Desde pequeño, solía admirar a los grandes profesionales de la comunicación en Palacio de Gobierno. Me maravillaba ver cómo hacían preguntas, investigaban y llevaban a la gente lo que necesitaba saber. Años después, la vida me llevó por ese mismo camino, y puedo asegurar que en 16 años de trabajo, jamás he visto que un reportero represente una amenaza para algún servidor público.

Por eso resulta tan incomprensible –e intolerable– que, en estos tiempos, un agente de seguridad pública decida actuar en contra de la libertad de prensa bajo el argumento de “proteger” a una funcionaria. ¿Protegerla de qué? No lo sé. Pero de algo estoy seguro: en Tamaulipas, el ejercicio periodístico no es, ni nunca ha sido, un peligro para los funcionarios.

Lo que sí persiste, lamentablemente, son los actos de intimidación y obstrucción que vulneran derechos fundamentales: la libertad de expresión y el acceso a la información.

Les platico: un escolta de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asignado a una funcionaria de Palacio de Gobierno bloqueó mi paso, impidiendo físicamente que me acercara a la servidora pública para realizar mi trabajo.

Así, sin más. Un movimiento absurdo, injustificable y autoritario. No había gritos, no había amenazas, no había peligro. Solo un reportero buscando cumplir con su deber de informar.

El episodio, aunque menor para algunos, es un golpe directo a derechos constitucionales y a tratados internacionales que garantizan la labor periodística sin censura ni restricciones arbitrarias.

 Pero más allá del incidente, lo que esto refleja es algo más preocupante: la falta de capacitación en derechos humanos dentro de los cuerpos de seguridad. ¿Acaso no saben distinguir entre una agresión y una simple pregunta? ¿Cómo es posible que un agente –que debería proteger, no intimidar– vea en el ejercicio periodístico un riesgo?

Es necesario recordar que la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya ha reiterado públicamente su compromiso con el respeto a la labor periodística. Y ese compromiso debe bajar a cada nivel, especialmente a los cuerpos de seguridad.

Que quede claro: en Tamaulipas, los periodistas no atacan, informan. Y proteger a un servidor público nunca puede ser una excusa para atentar contra la libertad de prensa.