El pasado 1 de junio México vivió un episodio que pasará a la historia no como un ejercicio de democracia avanzada, sino como una preocupante simulación: la primera elección directa de integrantes del Poder Judicial, un proceso que, lejos de fortalecer nuestra vida institucional, amenaza con debilitar los cimientos del Estado de Derecho.

La idea, en el discurso oficial, era “acercar el Poder Judicial al pueblo”, permitir que los ciudadanos eligieran a sus jueces y magistrados. En los hechos, lo que observamos fue una elección marcada por la falta de información, la manipulación política y una participación ciudadana alarmantemente baja.

Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas entre el 12.6% y el 13.3% de los ciudadanos acudieron a las urnas, lo que significa que sólo alrededor de 13 millones de los casi 100 millones de electores participaron. Más grave aún: el 54.2% de los votos emitidos fueron nulos, reflejando el desconcierto y el rechazo de buena parte de los votantes frente a un proceso confuso y politizado.

Este desinterés masivo no es casual. Los ciudadanos no contaban con información suficiente para evaluar los perfiles de los candidatos, la mayoría de los cuales no eran conocidos por la población. Muchos de los aspirantes independientes —profesionales del derecho, académicos, expertos con años de experiencia— participaron con la esperanza de que este fuera un ejercicio democrático auténtico. Sin embargo, fueron rápidamente desplazados por candidatos respaldados por el poder en turno, quienes contaron con amplias campañas mediáticas y hasta “guías de voto” claramente orientadas, circuladas abiertamente por operadores políticos vinculados a Morena.

Lo sucedido no puede entenderse como un simple error logístico, es parte de un proyecto mayor: capturar al Poder Judicial y convertirlo en una extensión del Poder Ejecutivo. Hoy, Morena ya tiene bajo su control al Congreso, buena parte de los gobiernos estatales, y ahora busca someter al último contrapeso real de nuestro sistema republicano: la justicia.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, en un informe contundente, calificó este proceso como “extremadamente complejo” y lleno de incertidumbre, desaconsejando replicar este mecanismo sin profundas reformas de fondo.

Más allá de los tecnicismos, la realidad es evidente: México corre el riesgo de entrar a una etapa peligrosa de concentración absoluta del poder. Cuando el Ejecutivo controla al Legislativo y somete al Judicial, el país abandona el equilibrio de poderes que garantiza las libertades, la justicia imparcial y la defensa de los derechos fundamentales.

Soy una convencida de que la independencia judicial no se conquista a través de elecciones populares improvisadas ni mediante propaganda. Se construye con procesos de selección técnicos, basados en el mérito profesional, la trayectoria ética y la transparencia absoluta.

El Poder Judicial es la última línea de defensa de los ciudadanos frente al abuso del poder. Si lo convertimos en un instrumento más del gobierno, habremos renunciado como sociedad a la defensa de nuestras libertades.