Todos los días aparece una traición más, de quienes en el pasado reciente se cobijaron bajo la frondosa sombra del Partido Revolucionario Institucional cuando éste vivió sus mejores tiempos. No es que únicamente los bribones se hubieran cobijado con las siglas del Tricolor, lo que ocurre es que vivimos como país el peor momento en ausencia de valores.
Son personajes sin pudor que hoy se alimentan de carroña, cual hienas o buitres se aprestan a disputarle al partido los pocos recursos de que dispone (estructura fundamentalmente), e incluso hacen escarnio de los tropiezos que van teniendo en el camino.
Uno de los casos, es el de la exalcaldesa Magda Peraza Guerra y del expresidente del PRI municipal, Sergio Villarreal Brictson en Tampico. Ellos ahora aceitan lo que queda de la maquinaria Tricolor para ponerla a la orden de Morena, partido que debe tener cuidado, porque el que traiciona una vez lo hará otras veces.
Gustavo Peña Martínez, exsecretario Jurídico del CDE, es otro elemento que ha asestado tremenda puñalada al partido y busca la maltrecha bolsa de los dineros de ese partido, vía una demanda laboral aún en proceso; y para que entrar en detalles sobre los chistes de mal gusto de Enrique Arreola Vidal, que si bien nunca logró darle una mordida al pastel Tricolor, hace chistes de mal gusto en torno al instituto político al que pretendió presidir en 2017.
La lista es mucho más larga, en anteriores colaboraciones nos hemos referido a diferentes personajes. Cualquiera tiene derecho a emprender nuevos proyectos en otros partidos, lo malo es que no lo hicieron mientras el árbol tenía frutos; que lo hagan con su propio patrimonio político no se critica, lo penoso es que se apropien de algo que no les pertenece, y que en muchos de los casos no aportaron a su construcción.
O bien, que como en el caso del exfuncionario priista, que ocupó un puesto de confianza, interponga una demanda como si se tratara de una empresa privada.
Quienes son favorecidos con un puesto en la función pública, llámese gobierno estatal, municipal o en este caso un partido político deberán tener claro que un día les pedirán la renuncia y tendrán que entregarla con la misma gratitud con la que recibieron la encomienda.
Esas son las condiciones a las que se estará enfrentando el PRI en los comicios de este año, donde también hay gente leal al partido, pero indudablemente estas traiciones abonarán negativamente a su ya de por si dificultosa contienda electoral.

FALSA VERSIÓN, PRI NO PAGARÁ 9 MDP
Hay que comentar que el CDE del PRI no ha perdido hasta ahora la batalla legal emprendida por la demanda de su exsecretario Jurídico, Gustavo Peña Martínez. El comentario viene a colación porque un tabloide de esta capital publicó este lunes que el instituto político tendría que pagar 9 millones 482 mil pesos como consecuencia de un juicio civil iniciado en 2017.
Si Usted es priista y está preocupado por esta versión, que de ser cierta debilitaría las finanzas del partido en pleno proceso electoral, le participo que el abogado en cuestión, despedido durante la presidencia de Aída Zulema Flores Peña todavía no puede cantar victoria, porque en el supuesto de que existiera esa sentencia, hay para contrarrestarla el recurso de amparo y si este le fuera desechado, puede apelar a una revisión del caso y recurrir a otro tribunal.
Todo este trámite puede llevarse más de un año. Por lo pronto Peña Martínez resultó un pésimo abogado para auto-defenderse, porque su planteamiento fue rechazado en virtud de que la demanda la hizo contra el Comité Directivo Estatal del PRI, que no tiene personalidad jurídica, de tal manera que la sentencia no procede.
Tendrá que iniciar nuevamente el procedimiento para demandar al Partido Revolucionario Institucional, al órgano nacional y luego el instituto político tiene derecho a seguir los pasos que ya mencionamos, amparo, revisión del caso ante otra autoridad de diferente nivel.
Pero además Peña Martínez quien le jugó chueco al PRI, versiones que corrieron por los pasillo de la sede Tricolor, aseguran que aconsejó a un velador para que interpusiera una demanda, con la cual logró una liquidación que ascendió a más de 4 millones de pesos (los pagó el CEN del PRI), de los cuales debió obtener alguna tajada. Esa intervención ofreció elementos suficientes como para que tenga un juicio en el que puede perder hasta su título de abogado debido a su falta de ética.
Por lo pronto Gustavo Peña debe pedirle al ex velador liquidado por el PRI, que le recomiende a su abogado, dado que las capacidades del ex titular del área jurídica Tricolor no dan el “ancho”.
En fin, estaremos pendientes del proceso que sigue esta demanda laboral y sin duda ante la falta de valores que tenemos en nuestra sociedad, los partidos políticos sin excepción deben de pugnar por establecer reglas claras que sean vigiladas por las autoridades electorales, para no ser víctimas de ambiciones de sus funcionarios.
Esto que hoy le ocurre al PRI, le puede ocurrir a cualquiera de los otros partidos, sobre todo en condiciones de transición.