Rumbo a las elecciones de 2027, Movimiento Ciudadano enfrenta en Tamaulipas un desafío que va más allá de seleccionar candidatos: fortalecer su estructura territorial, consolidar sus cuadros políticos y recuperar el trabajo que se descuidó durante los últimos años.
Y aquí surge un cuestionamiento sobre el papel que ha desempeñado Roberto Lee como coordinador estatal del partido naranja.
Desde la opinión de esta columna, Roberto ha concentrado buena parte de sus esfuerzos políticos en Matamoros, donde tiene sus propias aspiraciones. Sus recorridos y actividades en ese municipio son públicos ,cada vez con mas frecuencia .
Pero una cosa es construir un proyecto político personal y otra muy distinta asumir la responsabilidad de dirigir un partido en los 43 municipios de Tamaulipas.
La pregunta es si Roberto logró encontrar un equilibrio entre ambas responsabilidades.
Porque mientras Matamoros ha recibido buena parte de su atención, queda por analizar qué ocurrió con la organización de Movimiento Ciudadano en el resto del estado, particularmente en Ciudad Victoria, donde existe un antecedente electoral que no debería pasar inadvertido.
En las elecciones de 2024, Luis Torre Aliyán consiguió casi 22 mil votos, equivalentes al 13.58 por ciento de los sufragios registrados. Y no fue una contienda cualquiera: enfrente tenía al alcalde Eduardo Gattás, quien buscaba la reelección, y a Óscar Almaraz,(QEPD) expresidente municipal con una importante trayectoria y arraigo político en la capital tamaulipeca.
En ese escenario, la votación obtenida por Torre Aliyán constituye un antecedente relevante para analizar la presencia de Movimiento Ciudadano en Victoria, especialmente si consideramos las limitaciones de estructura territorial que enfrentaba el partido.
Sin embargo, aquí viene la pregunta que debería interesar a su dirigencia: ¿qué se hizo durante los dos años siguientes para conservar aquel respaldo ciudadano?
Porque conseguir casi 22 mil votos durante una campaña es una cosa, pero mantener el contacto con esos ciudadanos, organizarse y dar continuidad al proyecto político es otra muy distinta.
Y es precisamente ahí donde se puede considerar que Movimiento Ciudadano tiene trabajo pendiente.
GUSTAVO CÁRDENAS, ¿A RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO?
En medio de este escenario aparece Gustavo Cárdenas, un viejo lobo de la política tamaulipeca, con experiencia en campañas electorales, conocimiento del territorio y una larga trayectoria en distintos cargos públicos.
Su incorporación como delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, mientras Roberto Lee permanece formalmente como coordinador estatal, abre una interrogante: ¿llegó Gustavo para reforzar el trabajo de la dirigencia o para recomponer parte del camino que pudo haberse descuidado?
Lo cierto es que ambos ya participan conjuntamente en las actividades del partido. El pasado 4 de septiembre encabezaron la entrega de la documentación con la que Movimiento Ciudadano formalizó su intención de participar en el proceso electoral de 2027.
La diferencia entre ambos está en sus respectivas trayectorias políticas. Gustavo cuenta con una amplia experiencia electoral y conoce la importancia de construir estructuras que no desaparezcan al terminar una campaña,mientras que a Roberto parere que le esta quedando grande su primera incursión a nivel estatal.
Pero los nombramientos, por sí solos, no resuelven los problemas de organización.
Habrá que observar qué responsabilidades asume cada uno y, sobre todo, si la nueva etapa de Movimiento Ciudadano se traduce en mayor presencia en aquellos municipios donde el partido ya consiguió respaldo ciudadano.
Ciudad Victoria será uno de los casos que merecerán atención.
LOS CUADROS DE MC PARA CIUDAD VICTORIA
En la capital tamaulipeca, Movimiento Ciudadano cuenta con tres perfiles que podrían formar parte de sus proyectos electorales para 2027: Daniel Pérez, Melissa Mireles y Luis Torre .
