Las cifras del secretariado Nacional de Seguridad Pública reflejan la gravedad de la inseguridad. En los ámbitos de derechos humanos y la justicia, se dieron cambios que otorgan al gobierno federal instrumentos de control político sobre instituciones autónomas con el pretexto de mejorar la lucha contra el crimen organizado, Lo único que obtenemos los mexicanos es un gobierno centralizador de poder (absolutista)
Entre enero y octubre se registra 29 mil 574 muertos, López supera este mes los 30 mil muertos desde su gestión. Para quien prometió resultados en los primeros cien días de su gobierno, son resultados que impiden revertir la percepción social de que vivimos al borde de un Estado fallido o fuera de control en términos de seguridad. Se han disparado (mil 392 denunciados), extorsiones (7, 358 denunciadas), robos y feminicidios.
De una instancia de gobierno se habla claramente de narcoterrorismo. Si se acepta la definición del gobernador, García Cabeza de Vaca, de que en su estado y más concretamente en Nuevo Laredo se ejerce narcoterrorismo por grupos del crimen organizado, se debe aceptar también que se requiere un combate firme contra esas organizaciones, uno militar de participación internacional.
Estados Unidos está en condiciones de actuar en otros países para acabar con amenazas terroristas. Nuevo Laredo, es el principal puerto terrestre de entrada y salida de productos con Estados Unidos, con todo lo que implica. En la definición de narcoterrorismo se basó la intervención estadunidense en el Plan Colombia. Los tamaulipecos deseamos erradicar ese cáncer, López se niega, así que los diputados locales están en una encrucijada al imponer seguridad, respeto a la soberanía de los municipios y la estatal, acuerdos federales por pertenecer a los Estados Unidos Mexicanos, pero mientras alguien convence a López de su error, en Tamaulipas el narcoterrorismo se impone con la complacencia de López, así que toca al Poder Legislativo Estatal, actuar en defensa de los tamaulipecos.
El gobierno federal sitúa estos números en determinados estados y municipios, mientras que la mayor parte del país está en calma. Lo cierto es que es imposible debatir ante la realidad tan contundente de violencia que somete día a día a México.
Mientras, el gobierno federal se queda con instancias clave para la administración de justicia. El caso de la CNDH es clave. La designación de Rosario Piedra, es un capricho más costoso. La señora Piedra no logró la mayoría calificada que requería con la presencia de 116 senadores, de 77 votos, en la sesión, el quórum era de 118 senadores, lo que elevaba la cifra a 79 voto y ella sólo tuvo 76. El INE confirmó que mintió al Senado al decir que no militaba en Morena, cuando está registrada en octubre pasado, como consejera nacional de ese partido.
Además, el gobierno federal obtiene el control del Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar con los nombramientos de Loretta Ortiz y Eva de Gyvés, más Bernardo Bátiz, todos personajes cercanos a Morena y a López, lo que le da el control del órgano rector del Poder Judicial. La elección de las consejeras, parte de López, habían sido propuestas por él sin lograr ser ministras de la Suprema Corte, consolidan el control del gobierno o de sus personajes centrales sobre un Consejo de la Judicatura clave para la reforma judicial que quiere emprender el ministro Zaldívar.