La región de América Latina y el Caribe enfrenta desafíos estructurales asociados con la desigualdad. Por eso, la eficiencia en las instituciones del Estado es tan relevante y, entre ellas las encargadas de la fiscalización son imperantes para la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible.
La relevancia de la fiscalización no está a discusión dado que la evidencia indica su correlación con la existencia de mejores gobiernos y la posibilidad de mejoras las condiciones de desarrollo de las personas. Las regiones con tanta desigualdad y retos institucionales históricos -como el caso de América Latina- la colaboración y cooperación internacional tiene un valor especialmente relevante. Prueba de ello es el trabajo que realizamos en la OLACEFS.
Desde su fundación en 1998 hemos evolucionado para convertirnos en un actor clave en la promoción de estándares de auditoría en la región, como espacio relevante para la comunicación interinstitucional y en la capacitación de habilidades. Ésto es un tema fundamental en las condiciones básicas para el desarrollo económico y social. Por ello en conjunto con los demás integrantes, encabezados por México desde la Secretaría Ejecutiva -de la cual he sido secretario ejecutivo- hemos avanzado en el cumplimiento de una agenda centrada en que la fiscalización es fundamental.
Por ejemplo, el Plan Estratégico 2023-2028 enfatiza funciones de investigación científica, capacitación y asistencia técnica entre todos los miembros de la organización aprovechando las experiencias compartidas entre algunos países como México o Brasil. Hemos puesto énfasis en la digitalización, no sólo para entender que no debemos limitarnos a la detección de irregularidades pasadas sino que debemos anticipar riesgos que respondan más a un enfoque preventivo, más que a uno punitivo.
Uno de los aportes de la OLACEFS en los últimos años ha sido su énfasis en contribuir desde la fiscalización superior en la lucha contra la corrupción en la región. Un problema público que, según la OECD, genera pérdidas anuales al 2-5% del PIB regional. Nuestro PROYECTO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN OLACEFS/GIZ, implementado entre 2021 y 2024 en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ), apoyó una serie de actividades para fortalecer las capacidades de las EFS en la detección y prevención de la corrupción. Se incluyeron talleres de capacitación, desarrollo de guías metodológicas y auditorías coordinadas, beneficiando directamente a procesos de fiscalización en diferentes países.
Lo que el trabajo cotidiano entre EFS y otras organizaciones, como las Universidades y la sociedad civil, apoyadas por la OLACEFS, demuestran que la fiscalización no es meramente técnica, sino un instrumento para mejorar las instituciones. Si ALyC sigue en la ruta de cooperación en materia de fiscalización, podremos mejorar las perspectivas de la región frente al mundo.
Ante ello, la OLACEFS -considero- es un ejemplo de éxito y del valor de la cooperación regional y son muchos los ejemplos. También destaca el acercamiento y colaboración con otros organismos regionales de EFS en el mundo, por ejemplo, la X Conferencia Conjunta OLACEFS-EUROSAI sobre “Auditorías para Futuros Resilientes”, la cual reforzó espacios de reflexión y cooperación, destacando la necesidad de alianzas interregionales, como se demostró hace poco en la reunión que tuvimos en la Ciudad de México.
En el futuro inmediato, la OLACEFS debe beneficiar procesos como el de la integración de tecnologías, la inteligencia artificial para auditorías predictivas, asegurando que la fiscalización se adapte a la era de la hiperactividad tecnológica.
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