Uno de los nombres que se mencionan para una eventual candidatura a la presidencia municipal es el del regidor Daniel Pérez.
Joven empresario, Daniel ha venido desarrollando actividades en distintas colonias de Ciudad Victoria, buscando establecer contacto con los ciudadanos y promover propuestas relacionadas con las necesidades de la capital.
Su eventual participación como candidato dependerá de las decisiones internas del partido, pero su presencia en el Cabildo le ha permitido mantenerse activo en la política municipal.
Tampoco podemos dejar de mencionar a Melissa Mireles.
La regidora se ha caracterizado por mantener una postura crítica y valiente frente a distintas decisiones del gobierno municipal, señalando lo que, desde su manera de ver la cosas , considera errores o deficiencias de la administración.
Su trabajo político también incluye actividades de gestión y apoyo ciudadano en diferentes sectores de Victoria.
Esa combinación de participación en el Cabildo, cuestionamientos al gobierno municipal y contacto con los ciudadanos la convierte en otro de los perfiles que deberán considerarse al analizar las posibilidades de Movimiento Ciudadano.
Además, las disposiciones de paridad de género serán un factor importante al momento de integrar las candidaturas.
Y, por supuesto, está Luis Torre Aliyán.
El antecedente de los casi 22 mil votos que obtuvo en 2024 forma parte de su trayectoria electoral y podría ser tomado en cuenta si el partido analiza la posibilidad de postularlo a una diputación local.
De esta manera, Movimiento Ciudadano cuenta con distintos perfiles para integrar sus candidaturas en Ciudad Victoria.
Sin embargo, todavía no existe una definición formal sobre quién encabezará cada proyecto. Gustavo Cárdenas ha explicado que la selección de candidatos se realizará mediante un procedimiento de designación de la dirección nacional, en coordinación con la dirigencia estatal.
Por eso, más allá de los nombres, el verdadero asunto será conocer qué trabajo territorial respalda a cada uno de estos perfiles y cómo se organizará el partido durante los meses previos a la elección.
AMÉRICO, ¿HACIENDO LA TAREA DE SUS OPERADORES?
La semana pasada analizamos la decisión de Américo Villarreal Anaya de recorrer prácticamente todo Tamaulipas para acompañar a los alcaldes en sus informes y planteamos una interrogante: ¿estaba el gobernador tratando de suplir fallas de operación y coordinación de algunos integrantes de su propio equipo?
Una frase pronunciada durante el informe de Eduardo Gattás en Ciudad Victoria reforzó aquella reflexión. Frente a buena parte de su gabinete, Américo señaló:
“Me da mucho gusto ver ahora muchos integrantes de nuestro gabinete, que los extrañamos en algunos de los otros municipios distantes y rurales”.
La expresión fue reveladora. Mientras el gobernador recorrió municipios grandes, pequeños y comunidades alejadas, él mismo hizo notar públicamente la ausencia de algunos de sus colaboradores.
Y ahí está el punto que retomamos esta semana.
Un gobernador cuenta con secretarios, subsecretarios, directores y operadores territoriales precisamente para que la acción de gobierno llegue a todos los rincones del estado. Si el propio mandatario tiene que recorrer el territorio para encontrarse con realidades que su estructura debería conocer y atender, entonces hay algo en la operación que merece revisarse.
Américo recorrió Tamaulipas y, de paso, parece haber descubierto quiénes de los suyos también lo estaban recorriendo… y quiénes no.
Y de ahí pasamos a otro de los temas que vale la pena analizar: Bienestar Social
SEBIEN debería ser uno de los principales brazos sociales de cualquier gobierno. Es precisamente desde ahí donde programas y apoyos deben llegar a quienes más los necesitan.
Si existe una dependencia obligada a permanecer en territorio, es ésta.
