Analizando algunos antecedentes sobre el desempeño gubernamental en el pasado reciente de nuestro país, es lamentable observar que durante décadas, se dejó de actualizar el diseño de políticas públicas que se fueran ajustando al crecimiento y desarrollo de la nación, dejándose con ello abandonada la atención de las problemáticas sociales.

Tampoco hubo avances democráticos ni equilibrios en los poderes, donde visiblemente se concentraba todo en el ejecutivo, teniendo a un Primer Mandatario con una gran influencia sobre el legislativo, así como en el judicial, siendo su papel real el de un administrador de los intereses económicos de un grupo de particulares, sin importar las necesidades de los ciudadanos.

Utilizaron métodos que agraviaron a la sociedad donde quienes gobernaban lo hacían desde de una esfera inalcanzable e inaccesible para el pueblo.

Las necesidades y la exigencia social fueron aumentando por las evidentes arbitrariedades a las que se sumaron actos de injusticia y de violación a los derechos humanos; situación que hizo necesaria y urgente la creación de organismos que no cumplieron con el mandato que les fue encomendado, que únicamente simularon procedimientos en donde no hubo solución a las denuncias interpuestas y que lamentablemente dieron como resultado el engroso de los presupuestos federales.

El anterior sistema cayó en crisis derivado de su incapacidad para enfrentar la presión provocada por su distanciamiento social en el ejercicio del poder público.

Algunos intelectuales han expresado su oposición a la forma en la que hoy se conduce al país y en defensa de políticas del pasado, interpretándose claramente que el pluralismo político al que invocan fue precisamente el de la simulación y la ineficacia con la que actuaron los anteriores gobiernos y que por muchos años impidieron los verdaderos avances democráticos.

Esas voces, extrañan y buscan regresar al formato de gobierno neoliberal que solamente benefició a unos cuantos, pero que demostró un daño terrible y profundos desequilibrios sociales.

Aquellas acciones que fueron en detrimento de nuestra república, hoy son parte de la triste historia de la época moderna de nuestro país, que contrastan con la nueva realidad política ejercida por el gobierno de la Cuarta Transformación.

La auténtica democracia es aquella donde se respeta la voluntad del pueblo, y en 2018, con la llegada del nuevo régimen de gobierno, respaldado por poco más de 30 millones de mexicanos quienes votamos por un cambio verdadero que hoy encabeza el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, se trabaja para erradicar las viejas prácticas de corrupción e impunidad que vivió el pueblo de México.

Esta administración federal consideró conveniente cambiar el aparato burocrático, ya que el anterior, por sus políticas erróneas a lo largo de 30 años dejó en el abandono y sin protección a los mexicanos.

Ahora tenemos un gobierno federal austero y transparente que combate la corrupción, que rehabilita las seis refinerías del país; que ejecuta un programa de pensiones para 8 millones de adultos mayores y 744 mil niñas y niños con discapacidad; que por primera vez y después de 36 años sin cambio, con la participación de los sectores obrero y empresarial logra el aumento al salario mínimo en un 20 por ciento; que crea el Instituto de Salud para el Bienestar garantizando la atención gratuita de servicios de salud y medicamentos a personas sin seguridad social; que respeta la independencia y autonomías de los poderes; que implementa como nunca antes se había hecho, una estrategia nacional de protección integral para las mujeres y las niñas que sufren violencias; que brinda apoyos directos a la gente sin intermediarios, entre incontables acciones en beneficio de nuestro pueblo.
Esta es la primera vez que en México, un gobierno federal lucha contra la desigualdad económica y social y se preocupa por los de abajo, los pobres, los más desprotegidos, generando bienestar para todos.

Este modelo debería ser tomado por todos los órdenes de gobierno, como parte de la coordinación con la federación, trabajando por un objetivo en común y pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos.

Como lo explica Carlos Iván Islas Aguirre, en su artículo titulado “que es y para qué sirve el federalismo en México”, publicado en la revista “Pluralidad y Consenso”, del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la Republica, donde expone que “se debe hacer valer el diseño federal que se encuentra estructurado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sin duda alguna, la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno es una pieza clave para lograr beneficios en común, asimismo, el respeto al sistema federal con base en la autonomía de sus gobiernos y leyes, el orden en la distribución de competencias entre la federación, los estados y municipios con el objetivo de establecer una sana convivencia”.

“Si bien es cierto que los gobiernos en turno tienen el derecho de reformar las leyes con el objetivo de cambiar lo que consideran que no está funcionando, también es verdad que estos cambios legislativos se deben hacer con responsabilidad, y sin afectar el sistema federal”.

“El federalismo se debe entender como la coordinación, cooperación y alianza, entre los diferentes niveles de gobierno, para agilizar la toma de decisiones y llevar a cabo políticas públicas en beneficio de los mexicanos”, concluye.

En estos tiempos, en una república federalizada y para tener un adecuado financiamiento del desarrollo se necesita llevar una administración austera, ordenada, con una clara rendición de cuentas y transparente en la ejecución de los programas sociales, que permita la convivencia armónica entre los órdenes de gobierno y la sociedad, que dialogue con la población, escuchando a todas las corrientes políticas y de pensamiento para construir un país mejor.

Los ciudadanos demandan administraciones con vocación de servicio, que cuiden de manera responsable los equilibrios políticos, que trabajen con transparencia por el bienestar de todos los ciudadanos y en especial por los que menos tienen, sirviendo con respeto a sus gobernados.

Tamaulipas necesita un modelo de administración pública con un desempeño eficiente de la gobernanza que satisfaga las demandas sociales, aplicando como principios esenciales la ética profesional, la austeridad, la honestidad y la transparencia.

México está cambiando y Tamaulipas no se puede quedar atrás.