Cuando ponemos en el contexto social y político la suspensión forzada del servicio educativo en gran parte de Tamaulipas y reconociendo que el Congreso destina la mayor parte de los recursos públicos -38%- para la educación de la niñez y juventud; estaremos de acuerdo en que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho social de primera importancia que no se puede, ni se debe interrumpir por razones personales o de grupo.

En Tamaulipas hay más de 563 mil estudiantes de educación básica que asisten a 4407 escuelas públicas y el gobierno destina más 28 mil millones de pesos del presupuesto para hacer posible el derecho a la educación para todos.

Existe el consenso social de la gran importancia de educar y preparar a la niñez y la juventud de cada región de nuestra patria para que sean capaces como generación, de superar con éxito los problemas sociales, económicos y ambientales.

La educación es considerada un derecho humano y constitucional que no se debe suspender sin intentar antes, por todos los medios pacíficos posibles, convenir las soluciones a los problemas para la adecuada prestación de los servicios educativos.

Es sumamente egoísta y socialmente insensato el cierre de instalaciones educativas y de la administración escolar para demandar el cumplimiento inmediato de asuntos individuales de grupos específicos de trabajadores de la educación, como algunos “teacher´s” o los de contrato en “tecnologías” o para dirimir diferencias políticas de grupos.

Parece que se trata de levantar una cortina de humo para ocultar el proceso penal que se abrió la semana pasada en contra de los ex funcionarios de la SET por abusos y desvío de recursos en el sexenio de Cabeza de Vaca y por el cual el sector debería de sentirse complacido por el combate a la impunidad y la corrupción.

La cuestión es ¿por qué se apuntan las baterías en contra de las autoridades actuales?, si es de conocimiento público que los panistas fueron los que ocasionaron gran parte de las deudas laborales e irregularidades que hoy se reclaman.

Resulta irónico y sospechoso que quieran responsabilizar a las directivos de la SEP del gobierno de la 4T, cuando apenas se empieza a reorganizar el trabajo educativo y a depurar las malas prácticas administrativas, con el fin de desterrar los vicios burocráticos y la corrupción en el manejo de las plazas docentes y sus promociones.

El magisterio y sus representantes tienen la garantía de la buena voluntad y el trabajo colaborativo que ha comprometido el gobernador, Dr. Américo Villarreal, para resolver los problemas de forma y de fondo que puedan entorpecer el pleno ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, de hecho, la gran mayoría tiene en orden sus derechos.

Y así como el gobierno no debe de influir o promover a sus funcionarios para que sean designados representantes o lideres en la Sección 30 del SNTE, tampoco los dirigentes del sindicato tienen porqué exigir que sean designados sindicalistas en la administración pública o titulares de las dependencias de la Secretaría de Educación.

Confiamos en que el diálogo y la buena voluntad de todas las partes involucradas hagan a un lado los intereses políticos o la protección de los funcionarios cabecistas, para que los estudiantes y el profesorado se apliquen al aprendizaje escolar, mientras que se desahogan los asuntos burocráticos y laborales que están en las mesas de negociación y gestión de los derechos laborales pendientes de atender o solucionar.

Lo que más importa ahora es recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, equipar las escuelas, actualizar a los docentes y emprender todos juntos la aventura educativa que promete la Nueva Escuela Mexicana.

Los padres de familia, los estudiantes y el magisterio tienen la misión de formar y poner el ejemplo a las nuevas generaciones, con valores humanistas, con los conocimientos y métodos para aprender a lo largo de la vida en el desafiante mundo de la innovación exponencial de la alta tecnología y de la impostergable necesidad del aprovechamiento sustentable de la naturaleza para sostener a más de 8 mil millones de personas en el planeta.

Por eso y muchas otras razones más… la educación es primero.

Numeralia 2023:

  • Docentes de educación básica pública en Tamaulipas: 26,785
  • Grupos en educación básica pública en Tamaulipas: 21,981
  • Presupuesto por función para la Educación en Tamaulipas: 28,700,030,132.

Fuente: INFORMACION FINANCIERA, Ejercicio Fiscal 2023 Gobierno de Tamaulipas; Anuario De La Estadística Educativa Del Estado De Tamaulipas Ciclo Escolar 2022-2023.