Durante los últimos meses, la Secretaría de Bienestar Social experimentó cambios importantes en su estructura operativa, lo que abre la interrogante de si estos movimientos afectaron su funcionamiento y, principalmente, su capacidad para llevar los programas y apoyos sociales a quienes más los necesitan.
Porque más allá de los nombres y los cambios de funcionarios, lo verdaderamente importante es preguntarnos si estos ajustes provocaron una falta de continuidad, coordinación y supervisión territorial que pudo debilitar la principal función de SEBIEN: ser el vínculo directo entre el Gobierno del Estado y los sectores más vulnerables de Tamaulipas.
Es decir, hubo necesidad de mover piezas.
Pero existe además un asunto mucho más delicado.
En El Mercurio tuvimos conocimiento de una denuncia formal presentada ante la Fiscalía de Tamaulipas contra un gestor social vinculado a la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), a quien se acusa de presuntos actos de fraude y otras irregularidades.
Un asunto que, por su naturaleza, puede generar mucho ruido y afectar la imagen del Gobierno del Estado, particularmente porque involucra a una dependencia cuya principal responsabilidad es atender a los sectores más vulnerables de la población.
Corresponderá a las autoridades investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades, pero el impacto político y el riesgo de desgaste para la imagen del gobierno constituyen otro aspecto que merece atención.
¿Qué estaba pasando hacia abajo en la operación de SEBIEN?
Porque si la secretaria Silvia Casas no tenía conocimiento de presuntas irregularidades cometidas por personal relacionado con la operación territorial, habría que revisar si los mecanismos de supervisión estaban funcionando correctamente.
Y si funcionarios de niveles inferiores ,como el caso de un subsecretario Najera tenía conocimiento de esos señalamientos, entonces habría que preguntar qué hicieron para investigarlos o detenerlos.
Porque estamos hablando de una dependencia que debería representar exactamente lo contrario: honestidad, sensibilidad y cercanía con quienes más necesitan del gobierno.
Y aquí es donde todas las piezas comienzan a juntarse.
Un gobernador recorriendo prácticamente todo Tamaulipas, diciéndoles públicamente a sus colaboradores que los había extrañado en municipios distantes y rurales.
Cambios dentro de una dependencia fundamental para la operación social.
Y una denuncia contra un gestor vinculado precisamente a esa estructura.
Ninguno de estos elementos, por sí solo, demuestra que exista una falla generalizada en el Gobierno del Estado.
Pero juntos sí permiten formular una pregunta política válida:
¿Américo Villarreal tuvo que salir personalmente a territorio porque algunos de sus operadores no estaban haciendo completamente la tarea?
De ser así, sería preocupante, porque pondría en evidencia posibles fallas en la operación y coordinación de su propio gobierno. Más delicado aún resulta que existan denuncias por presuntos actos de corrupción contra personal vinculado a SEBIEN, una dependencia que debería ser ejemplo de honestidad y transparencia, por tener bajo su responsabilidad la entrega de apoyos y recursos a los sectores más necesitados.
Quizá esa sea la principal enseñanza que dejó esta gira: el gobernador no tendría por qué hacer el trabajo de sus colaboradores, sino exigirles que cumplan con su responsabilidad. Porque, si para que el gobierno llegue a la gente tiene que hacerlo personalmente Américo, entonces el problema podría no estar en los municipios, sino dentro de su propio equipo.
Porque cuando el gobernador tiene que llegar personalmente a donde sus colaboradores no llegan, el problema ya no está solamente en el territorio.
Está dentro del propio gobierno.
LOS ALIADOS QUE MORENA NO QUIERE PERDER
Las declaraciones de los diputados federales, Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué , de MORENA y del Partido Verde respectivamente, parecen tener un punto de encuentro: rumbo a 2027, Morena quiere conservar al Partido del Trabajo y al Verde como aliados.
Y la explicación puede estar en los números.
