Las elecciones locales de 2019 en Tamaulipas se tornan más trascendentes de lo que se hubiera podido esperar. Por una parte es de vital importancia para el Partido Acción Nacional conservar su hegemonía en el Congreso local, porque se trata del 2º y último trienio de la gestión del gobernador de extracción blanquiazul, Francisco García Cabeza de Vaca, la cual se puede ver en jaque ante la eventualidad de una Legislatura con mayoría “morenista”.
Y es que de acuerdo a lo que se percibe en otras entidades donde el partido del actual Presidente Electo tiene mayoría, están actuando con miras de transformar el escenario económico, político y social de esas entidades.
Basta recordar la sentencia de Ricardo Monreal poco antes de las votaciones del 1º de julio, “vamos a ganar el Congreso local, desde ahí vamos a gobernar Tamaulipas”. Y eso precisamente es lo que están intentando en otros estados, .
En Tamaulipas, en apariencia hay una luna de miel entre ambos Poderes, aunque todavía no rinde protesta AMLO, ya está gobernando, incluso hay reclamo abierto de los sectores privados a Peña Nieto porque se ha replegado ante la avalancha guinda.
En ese marco de circunstancias la divisa principal a la hora de elegir candidatos en estos dos principales actores, PAN y MORENA, será la lealtad, porque las traiciones están a la vuelta de la esquina. Estados donde gobierna el PRI y Morena tiene mayoría en el Congreso local, los tricolores han podido comprar a legisladores de la supuesta izquierda para que renuncien a ella y se pasen al bando priista.
También ocurre a la inversa, priistas que ven mejores horizontes en el partido de enfrente saltan a su encuentro. En ambos casos impera la lealtad del camaleón, cambian de color como mejor les conviene.

LA OTRA DELFINA DE MORENA
De tal manera que de nada servirá que el PAN o MORENA logren la mayoría, si negociaciones debajo de la mesa tienen el riesgo de que les cambien los votos consolidados en las urnas electorales por pactos inconfesables, a conveniencia del legislador. Hace tres días los medios de comunicación dieron cuenta del caso de la diputada local de Nuevo León Delfina de los Santos que en un solo mes se ha ostentando como militante de tres diferentes partidos, el último de ellos MORENA.
Por eso corren versiones en el caso del PAN, que entre las opciones que desde ahora se manejan, pueden figurar los juniors o las esposas de panistas con arraigo, que esta vez no abrirán la puerta a expriistas por muy buen cartel que tengan.
Entre estas opciones se habla del hijo de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz y del Jr. del Presidente del CDE del PAN, Francisco Elizondo; así como de las cónyuges del diputado federal Salvador Rosas Quintanilla de Nuevo Laredo y del Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González en Matamoros, ambas con presencia en sus lugares de residencia, debido al ejercicio de puestos públicos, una en el municipio con la bandera de lo que era la SEDESOL, ahora Sebien y la otra como rectora de la Universidad Tecnológica de Matamos.
Como Usted sabe el 50% de las candidaturas serán para mujeres y otro tanto para varones, lo cual significa 11 oportunidades para cada género.

EXTINCIÓN DE DOMINIO POR CORRUPCIÓN
Luego de que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión de trabajo con legisladores federales, trascendió que entre las iniciativas y reformas a la ley que se asoman, está la referente a modificaciones al artículo 22 de la Constitución, para que la extinción de dominio que ahora procede en casos de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas y otras formas de enriquecimiento ilícito, hoy se incluya como causal, a delitos por hechos de corrupción.
Esto permitirá recuperar parte de lo sustraído por ilícitos en deterioro a las arcas públicas.
Eso está muy bien. Sin embargo falta que empiecen por definir las características de los delitos de corrupción, precisar sus dimensiones y respectivas sanciones y desde luego especificarlo como delito grave, porque actualmente hay casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuya sanción de 9 años es de risa. Y todavía falta que le reduzcan la sanción por otras circunstancias y que en 2 o 3 años esté libre.
No pasar por alto las transferencias de capital a los familiares políticos, suegros, compadres, obviamente consorte, hijos, entenados, yernos, nueras, etc.
La realidad es que existen muchas especificaciones en la ley que no se cumplen, si se les diera puntual seguimiento desde hace mucho que los indicadores de corrupción no estarían tan altos.
El precepto más antiguo como es la declaración patrimonial ha sido letra muerta, ahora la han revivido con el artífice de la “3 de 3”, pero si cada tres años en el caso municipal y cada seis en los casos de gobiernos estatales se le diera cumplimiento y seguimiento cada año no habría tantas fugas de los recursos públicos.
Ni más ni menos, de los 43 alcaldes que se fueron (o los que se religieron) a cuantos se le ha revisado a fondo sus circunstancias patrimoniales. Los entrantes tienen un periodo de gracia, está por verse si se da cumplimiento al precepto.