El auge de la migración de retorno por crisis económica y el endurecimiento de la política antinmigrante, hace que el retorno sea parte del proceso al cual no se le había dado la importancia y atención que requería. En el caso mexicano, entre 2005-10 la migración de retorno sumó la cifra récord de 825 mil personas, volumen que triplica el retorno 2000-05.
El flujo de migrantes centroamericanos en tránsito por México, que se dirige a los Estados Unidos es altamente vulnerable y expuesto a peligros entre los que destacan el accionar de bandas de narcotráfico y tráfico de personas, y por la debilidad de la política e intervención de México, la que en su formulación se sustenta en enfoque de derechos, pero no se aplica.
Un aspecto que ilustra este contexto de riesgo y vulnerabilidad, es el aumento significativo de menores de edad no acompañados en el flujo en tránsito por el país, aspecto de relevancia, sobre el cual hay que ir más allá de discursos pues es una crisis humanitaria. Es un grave problema originado por la masiva huida de lugares de origen, por violencia, pobreza y exclusión social, y por política de contención que obliga a migrantes centroamericanos, entre ellos niños y adolescentes, a cruzar por México, exponiéndose a riesgos por cruce y tránsito irregular.
El efecto de la política antiinmigrante con deportación masiva que implementa el gobierno norteamericano a partir de la segunda mitad de la década pasada provocó que de 2007 a 2016 se deportara 2.6 millones de mexicanos y 840 mil centroamericanos, representan 93% del total, lo que ilustra la focalización de la política de deportación en la población de origen mexicano y centroamericano.
La discriminación social y étnica que sufren migrantes centroamericano y mexicano la reconoció Obama, “el racismo es una fuerza poderosa que divide a la sociedad norteamericana”, afecta a latinos, centroamericanos y mexicanos en particular. La etnoestratificación de la ocupación y el empleo, la segregación social y la discriminación étnica, son evidencia de la racialización de la desigualdad social y de la estructura de clases que caracteriza a la sociedad norteamericana.
La migración de nicaragüenses a Costa Rica y en la región México-Guatemala, configuran marco de vulnerabilidad social y demográfica, en especial en derechos humanos y reproductivos. Hay una amplia gama de modalidades entre las que destacan migraciones transfronterizas, de trabajadores y trabajadoras temporales, de transmigrantes, y en el caso México-Guatemala, flujo importante de migrantes hacia Estados Unidos.
La población migrante enfrenta situaciones graves de discriminación y violencia que ponen en riesgo su salud, incluyendo enfermedades de transmisión sexual. Estas regiones son zonas de atraso económico y social. La población móvil enfrenta condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad social, y condiciones políticas y legales que limitan y violentan sus elementales derechos humanos, sociales y laborales. Están en zonas bajo el mando de bandas delincuenciales a las que las autoridades han dado el poder de extorsionar y de matar. Están en una lamentable situación de abandono e indefensión internacional.
Más de 13 mil menores de edad han sido repatriados durante los últimos 8 años por autoridades estadunidenses sólo a través de Reynosa.