En la elección presidencial de 2024, Morena obtuvo por sí mismo 27 millones 364 mil 649 votos; el Verde sumó 4 millones 677 mil 57 y el PT, 3 millones 882 mil 813. Claudia Sheinbaum, como candidata de los tres partidos, alcanzó 35 millones 924 mil 519 sufragios.
Es decir, PT y Verde representaron juntos más de ocho millones y medio de votos registrados bajo sus respectivos emblemas.
Por supuesto, una elección presidencial no puede trasladarse automáticamente a una elección intermedia ni, mucho menos, a 17 elecciones estatales distintas. Pero esos números ayudan a entender por qué la discusión sobre la alianza ha cobrado tanta importancia.
Ricardo Monreal rechazó la advertencia petista de que una ruptura pudiera hacer perder a Morena hasta 12 gubernaturas. Sin embargo, al mismo tiempo ha insistido en la conveniencia de conservar la alianza rumbo a 2027.
Desde el Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué también defendió la unidad y sostuvo que cuando Morena, PVEM y PT caminan juntos conforman una coalición prácticamente invencible.
Entonces surge una pregunta inevitable:
Si los votos del PT y del Verde fueran prescindibles, ¿por qué existe tanto interés en conservarlos dentro de la alianza?
Las condiciones políticas tampoco son exactamente las mismas que en 2018, 2021 o incluso 2024.
Morena llega a 2027 después de varios años ejerciendo el poder federal y gobernando buena parte del país. A ello se agregan las diferencias internas que ya hemos comentado en este espacio, las disputas por candidaturas y las tensiones que han surgido con sus propios aliados.
También está el frente internacional. Las presiones y señalamientos provenientes de Estados Unidos hacia México y particularmente las controversias relacionadas con seguridad, narcotráfico y funcionarios públicos han incorporado otro elemento al escenario político.
Nada de esto significa, por sí mismo, que Morena vaya a perder determinada elección. Eso lo decidirán los ciudadanos en las urnas y cada estado tendrá circunstancias diferentes.
Pero sí permite entender algo: cada voto que puedan aportar PT y Verde puede adquirir un valor mucho mayor en una elección cerrada.
En 2024 existía todavía una fuerte influencia política del movimiento construido por Andrés Manuel López Obrador. Para 2027, Morena enfrentará por primera vez una elección federal intermedia bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum y con una realidad política distinta.
Por eso quizá el verdadero mensaje detrás de las declaraciones de Monreal y Bolaños no esté solamente en sus palabras sobre la fortaleza de la coalición.
Está en el esfuerzo por evitar que se rompa.
Porque cuando un partido considera innecesario a un aliado, normalmente puede darse el lujo de dejarlo ir.
Cuando busca mantenerlo sentado en la mesa, es porque sus votos todavía cuentan.
Y rumbo a 2027, podrían contar mucho.
¿ADIÓS A LOS MEMES?
Hace algunos años mi padre, José Villarreal Caballero, me contó una anécdota que hoy, ante la discusión que se está dando en México, vuelve a tener sentido.
En años anteriores ,durante varios días, desde las páginas de El Mercurio se había estando señalando errores y desaciertos del Gobierno del Estado. Hasta que un día Don José recibió la llamada del gobernador.
—Oye, Pepe, ¿por qué si somos amigos me estás golpeando?
Mi padre le respondió:
—No, gobernador, no malinterpretes. No te estoy golpeando. Solamente te estoy enseñando y señalando los errores que tú, desde adentro, no puedes ver. Y muchas veces, la única manera de que tu gente preste atención o de que tú te enteres es que yo te lo señale públicamente. El gobernador entendió que la intención real de mi padre era ayudar a corregir errores y coadyuvar al gobierno a ser mejor.
Han pasado muchos años desde aquella conversación, pero el principio sigue vigente.
La diferencia es que antes esa función prácticamente estaba concentrada en los periódicos, la radio y la televisión.
