Aunque todavía no hay nada definitivo en lo que se refiere a la integración de las bancadas de los diferentes partidos políticos que conformarán la próxima Legislatura Tamaulipeca, lo que está muy claro, es que ninguna de las fracciones parlamentarias tendrá mayoría calificada, que Morena con su aliado el PT  quizá esté logrado 21 de las curules, mientras que en una propositiva alianza del PAN-PRI y MC estarían integrando un bloque de 15 legisladores (12 de la corriente azul, 2 del Tricolor y 1 de Movimiento Ciudadano) que harían un total de 36.

Esta es una distribución bastante cercana a la realidad, pero mientras exista tiempo para manifestar inconformidades podrán surgir nuevas gestiones, aunque ahora el Tribunal Electoral de Tamaulipas haya desalojado los 85 recursos interpuestos por diferentes partidos.

Lo que está muy claro, es que no habrá una avasalladora fuerza morenista, pero si tendrá mayoría simple para sacar adelante los temas que son de su interés, pero quedan fuera de su alcance la aprobación de presupuestos, los cuales tendrán que ser consensados con los otros partido, en las mismas circunstancias están las reformas Constitucionales y los nombramientos que la Carta Magna de Tamaulipas indica.

En esa circunstancias el Legislativo no deja de ser un poder independiente del actual gobierno panista, y de los resultados electorales que se obtengan en 2022, dependerá si coexistirá esta circunstancia o no.

Mientras las dos corrientes políticas más fuertes se disputan este control, la dirigencia estatal del PT cruza los dedos para que en el último conteo del IETAM las siglas roji-amarillas obtengan poco más del 3 % de la votación y estar en condiciones de lograr una curul plurinominal más, que vendrían a integrar una mini bancada de tres y recobrar su registro estatal, con lo cual no han contado desde hace un lustro y con ello obtendrían las prerrogativas de las que carecen actualmente.

            DESAPARECER O NO LA CASA DE GOBIERNO DE TAMAULIPAS.-   que está en discusión el tema de dejar sin residencia oficial al Gobierno de Tamaulipas, es oportuno revisar varios aspectos, por ejemplo en Estados Unidos el Presidente en turno paga la renta de la Casa Blanca, obviamente cobra un sueldo que le da para eso y mucho más, aquí tendría que revisarse el salario del Jefe del Ejecutivo del Estado, pero es obvio que hoy en día es un tema de seguridad y una necesidad, ofrecer la estancia con las condiciones adecuadas para que opere el equipo que protege la vida del mandatario en turno y la de su familia.

Los últimos dos gobernadores por ser Victorenses no tenían interés en cambiarse de domicilio, Eugenio Hernández Flores   y Egidio Torre Cantú tenían sus respectivas residencias en Los Naranjos, un residencial privado colindante con la Casa de Gobierno.

Eugenio tardó en mudarse, se resistió porque su hija menor, iba a perder la convivencia con sus amiguitos del residencial y eso tenía repercusiones emocionales para la pequeña, finalmente lo convencieron que era un riesgo seguir viviendo en su domicilio particular porque ahí no se le podía proporcionar la seguridad debida, y eran los tiempos explosivos del crimen organizado, y finalmente accedió.

Con Egidio también fue algo similar. Siendo gobernador electo los elementos de la redacción del periódico “La Verdad” asistimos a una reunión en  sudomicilio, y un compañero le expresó: “oye Egidio, pues ya vives como gobernador” y salió el tema; la verdad, no agrada a muchos mudarse a la residencia oficial, claro los que son naturales de la capital del estado. Pero la realidad es que la Casa de Gobierno en un estado como Tamaulipas, asolado por la delincuencia organizada, es una necesidad, y un derecho para la protección del gobernante y de su familia.

Pero, definitivamente es un tema que debería regularse en la Constitución de Tamaulipas, o en los reglamentos internos que deben tener un capítulo especial sobre la seguridad del titular del Poder Ejecutivo.

Las declaraciones recientes de Rodolfo González Valderrama de que la operación de Casa Tam, “debe andar chupando del presupuesto unos 360 millones de pesos al año”, es muy banal, habría que revisar cuánto de estos recursos están destinados a seguridad, al pago de personal, al mantenimiento de la propiedad, que tiene extensos jardines, etc. Pero definitivamente el tema es muy importante.

Por otra parte déjeme decirle, que si el Presidente AMLO decidió vivir en Palacio Nacional, en la Torre Bicentenario de esta capital, hay un piso desocupado, parece que es el último, y existe una aeropista en el mismo edificio para una emergencia, de tal manera que está esa opción, ahora que si el próximo gobernador es de extracción morenista, quizá prefiera ocupar una vivienda del INFONAVIT, una de tantas que están abandonadas y que el gobierno federal puede transferirla en un convenio con el Gobierno Estatal. Digo, por aquello de la austeridad republicana.

Ahora, ya en serio, en otros estados hay residencias oficiales muy eficientes, como la de Michoacán, la cual posee varios salones, uno muy grande y otros menos espaciosos, además del despacho y sala de juntas, lo cual permite al mandatario inaugurar o clausurar eventos, sostener reuniones de trabajo, recibir a grupos de campesinos, empresarios, etc, en un ambiente de seguridad, con mayor rapidez y obtener de esta manera un mejor rendimiento del tiempo del mandatario.

Las casas de gobierno están sustituyendo a las sedes tradicionales del Poder Ejecutivo. Los palacios de gobierno, algunos con 70, 80 y hasta un siglo de antigüedad; el de Tamaulipas fue construido entre los años 1949 y 1951 y respondió en su momento a las necesidades de su tiempo, incluso ahí estuvieron en algún momento concentrados los tres Poderes, el Congreso sesionaba en lo hoy es el Salón Independencia.

Hoy el Poder Ejecutivo tiene dos edificios, la torre que está frente al río San Marcos y la del Parque Bicentenario, además de rentar otros domicilios para alojar diferentes dependencias.

 A nuestro ver, la Casa de Gobierno de Tamaulipas, debiera de hacerse más funcional y no convertirla en un área cultural, y someterlo a un debate con quienes conocen el servicio público estatal y no decidir por una “moda sexenal”, no es la austeridad, sino la funcionalidad lo que debiera regir.