El Seguro Popular otorgó a la mitad de los mexicanos desamparada, el derecho a la salud, les dio categoría de derechohabientes, les sacó de la mendicidad en oficinas públicas y de las garras de partidos políticos. Les sacó de la exclusión al dar acceso a atención médica especializada que cuesta cientos de miles de pesos. Claro que hubo desvíos en el Seguro Popular. No es sin causa y evidencia, que una docena de gobernadores y exgobernadores, aquellos en la fotografía famosa con Peña Nieto, estén en la cárcel o bajo proceso penal por delitos cometidos durante el ejercicio de la administración que encabezaron con relación a fondos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que en 2018 hubo irregularidades por 892 millones de pesos por el Seguro Popular, que los estados debieron aclarar. Hay corrupción en todo México, en la ciudad de México, antes, cuando López fue Regente, mostrándose rodeado de corruptos, y también actualmente, ¿no es así, López?
En el Seguro Popular y en el IMSS hay que revisar pagos a proveedores. Los costos de adquisición de insumos en las entidades federativas a precios muy por encima del mercado, desde la Ciudad de México se pagaban sin poner reparo, y por favor López, nada de borrón y cuenta nueva, eso es complicidad o brindar impunidad para quienes debieran estar en la cárcel. El Seguro Popular y el IMSS ameritan una limpia, meter a la cárcel a los corruptos, no otorgarles perdón por orden imperial.
IMSS y Seguro Popular son opción real de atención médica, que la corrupción de la alta y media burocracia enviaron a la basura, no el desempeño laboral. Ahora, sin el Seguro Popular, y el IMSS acotado en su capacidad operativa, prácticamente en todo el país el caos se adueñó de la salud, incluso en Monterrey, punto fuerte para el IMSS, la pobreza del Instituto y por tanto la falta de atención oportuna y resolutiva, campea en sus hospitales generales de zona. Los hospitales e institutos nacionales, de tercer nivel de atención, están sin recursos, entre la espada y la pared; sin atender el mandato constitucional de derecho a la salud. La falta de recursos para hacerlo y la falta de reglas de operación claras que definan su actuación y la del Sector Salud en general son una destrucción clara de este Sector.
Los gobernadores panistas enfrentaron al Insabi, consideran que no hay certeza para implementarlo, no hay protocolos, no hay reglas, no hay presupuesto. López busca manejar a capricho el gasto en salud y en todo sector público, aduciendo corrupción, desvíos y robo, sin embargo, López adjudica el 80% de las obras sin licitación, ejemplo de la corrupción de gobiernos anteriores y por supuesto de López, clarísimo está. Poderoso Caballero es don Dinero, López está a sus pies y Rosario Robles está de… huésped en la cárcel.
89% del recurso del Seguro Popular iba a los estados. Con ese presupuesto, los estados daban el primer nivel de asistencia médica y hospitalizaciones de segundo nivel, con conocimiento preciso del presupuesto y alcance a ejercer. El gobierno federal aportaba dos vertientes financieras más, costos de alta especialidad, VIH o cáncer, y el Fondo para Gastos Catastróficos.
De ese Fondo para Gastos Catastróficos de 80 mil millones de pesos, se dice que 40 mil millones volverán a ser utilizados para la salud, ¿y la otra mitad? Insabi que nació sin mecanismos financieros ni red de protección en servicios de salud.