Hoy cualquier ciudadano puede hacerlo desde un teléfono celular.
Una fotografía, un video, una publicación, una caricatura y, por supuesto, un meme pueden exhibir en cuestión de minutos aquello que un gobierno está haciendo mal.
Y es precisamente ahí donde debemos poner atención.
Morena y sus aliados han impulsado modificaciones legales que han generado una discusión sobre sus posibles alcances frente a la libertad de expresión y la sátira en redes sociales.
Sus promotores aseguran que el objetivo no es perseguir memes ni encarcelar ciudadanos por hacer una parodia, sino combatir conductas ilícitas y evitar que se utilicen elementos oficiales para engañar o cometer fraudes.
Pero el debate de fondo va mucho más allá.
¿Dónde termina la regulación y dónde puede comenzar la censura?
Porque una cosa es utilizar la imagen de una institución para engañar a una persona y obtener un beneficio ilícito.
Y otra muy diferente es utilizar esa misma imagen para cuestionar, caricaturizar o burlarse del gobierno.
Ahí está la frontera que una ley debe dejar perfectamente clara.
Porque la sátira política no nació con las redes sociales.
Durante décadas estuvo en las caricaturas de los periódicos. Hoy simplemente cambió de plataforma y de nombre.
Ahora le llamamos meme.
Y muchas veces detrás de ese meme existe algo más que una simple ocurrencia.
Puede estar la calle destruida que nadie arregla, la obra inconclusa, el funcionario que no cumple, el servicio público deficiente, la promesa olvidada o simplemente un ciudadano inconforme con una decisión de gobierno.
Claro que las redes sociales también pueden utilizarse para desinformar, difamar, engañar o cometer delitos.
Pero una cosa es perseguir al delincuente y otra muy diferente sería terminar inhibiendo al crítico.
Y cuando una legislación toca terrenos relacionados con la expresión ciudadana, no basta con decir que esa no es la intención.
La ley debe ser suficientemente clara para que no dependa mañana de quién la interprete o de quién se sienta ofendido por una publicación.
Porque también existe otra forma de censura.
La que ocurre cuando el ciudadano decide no publicar algo por miedo a las consecuencias.
Cuando antes de compartir una caricatura, una crítica o un meme se pregunta:
“¿Y si por esto me meto en problemas?”
En ese momento aparece algo todavía más preocupante: la autocensura.
Y regreso entonces a aquella conversación de mi padre con el gobernador.
Quien gobierna está rodeado de secretarios, subsecretarios, directores, asesores y colaboradores.
¿Cuántos de ellos están dispuestos a decirle al Presidente, al gobernador o al alcalde que está equivocado?
Muchas veces tiene que ser alguien desde afuera quien lo haga.
Antes podía ser un periódico,después la radio o la televisión.
Hoy puede ser cualquier ciudadano.
Incluso puede ser un meme.
La crítica incomoda.
Siempre ha incomodado.
Pero precisamente una de las diferencias entre gobernar y solamente querer recibir aplausos está en la capacidad para escuchar también aquello que no gusta.
Por eso cualquier reforma que pueda tener consecuencias sobre la expresión ciudadana merece ser discutida y delimitada con absoluta claridad.
Que se persiga el fraude o el desvio de recursos, de esos ejemplos que por desgracia abundan en los gobiernos de cualquier índole.
Que se sancione a quien verdaderamente cometa un delito.
Pero que nunca se abra una puerta para que criticar, cuestionar, caricaturizar o satirizar al poder pueda convertirse en motivo de persecución.
Al final, los ciudadanos tendrán también la oportunidad de valorar las decisiones que toman sus representantes y la forma en que cada fuerza política responde frente a la crítica.
Porque aquella frase que mi padre le dijo hace muchos años a un gobernador conserva toda su vigencia:
Señalar un error no necesariamente significa golpear a un gobierno.
A veces significa mostrarle aquello que, desde adentro, no alcanza a ver.
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