“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”…

José María Morelos

He perdido la cuenta de cuantas carpetas de investigación ha abierto el Gobierno del Estado contra ex funcionarios cabecistas.

Lamentablemente, hasta ahora salvo dos casos judicializados penalmente contra dos ex Secretarios– lo que no es garantía de que las denuncias vayan a prosperar– esas acciones han sido en sus resultados fuegos artificiales. Brillan y hacen ruido, pero casi nunca lastiman a nadie.

No es porque los indiciados sean considerados de antemano inocentes ni mucho menos. Pesa sobre ellos un mar de anomalías cometidas en sus funciones que de ser probados ameritarían castigos ejemplares. Tal vez hasta la prisión.

¿Cuál puede ser la causa de este magro balance?

La posible respuesta no nace de una simple especulación o de un pretendido análisis. Surge de una verdad histórica que los jueces han puesto sobre la mesa desde la noche de los tiempos y que actualmente resuena con mayor fuerza en la voz de la Magistrada Loretta Ortiz, quien en defensa de su trabajo y el de sus pares, dejó caer casi como una sentencia su percepción:

“Muchos de los errores achacados a jueces, ministros y magistrados, son errores de las fiscalías y los ministerios públicos”.

¡Touché!, diría un espadachín francés.

Es una verdad tan grande como una catedral, en la que deben tomarse en cuenta los orígenes de esos errores.

Uno de ellos es la incompetencia profesional, que si bien es un lastre, no se compara en los daños que genera con la otra causa: Las complicidades.

En este escenario, la pregunta es por qué no han procedido los alegatos jurídicos del Gobierno del Estado contra los cabecistas que abusaron de su puesto y facultades. ¿Ha sido por incompetencia o por complicidad?

Cualquiera de las dos posibilidades es preocupante, pero la que quita el sueño es la segunda: Los compromisos –muchos de ellos inconfesables– de los MP, directores y fiscales que deben alimentar jurídicamente a los jueces. Y precisamente es a donde apunta la muy sospechosa postura de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas: Sí, a las complicidades.

Contra eso lucha Tania Gisela, la abogada del Estado. Es y seguirá siendo una especie de trabajo de Hércules remar contra esa corriente y hasta ahora todo indica que los villanos van ganando.

En resumen, es evidente que urge fortalecer el área jurídica del gobierno estatal ante la perversidad de los adversarios.

De no adoptar estrategias más contundentes en sus litigios sucederá lo que un día el renombrado y ya desaparecido columnista Guadalupe Díaz Jr. le dijo al entonces gobernador Emilio Martínez Manautou, sobre la falta de castigo a servidores públicos en su administración:

¿De qué sirve sacarles un chipote si no es chipote con sangre?

No queremos los tamaulipecos ver sangre. Queremos ver que se aplique la justicia y no ver luciendo amplias sonrisas a quienes saquearon a Tamaulipas..

EL FILÓN DE ORO POLÍTICO

En lo particular considero un beneficio para Victoria la reelección de Eduardo Gattás en la alcaldía capitalina.

En las difíciles circunstancias económicas y sociales que vive este municipìo y en general el Estado, el conocimiento pleno de dónde le duelen y donde le favorecen a esta región las acciones de sus autoridades es un filón de oro político. El que Lalo identifique al dedillo la ruta que debe seguir es una fortaleza que será muy útil para mejorar las condiciones de vida de los residentes.

Tiene Gattás un activo valioso en varios de sus colaboradores que con su trabajo lo ayudaron a llegar a un segundo ciclo como jefe de comuna. Su lealtad ha sido comprobada sobradamente y seguramente el alcalde los valorará con justicia…

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