México es el tercer país con mayor flujo de capitales de procedencia ilícita por 50 a 60 mil millones de dólares al año (Global Financial Integrity) A pesar de que el sistema financiero mexicano está muy vigilado para evitar este delito pues envía reportes y alertas de posibles operaciones ilegales, los resultados son deplorables. No hay investigaciones concluidas, no hay condenas, casos de extinción de dominio o recuperación y decomiso de activos, con seguridad hay una rapiña de enormes proporciones.
Global Financial Integrity señala que desde 2014 hay una relación de 5 mil 600 nombres de personas físicas y morales en una relación de cuentas bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo bajo el conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En ese año se incluyó más de mil 200 nombres en esa relación, la cual debe ser revisada por instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables. Este año se bloqueó las cuentas de 600 clientes de la banca que estaban en el listado de la Unidad de Inteligencia.
A México se le señala el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos, con un monto de 53 mil millones de dólares en promedio, entre 2004 y 2013, superado por China y Rusia, con 139 mil y 105 mil millones de dólares en promedio por año. Durante los últimos tres años de Peña Nieto, el número de reportes de operaciones inusuales emitidos por las instituciones financieras pasó de 75 mil en 2013 a 168 mil en 2016 (Unidad de Inteligencia Financiera)
El IV Informe de Gobierno de Peña Nieto señala, entre septiembre 2015 y julio 2016 se aseguró 237 millones de pesos y 4.2 millones de dólares en combate al lavado de dinero. Se iniciaron 184 averiguaciones previas en el periodo; los detenidos fueron 27 y se obtuvieron 15 sentencias condenatorias.
De las investigaciones que el gobierno mexicano inició contra Raúl Flores Hernández en 2009 le decomisó seis mansiones en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, 10 automóviles y más de 6 millones de dólares y diversas propiedades en Jalisco. El 30 de agosto de 2010, el Diario Oficial de la Federación informó que la PGR ofrecía recompensa por Flores Hernández por su probable responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, y cuatro de sus acompañantes. Flores Hernández estuvo preso desde 2013 a 2016 cuando fue absuelto.
Las autoridades estadounidenses lo ligan con los cárteles de Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa. En Estados Unidos se le identifica como lavador de dinero, por lo cual las autoridades mexicanas reiniciaron una investigación en su contra, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La aprehensión de quienes delinquen obliga que se reconozca que la autoridad cumple su deber, sin embargo con los multimillonarios presupuestos asignados están súper obligados a hacerlo pues la tecnología permite ubicar a cualquier persona y detenerla, siempre y cuando la política del Estado Mexicano lo autorice o lo indique.
Si hubiese una medición exacta de los líderes, de las cabezas de los narcos, ésta tendría que pasar por la relación de propiedades, por el aseguramiento de efectivo, por la fortuna acumulada. Se habla de las riquezas, de los miles de millones de dólares lavados y acumulados pero, al momento de hacer las detenciones, estos desaparecen mágicamente, ya no se sabe nada. Así sucedió con Pablo Escobar, se esfumó gran parte del capital acumulado, luego del enorme daño social que provocó.
México incrementó su gasto en seguridad. En el periodo 2008 a 2015, el gasto en seguridad interior creció 61%, al pasar de un gasto de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones, con un crecimiento anual promedio de casi 2.1 mil millones de pesos. Sin embargo persiste un alto nivel de violencia. La cifra de delitos no denunciados o sin averiguación previa lo muestra. De acuerdo a información de INEGI, menos de uno de cada 10 delitos cometidos se denuncia, pues la víctima lo considera pérdida de tiempo, desconfía de las autoridades y no pueden aportar pruebas. Con 94% de delitos no denunciados, México supera a naciones como El Salvador, Brasil y Ecuador.