En México, la privacidad está bajo amenaza, durante el fin de semana el Senado aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra las modificaciones a la ley federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, tambien comocida como “LeyCensura” una reforma sumamente preocupante, impulsada por la mayoría de Morena, que abre las puertas a la vigilancia indiscriminada y sin control judicial.

A partir de esta reforma, el gobierno podrá acceder en tiempo real a la geolocalización de cualquier ciudadano, a través de su dispositivo móvil, sin necesidad de contar con una orden judicial, sin requerir justificación y sin el más mínimo contrapeso institucional. En otras palabras, cualquiera de nosotros podrá ser monitoreado, seguido y localizado por el Estado, simplemente por decisión administrativa.

El argumento oficial suena, como siempre, seductor: combatir la delincuencia, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, garantizar la seguridad pública. Pero la historia de México nos enseña que las herramientas creadas supuestamente para protegernos, muchas veces terminan siendo utilizadas para espiar, intimidar y controlar a los ciudadanos, especialmente a los críticos, opositores y periodistas.

No es un temor infundado. México es, lamentablemente, uno de los países con mayor historial de espionaje político en América Latina. El escándalo internacional del software Pegasus reveló cómo gobiernos anteriores, de todos los colores, utilizaron tecnología de vigilancia para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos.

Hoy, con esta nueva “Ley Espía”, se institucionaliza y legaliza esa práctica, eliminando incluso los pocos candados legales que antes existían. Ya no hará falta solicitar a un juez la autorización para conocer tu ubicación, ni presentar un caso que lo justifique, bastará con que el gobierno lo considere “necesario”.

Los riesgos son enormes y evidentes. ¿Qué garantías tendrán los ciudadanos de que esta herramienta no será utilizada para fines políticos? ¿Quién supervisará su uso? ¿Cómo se protegerá a los periodistas que investigan al poder? ¿Quién protegerá a los activistas que defienden causas incómodas? La respuesta, tristemente, es NADIE.

Esta reforma vulnera no sólo la privacidad de millones de mexicanos, sino uno de los pilares básicos de toda democracia: el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, bajo esta lógica, todos somos sospechosos hasta que el gobierno decida lo contrario.

Lo grave es que este paso hacia el autoritarismo digital se da en un contexto de creciente concentración de poder en México,un poder Judicial debilitado, un Congreso controlado y ahora un gobierno con la capacidad de vigilar a la ciudadanía en tiempo real. Todo ello en un país donde la opacidad y la discrecionalidad son moneda corriente.

Hoy más que nunca, México necesita contrapesos, transparencia y un respeto absoluto a los derechos individuales, el combate a la inseguridad no puede ser la excusa para construir un Estado que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo controla.

PORQUE CUANDO LA PRIVACIDAD MUERE, LA DEMOCRACIA NO TARDA EN SEGUIRLE.