La evolución del Estado, aunque menos dinámica que la de las sociedades en las que se inserta, ha sido natural en las instituciones humanas que pretendan trascender a las personas que las conformaron. AsÃ, la creciente complejidad cuantitativa y cualitativa de las comunidades humanas, ha requerido que las funciones del Estado sean cada vez más especializadas, y que la coordinación entre órganos de naturaleza técnica con los de naturaleza polÃtica, sea una condición necesaria para el desarrollo democrático y su proyección en el desarrollo.
La idea ilustrada de la soberanÃa popular como el núcleo legitimador de cualquier democracia, sin importar la forma de gobierno, y con diversos arreglos institucionales de acuerdo con la tradición histórica y la cultura de cada paÃs, conduce a que haya autoridades encargadas de emitir normas generales y abstractas que deben ser obedecidas por la comunidad (legislan), otras que se encargan de hacer cumplir esas normas además de construir polÃticas públicas que atiendan los problemas y mejoren las condiciones de vida de la población (administran) y otras más que resuelven controversias, ya sea entre particulares, o entre el propio gobierno y aquellos (juzgan). Estas funciones no son las únicas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y para tender a la construcción del programa polÃtico de los pueblos; se han ido completando con otras entidades del estado, que, con sus diversos mecanismos para su conformación, lo fortalecen.
Una de las funciones esenciales del Estado que ayuda a la consecución de las demás, es la fiscalización superior. No es extraño que el primer antecedente que se tiene de lÃmites al poder absoluto de un monarca -un proto constitucionalismo en cierto sentido-, haya tenido como última razón la fiscalización de los recursos, en ese caso, del reino de Inglaterra.
La Carta Magna, impuesta al Juan sin Tierra en 1215 por la nobleza feudal, limitaba la autoridad del monarca sobre los bienes y las tierras, evitando confiscaciones arbitrarias, además de un incipiente control sobre sus decisiones en materia de impuestos. Desde antes del surgimiento del Estado Nación moderno, entonces, las personas han sabido que en el control de los recursos está el lÃmite más tangible del uso del poder.
Hoy en dÃa, fiscalización superior es una materia altamente desarrollada, con una riqueza conceptual y práctica que se nota en todas las entidades superiores de fiscalización; esto es órganos encargados del control externo, sean auditorÃas, contralorÃas generales, cámaras de cuentas o tribunales, alrededor del mundo.
En México, la vigilancia del uso de los recursos públicos está inscrita en un sistema de equilibrios que busca eficientar la operación del Estado, previniendo actos de discrecionalidad, ineficiencia y posibles irregularidades por parte de los funcionarios públicos.
Esta labor está conferida, por mandato constitucional, a la Cámara de Diputados a través de la AuditorÃa Superior de la Federación, que en su carácter de órgano técnico especializado está dotado de autonomÃa técnica y de gestión en la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier operación que implique recursos públicos federales.
La función de fiscalización se ejerce conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que las observaciones que realiza son acciones finales y las dependencias públicas están obligadas a responder por ellas. En ese entendido, las acciones estratégicas que se realizan en la AuditorÃa Superior de la Federación impactan en el mejoramiento de la administración pública en todas sus esferas de competencia a nivel federal, estatal y municipal, pues aporta elementos fundamentales para aumentar la calidad del gasto de los recursos presupuestales, asà como transparentar y hacer pública la gestión de las entidades.
Con base en las mejores prácticas, el arduo trabajo técnico y neutral que se ha realizado en la AuditorÃa Superior de la Federación, se ha podido consolidar la labor de fiscalización mediante el uso de herramientas técnicas e informáticas como las TecnologÃas de la Información y la Comunicación, asà como la Inteligencia Artificial para que se integren a las labores de auditorÃa, con la finalidad de facilitar el acceso y el análisis de la información, fortalecer la calidad, eficiencia y cobertura de las propias auditorias.