace falta una evaluación, por parte de expertos que habrán de reportar a las autoridades correspondientes, de las afectaciones en cada sector (vivienda, salud, infraestructura, etc.). El Presidente López Obrador ha mencionado que la disposición de recursos para llevar a cabo la mayor reconstrucción en la historia de México, así calificada para diversos expertos, será “ilimitada”, lo cual celebro y confío en que el ejercicio de dichos recursos se haga con transparencia, inclusión y equidad ya que Guerrero tiene una población de más de tres millones y medio de habitantes de la cual más de la mitad son mujeres; su población hablante de lengua indígena es casi de medio millón de personas y casi 3 millones de personas son derechohabientes de algún servicio de salud. Es decir, esta coyuntura nos brinda la oportunidad para contribuir al cierre de la brecha de género, de pobreza y de desigualdad que han prevalecido en el Estado de Guerrero, confío en que las autoridades harán todo lo posible por recuperar un Estado que forma parte de la identidad de nuestra nación.
La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; ex Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Guerrero