Recordemos la evaluación que dio a conocer el gobierno de Trump acerca de México. “Los problemas más significativos sobre derechos humanos incluyen involucramiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La corrupción se extiende por la impunidad otorgada desde el interior del Estado. Hay deterioro de las garantías individuales. Persisten condiciones deplorables en prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, contra migrantes, violencia doméstica, abuso de personas con discapacidad, amenaza y violencia contra miembros de comunidades indígenas, tráfico de personas y abuso laboral infantil, y proliferación del crimen organizado auspiciado por el Estado cuyos representantes al igual que el crimen organizado se dedican a enriquecerse bajo el manto de la impunidad”.
El gobernador García Cabeza de Vaca recapituló la conocida omisión por los pasados gobiernos estatales para aplicar justicia a las bandas delincuenciales, complicidad que les brindó impunidad y permitió crear un poder criminal inmenso, con presencia en toda la entidad, con control sobre diversos ilícitos que les deja gran ganancia económica.
La actual lucha del Gobierno Estatal por acotarlo, arroja un lamentable saldo mortal y de pérdida de bienes materiales. La reacción violenta de estas bandas tiene el propósito de abatir el ánimo de los tamaulipecos. Los enfrentamientos abiertos buscan crear pánico social, crear un clima de inseguridad permanente, de caos. El sacrificio de personas líderes de la comunidad, como la señora Miriam Rodríguez Martínez, quien logró objetivos importantes en la lucha contra los criminales, es un mensaje que busca provocar rechazo y terror en la sociedad tamaulipeca para que se responsabilice al Gobierno de la violencia.
La globalización afecta los derechos económicos, sociales y culturales pues trae desequilibrios que influyen fuerte y desfavorablemente en la aplicación de dichos derechos. Indicadores de nutrición, salud, vivienda, empleo, educación, cultura y bienestar, retroceden, lo que implica violar los derechos humanos y la dignidad por el Estado Mexicano. En América Latina, a la globalización se suman corrupción e impunidad, lo que mantiene a la mitad de las personas de esta región en situación de pobreza y a la gran mayoría en estado de indefensión ante violencia, explotación, imposición de decisiones ruinosas por los gobiernos para continuar estableciendo condiciones que les permita concentrar riqueza a cambio de ampliar y profundizar la pobreza, auspiciando a bandas criminales que con impunidad operan explotando toda oportunidad posible de hacer dinero de manera ilegal y estableciendo condiciones para nuevas maneras de continuar enriqueciéndose. La globalización profundizó la corrupción y la impunidad.
Ayer comenté el panorama que prevalece en Derechos Humanos en el mundo y la reflexión acerca de la manera de hacer valer estos derechos era el tema a seguir. Consideraba imperativo que la Organización de lassNaciones Unidas encabece acciones para evitar y ayudar a solucionar las crisis económicas mundiales que debilitan la gobernabilidad en la mayoría de los países, solucionar conflictos armados internos e internacionales, combatir el autoritarismo, abatir la pobreza, cuidar el medio ambiente, promover la democracia para que los países puedan tener líderes y gobernantes y líderes que estén en condición de actuar sin complicidad para acotar al crimen organizado y al narcotráfico que violan todo derecho y destruyen a cualesquier sociedad.
Al respecto, el Gobernador García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión de trabajo con el representante de la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón. El Gobierno de Tamaulipas, junto con las organizaciones de derechos humanos y atención a víctimas, definió otorgar atención y seguridad inmediata a la familia de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, recién privada de la vida, así como a los organismos que representan víctimas en el estado.
Acordaron los gobiernos federal y estatal trabajo en conjunto para contar con organismos que garanticen mayor seguridad y protección para las víctimas, particularmente para víctimas de desapariciones, con el acompañamiento del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se definió que se instalarán oficinas por la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas
El Gobernador explicó el trabajo que el Gobierno realiza para atacar las diversas fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, causante del dolor de las víctimas de delitos.