Los asesores del Gobernador del Estado no se han dado cuenta, pero tendrán que modificar el calendario de sus actividades debido a que el Instituto Nacional Electoral prohíbe eventos de promoción política a partir del 8 de septiembre.
Los servidores públicos tienen prohibido difundir informes de labores y cualquier tipo de propaganda donde aparezca nombre, voz o imagen, y esto rige a partir del 8 de septiembre, cuando arranque oficialmente el proceso electoral 2017-2018.
Por lo pronto, todos los presidentes municipales modificaron las fechas de la presentación de sus informes, cuando menos los que estaban programados para después del viernes 8 de septiembre.
El informe gubernamental es eminentemente un evento político, de promoción electoral, de tal manera que no podrá ser presentado en el formato tradicional, es decir, con besa-manos, fiesta, acarreados, discursos, felicitaciones y una cargada hacia los candidatos que postule el partido del gobierno.
Ya sabemos que Francisco García Cabeza de Vaca no será candidato, pero más de la mitad de su Gabinete respira y aspira a aparecer en las boletas electorales, lo mismo que los presidentes municipales que van por la reelección y otra legión de los que trabajan en el gobierno estatal, panista.
Cabeza de Vaca anunció que entregará el informe por escrito en el Congreso local y que hará otras dos presentaciones de carácter mediático, en Tampico y Reynosa, donde harían una especie de glosa para el cultivo de la imagen, la promoción política y el culto a la personalidad.
La rendición de cuentas es una obligación constitucional que cumplen los funcionarios públicos, pero se ha desvirtuado pues está convertido en un ejercicio de elogios desmedidos que inclusive sirve de cortina de humo sobre los temas relevantes.
Nunca sabemos los ciudadanos el monto de la deuda acumulada ni el reporte real y completo de la obra construida y también nos escamotean información sobre castigos para funcionarios ineptos o corruptos o las dos cosas.
Pero volvamos al tema. El INE impuso por sus pistolas estas nuevas normas con el pretexto de impedir favoritismos durante las campañas electorales, esgrimiendo como pretexto justificatorio, que el Congreso de la Unión dejó una laguna en la legislación respectiva.
Por supuesto, se han rebelado los partidos políticos, excepto el PAN, los Gobernadores, legisladores y hasta los dueños de medios de comunicación así como la Presidencia de la República, acusando que el INE rebasó el ámbito de sus atribuciones.
Tenemos a la vista el oficio que presentó el diputado federal riobravense Edgar Melhem Salinas ante el tribunal federal del poder judicial de la federación, donde promueve un juicio de protección para sus derechos políticos-electorales.
Argumenta el joven político fronterizo, coordinador de la bancada tamaulipeca, que el INE pretende pasar por encima de una ley consagrada en la Carta Magna, donde se impone la obligación a servidores públicos, de informar de sus actividades.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión también se le fue a la yugular de los consejeros electorales que comanda Lorenzo Córdova, pues al prohibir los informes de los servidores públicos, ahogan una buena fuente de ingresos que se contratan para los medios, incluida la prensa escrita, tal vez con excepción de Tamaulipas.
Si tumban el informe de Cabeza de Vaca (el informe no, porque ese lo puede presentar como lo hacía Cavazos Lerma, a través de un propio que entregaba el texto en sesión plenaria del Congreso), pero si tumban las ceremonias fastuosas y dispendiosas posteriores, como la toma de posesión, estarían en riesgo hasta las comparecencias.
No sería necesario el desfile de algunos Secretarios del Gabinete, para ofrecer su propia relatoría de hechos auto-laudatoria, frente a diputados locales aplaudidores.
(Es curioso, pero cuando el PAN era oposición, exigía frenéticamente, que las comparecencias fueran en sesiones plenarias, no en comisiones, y que además, acudiera al Congreso local la mayoría de los miembros del Gabinete.
Ahora, el pastor panista Carlos Alberto García González se apresuró a recomendar que las comparecencias sean ante comisiones, y además, un número limitado de Secretarios).
Los magistrados electorales tienen en sus manos más de 300 recursos de impugnación que deben resolverse antes del 8 de septiembre, que es cuando se abre el proceso electoral federal.
Es previsible que esta medición de fuerzas la pierda el INE, pues le echaron montón y con desprestigio y todo, Los Pinos siguen conservando algo de peso.
En materia de seguridad pública, no hay nada qué presumir, sino todo lo contrario. Por reportes informativos emitidos por la SEDENA en Monterrey, los tamaulipecos supimos de situaciones de riesgo que costaron la vida a 18 personas, incluidas algunas de General Bravo, Nuevo León.
Las balaceras y persecuciones de dos días en Río Bravo dejaron un saldo de tres sicarios abatidos y dos personas ajenas a los hechos, con heridas, una de ellas con un balazo en la cara.
El secuestro y asesinato de la española Pilar Garrido acrecentó la siniestra fama de Tamaulipas en el extranjero, pero no movió al gobierno a reforzar estrategias ni aumentar el despliegue militar y policiaco.
Ayer afloró otra delicada situación criminal por el secuestro de un prominente político fronterizo, pues no escarmentó el gobierno por el levantón que sufrió hace varias semanas, el padre de un diputado federal del PAN, nativo de Matamoros.
Además, ciudad Victoria, sede de los tres poderes, es líder nacional en seis delitos.
Otra mala noticia es el fallecimiento de la señora Elsa Ileana Ramírez Elizondo, Chula, síndico primero en el Ayuntamiento que encabeza Jesús de la Garza Díaz del Guante, quien sucumbió finalmente por una enfermedad que la tuvo recluida las últimas semanas.
Chuchín presentó sus condolencias a la familia y luego ordenó estado de alerta permanente por la amenaza del huracán Harvey, que amenazaba ayer las costas de Texas y podría brincar a Tamaulipas.
Protección Civil, Junta de Aguas, Bomberos, todas las dependencias de Matamoros están monitoreando el desplazamiento del fenómeno meteorológico, para impedir que caiga allí de sorpresa.
En temas políticos, mañana se producirá en el auditorio de la Universidad La Salle la elección del presidente estatal del PRI, si es que en las últimas horas no se produce una candidatura de unidad.
Es una elección manchada con la sospecha de la corrupción pues se habla de que Egidio Torre Cantú estaría ofreciendo sobornos a los consejeros rejegos, a cambio de que voten por su candidato.
El consejo político estatal fue integrado a capricho de Torre, pero muchos se resisten a acatar su orden de regalarles sus votos, y allí es donde estaría distribuyendo billetes, para aplastar escrúpulos.
Por su parte, el diputado local del PAN Joaquín Hernández Correa exhibe una completa ignorancia cuando pide la intervención del Congreso de la Unión, para hacer reducir el número de meses que dura el receso, por considerar que es excesivo.
Dice el ex perredista, que tres meses de vacaciones (ellos le llaman receso) afecta la productividad legislativa y que deben tomar como ejemplo a la cámara federal de diputados.
Joaco no sabe que los Congresos son autónomos, independientes, y que pueden darse el manejo que más les acomode, sin necesidad de injerencias federales. En todo caso, tendrían que reformar aquí, la Constitución local, la ley orgánica y el reglamento interno del Congreso.
Pero además, el hijo de La Quina hace el ridículo porque pone de ejemplo de laboriosidad a los diputados federales, siendo que ellos tienen vacaciones (receso) ¡de cuatro meses!
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