Francisco García Cabeza de Vaca tiene en puerta una controversia constitucional que buscará “tumbarle” el mega-préstamo que le autorizó su bancada parlamentaria del PAN. Y ahora surge otro debate que podría llevar a la revocación de su mandato.
El Gobernador emitirá este día un decreto para restringir el uso de vehículos en las calles, de acuerdo a un listado de números de placas. La intención, dijo en un video-mensaje, es obligar a las personas a permanecer en sus casas, impedir la movilidad.
Sin embargo, el presidente del Senado, Ricardo Monreal Avila, subió a redes sociales un mensaje donde aclara que los Gobernadores no tienen facultades para restringir las garantías personales, como la libertad de tránsito.
La suspensión de garantías personales, consagradas en la Constitución general, es una potestad del Congreso de la Unión y de los Congresos locales.
En su mensaje, el presidente de la junta de coordinación política de la cámara alta del Congreso de la Unión, Monreal Avila, de MORENA, recomendó a los Gobernadores que no se les ocurra incurrir en la ilegalidad de suspender por su cuenta, estas garantías.
“La línea de los Derechos Humanos es muy delgada”, dijo Monreal, y repitió el llamado a los Gobernadores para que no se excedan en sus funciones, porque es ilegal.
El gobierno del Estado tiene un abogado general que es una eminencia en leyes, Abelardo Perales Meléndez. Si lo consultaron sobre restringir el movimiento de vehículos, debió avisarles que es una acción contraria a la Constitución.
El caso es que hoy entraría en vigencia ese decreto anunciado por Cabeza de Vaca, aunque es previsible que cualquier persona que sea molestada con ese motivo (usar su vehículo en un día no autorizado, por la terminación de números en su placa), puede inconformarse y ganar el pleito, en un juzgado federal.
Y si persiste la prohibición de circular a los vehículos por la numeración de las placas, abogados especializados en derecho constitucional, pueden armar un documento que promueva la revocación del mandato del Gobernador, por desacato a la Carta Magna.
Cabeza de Vaca tiene encima otro fenomenal pleito jurídico, porque diputados locales de MORENA, encabezados por Rigoberto Ramos Ordóñez, preparan una demanda de controversia constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ramos Ordóñez se dio a la tarea de pedirle a sus asesores jurídicos, la redacción de un documento que cumpla todos los requisitos que se necesitan para ser aceptado en la Corte, con el pedido de una controversia constitucional.
Con el documento en la mano, se ha estado reuniendo con otros diputados locales, de diferentes filiaciones partidistas, para pedirles que lo apoyen con sus firmas.
Siete diputados de MORENA que controla Edna Rivera López escucharon la propuesta de Rigoberto, pero a una indicación de ella, decidieron darle largas al asunto, con el pretexto de que harán consultas y una profunda reflexión, antes de firmar.
La realidad es que no se sumarán a la controversia constitucional contra la mega-deuda, simplemente porque están maiceados y no responden a los intereses de su partido, sino los suyos propios.
Uno de estos diputados utiliza en asuntos personales un vehículo propiedad del Congreso local, lo que da una idea de la subordinación a la que está obligado en las sesiones plenarias.
Son simplemente traidores que además, se prestan al juego de la bancada del PAN, de hacer víctima de insultos, escarnios y denuncias, a su propio compañero de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez.
Ramos está convertido en el coco del gobierno estatal, panista, porque es auténticamente independiente, reclamante, exigente, y los tucos oficiales y oficiosos, lo calumnian de todas maneras, para tratar de romperle su prestigio, seriedad y descalificarlo ante la sociedad.
Pero les sale el tiro por la culata, porque todos saben cómo se las gastan en la oficina de El Truco y del tuco mayor, Francisco García Juárez, en el manejo de estas campañas sucias.
En la nota roja, tenemos el extraño caso de un ex policía estatal que jura haber permanecido más de diez días, secuestrado en una lujosa residencia de la colonia Los Leones, en Reynosa.
Es mucha mansión para ser una casa de seguridad de delincuentes, a menos que sean de élite, coludidos con la policía especial el CAIET, especializada en asuntos gordos.
Además, el ex policía dizque fugado, tiene una herida de bala en la pierna.
En Tampico, una ex empleada de la Secretaría federal de Bienestar presentó ante la representación local de la Fiscalía General de la República, una denuncia contra quien resulte responsable.
Ella fue despedida hace más de un año, sin explicaciones ni liquidación, pero descubrió casualmente, que su sueldo siguió llegando a la dependencia y cobrado por alguien que suplantó su identidad.
En su querella, reveló que funcionarios de la dependencia federal quisieron convencerla de retirar la demanda, a cambio de la entrega del aguinaldo correspondiente a este año, pero se negó.
Pidió públicamente que el super-delegado federal, encargado de los programas asistenciales, José Ramón Gómez Leal, tome nota de su asunto, para que aplique los correctivos administrativos que correspondan.
También en Tampico, el presidente municipal Jesús Nader consiguió un importante donativo de la empresa comercial del ex presidente municipal jaibo Arturo Elizondo Naranjo, consistente en 18 toneladas en productos comestibles.
Naranjo quiso compartir este formidable apoyo con familias de otros municipios del sur, como Madero y Altamira, y fue de esta manera que cada municipio se quedó con seis toneladas de apoyos.
Chucho Nader ha conseguido otros grandes volúmenes de aportaciones que se han distribuido entre las familias de colonias precarias, especialmente despensas e insumos médicos de auto-protección contra el coronavirus.
Por cierto, la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa reportó el contagio número 275 y una defunción más por esta enfermedad, acaecida en Ciudad Victoria, para sumar diez.
Pidió la funcionaria redoblar el cumplimiento de las normas sanitarias recomendadas por los expertos, pues los siguientes diez días serán de alta transmisión de los gérmenes.
Por su parte, la senadora jaiba Lupita Covarrubias subió a redes sociales su enérgica condena por tres asesinatos ocurridos en un municipio de Hidalgo, así como el secuestro de un niño, y exigió la intervención del gobierno estatal.
Acusó que hay vacío de poder en el ámbito de la persecución de delincuentes y llamó a los ciudadanos a denunciar las omisiones de las autoridades del sistema de seguridad y justicia, en asuntos que son de su competencia.
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