Importante reunión celebramos hace unos días, en relación con las auditorías cooperativas de cumplimiento de transparencia, rendición de cuentas e Inclusión en el uso de fondos de emergencia por COVID-19, dentro de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI- IDI, y OLACEFS, con representantes de instituciones de fiscalización superior, como la ASF de México.
Dicha reunión fue presidida por la IDI, OLACEFS Y LA ASF de México, por su carácter de Presidente del grupo de trabajo de Auditoría de Desastres, Pandemias y Epidemias, al que se han incorporado 15 entidades de fiscalización, miembros de OLACEFS.
Es claro que estamos viviendo una crisis de salud sin precedentes, la cual ha afectado a tenido un costo un humano, en vidas, familias destruidas y en la economía en un mundo de desigualdad y pobreza, donde unos cuantos tienen todo y la mayoría de las personas nada. La desigualdad de oportunidades, entre las naciones, las regiones, los países, las ciudades, las familias y las personas es una realidad. La pobreza y la desigualdad no necesitan medirse, sobran diagnósticos y datos, lo que, si es combatirlas, atacando la impunidad y la corrupción, con medidas de control y auditoría que eviten que los recursos escasos sean mal usados.
De los casi 60 millones reportados de COVID 19 en el mundo, más del 20 por ciento corresponde a nuestra región, donde se han agudizado las marcadas desigualdades, igual que los ciudadanos que viven en la miseria, lo cual llevará a un decrecimiento regional de menos 9.1 por cierto según CEPAL. Claro como en la crisis financiera y fiscal de 2009, vendrá un “efecto de columpio”, en cada país, sean de sistema federal o unitario, igual que en países de diferente nivel de desarrollo y demográfico.
Para hacer frente a este reto sin precedentes, los gobiernos han adoptado distintas medidas, como decretos de compras directas de insumos médicos y la asignación de una importante cantidad de recursos para evitar el colapso de los sistemas de salud, además de implementar paquetes de estímulos y transferencias sociales de emergencia. Por ello dos temas han surgido, revisar las medidas preventivas para amortiguar el efecto de fenómenos naturales como las inundaciones y el impacto de los fenómenos biológicos, así como revisar el uso de la ayuda internacional en especie y en dinero, para lo cual resulta efectiva la iniciativa de IDI.
Los gobiernos han gastado y ejercen un importante porcentaje del gasto público con rapidez ante la emergencia, aunque la experiencia nos indica que los riesgos de malas asignaciones, irregularidades y corrupción hay que evitarlas.
La IDI de INTOSAI ha propuesto realizar una auditoría cooperativa de cumplimiento sobre la transparencia, rendición de cuentas e Inclusión en el uso de los fondos de emergencia para el COVID 19, Sus resultados nos permitirán obtener insumos para las EFS, como actores principales de los procesos de fiscalización de la gestión de las emergencias.
Para OLACEFS y por tanto para la ASF, lo anterior resulta de gran relevancia ya que coincide con el Plan de Acción COVID 19 del Grupo de Trabajo de Gestión de Desastres, el cual prevé la realización de auditorías regionales para fiscalizar la respuesta gubernamental a la pandemia.
Por ello la ASF, la institución de fiscalización superior de nuestro país, con la presidencia del Grupo de Trabajo de Gestión de Desastres de OLACEFS, se ha unido con entusiasmo a esta iniciativa global, que requiere fortaleza tecnológica, como la auditoría a distancia, con la inclusión de auditorías en tiempo real, utilizando las herramientas digitales, como las que se acaban de aprobar con las auditorias digitales, por el Congreso de la Unión -Cámaras de Diputados y Senadores- en un hito histórico, por unanimidad en ambas, lo cual fortalecerá sin duda, la eficacia de la fiscalización superior por parte de la ASF.
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