Independencia y Justicia: A cada quien, lo que le corresponda
Magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León
La historia nos lo dice: Un poder absoluto genera injusticia, un poder injusto, genera tiranía y una tiranía, a su vez, engendra la resistencia del pueblo. La narrativa histórica es testigo de que cuando el poder se concentra de manera absoluta y no se somete a los límites de la justicia, la humanidad se encuentra inmersa en ciclos interminables de opresión y sufrimiento.
Para prevenir estos ciclos, se requiere que exista un garante de la justicia, quien no se subordine a quien detenta el poder político, y que se concentre únicamente en vigilar que dichos actos administrativos, siempre estén conforme a la Constitución. En nuestro país, el Poder Judicial de la Federación es el poder público encargado de ello.
Sin embargo, recientemente se ha alzado la voz, probablemente amparado por falsos discursos, y ello ha dejado ver que en gran parte de diversos sectores sociales, existe la falsa creencia que el Poder Judicial de la Federación es una institución opaca, que no rinde cuentas, que protege a los delincuentes o que favorece a las clases adineradas.
Lo anterior dista por completo de la realidad.
La percepción errónea sobre el Poder Judicial de la Federación puede atribuirse en gran medida a la falta de comprensión de su función y estructura interna. Contrario a la creencia popular, el Poder Judicial se rige por principios de imparcialidad, independencia y transparencia.
Pero, ¿qué es la independencia judicial?
En el centro de cualquier sistema democrático, se encuentra el principio esencial de la independencia judicial. Este principio, es la columna vertebral de la justicia, establece que los tribunales y jueces deben operar sin influencias externas, garantizando así que sus decisiones sean imparciales, objetivas y basadas en la ley. La independencia judicial no es sólo un ideal; es un pilar fundamental que sostiene el estado de derecho y protege los derechos y libertades de los ciudadanos.
La independencia judicial actúa como un freno crucial contra el abuso de poder por parte de los otros dos poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo. En un sistema democrático saludable, estos tres poderes deben operar de manera independiente para mantener un equilibrio y evitar que uno domine sobre los demás. Cuando los tribunales son independientes, tienen la capacidad de revisar y cuestionar las acciones de los otros poderes, garantizando que estén en consonancia con la constitución y las leyes del país.
Y esto, es especialmente relevante en democracias presidencialistas, como la nuestra, pues no se ha desterrado la equívoca idea que el Presidente de la República debe concentrar todo el poder para “llevar a cabo los programas y acciones sociales”. No hay idea más errada que creer que sin frenos y obstáculos, un Presidente puede trabajar mejor, pues nuestro país pudiera tener un Presidente justo, pero ¿y qué tal si al día de mañana tenemos un Presidente injusto?
Debemos tener la confianza que la separación de poderes es la mejor manera de que cada quien haga lo que le corresponda, y así evitar posibles abusos de poder. La separación de poderes es un principio fundamental en un sistema democrático que busca salvaguardar los derechos individuales y mantener un equilibrio en la toma de decisiones gubernamentales. Por tanto, el Poder Judicial se consagra como un poder soberano, autónomo integrado por profesionales del Derecho que se encargan de impartir justicia, día con día a todas las personas de nuestro país, sustentando cada actuación justamente con libertad de decisión.
Y no, no existe publicidad para los logros del Poder Judicial, no se necesitan elogios, y no se vive de la popularidad de sus titulares. El Poder Judicial habla a través de sus sentencias, en donde en cada una de ellas se logra plasmar la realidad social vigente, el respeto de los derechos humanos y el avance en el pensamiento de la sociedad moderna.
¿Cómo se ve esto en la realidad?
El Poder Judicial logró visibilizar la discriminación que todas las leyes del país en materia civil mantenían, al impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo; el Poder Judicial logró obligar al gobierno federal la inmediata ministración de medicamento a personas de escasos recursos a quienes les fueron negados por “escases”. El Poder Judicial obligó a miles de Juntas de Conciliación y Arbitraje que dictaran sus fallos de manera pronta, para que trabajadores pudieran gozar de sus derechos laborales, y frenó obras públicas que pudieron haber destruido importantes ecosistemas.
El Poder Judicial es el único bastión que existe entre el Poder Público, quien crea las leyes que pueden ser injustas, y quien las ejecuta y gobierna los recursos públicos, en relación con los mexicanos.
Por ello, permitir que se debiliten las estructuras legales que inciden en la autonomía de gestión del Poder Judicial, pueden afectar gravemente la independencia judicial, ya que los jueces podrían estar sujetos a presiones externas, en donde ya no se podría garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones, y no sólo en donde participa el gobierno como autoridad demandada, sino también cuando se trata de intereses económicos de clases poderosas.
La independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad. En su ausencia, la justicia se ve amenazada y los cimientos de la democracia comienzan a resquebrajarse.
Como ciudadanos, debemos abogar por la preservación de la independencia judicial, reconocer su importancia vital y exigir que se mantenga como un principio central en la administración de la justicia. La independencia judicial es la garante de un sistema legal justo y equitativo, y su protección debe ser una prioridad constante en cualquier sociedad comprometida con la justicia y la igualdad.
Así que, podríamos tener un presidente justo, pero, ¿y qué tal si no? Por eso, para que exista justicia en nuestra sociedad, a cada quien lo que le corresponda.