Un episodio más de esta telenovela política que parece no tener final.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el último recurso legal que mantenía suspendida la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por unanimidad, los ministros respaldaron el proyecto de la ministra Lenia Batres y determinaron que eran suficientes los argumentos de la Fiscalía General de la República. En pocas palabras, el amparo que lo protegía ya no procede y la orden de captura vuelve a estar vigente, una vez que se formalice la notificación correspondiente.

Osea, que la Fiscalía puede continuar el proceso penal sin el blindaje judicial que antes lo detenía.

Pero como era de esperarse, la respuesta no tardó.

Cabeza de Vaca, desde Estados Unidos, aseguró en redes sociales que esta decisión confirma que existe una persecución política en su contra. Dijo que la reforma y renovación del Poder Judicial impulsada por Morena solo busca utilizar a las instituciones contra la oposición. También dejó claro que seguirá recurriendo a todas las instancias legales posibles y que, según él, su situación jurídica aún no está resuelta ni se le ha imputado formalmente ningún delito.

El PAN, por su parte, salió en su defensa. Emitieron un comunicado respaldando a quien sigue siendo su lider en Tamaulipas. Aseguraron que la resolución es una muestra alarmante de cómo las instituciones judiciales están siendo vulneradas y puestas al servicio de intereses políticos.

Del otro lado, el gobernador Américo Villarreal celebró la decisión. Dijo que alienta saber que las decisiones se están tomando apegadas a los intereses del pueblo y afirmó que llegará la justicia para Tamaulipas.

Al mismo tiempo, otro caso vinculado a los panistas, también  avanza.

En Nuevo Laredo, un juez vinculó a proceso a Yahleel, ex secretaria de Bienestar durante el sexenio de Cabeza de Vaca, junto con otras cuatro personas, por falsedad en declaraciones y pandillerismo. Como medida cautelar deberá firmar cada mes y pagar una garantía económica de 10 mil pesos para continuar el proceso en libertad. El juez consideró que existen datos de prueba suficientes para que enfrente proceso penal. Esto se da luego de que se ausentara en seis ocasiones, argumentando problemas de salud.

Así que la  pregunta es inevitable:

¿Estamos viendo justicia que finalmente alcanza a quienes gobernaron?

¿O estamos ante una batalla política donde cada bando grita persecución o victoria según le convenga?

Lo cierto es que Tamaulipas sigue en el ojo del huracán. Y más allá de colores partidistas, lo que la gente quiere no es espectáculo, quiere claridad, quiere legalidad y quiere que, si alguien cometió delitos, pague.

La justicia no puede ser selectiva ni mediática.

O es para todos, o no es justicia.

¿No cree usted?

Que Dios los bendiga, gracias.

Leo sus comentarios en mis redes sociales.