Está en marcha un proceso de reestructuración, extinción y reorientación de los fideicomisos del Gobierno federal, y ha suscitado una serie de preguntas que buscaré resumir.

¿Qué es un fideicomiso? “Es un contrato donde una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en el suyo propio” (INAI). Los tres poderes y órdenes de gobierno, así como los órganos autónomos del Estado mexicano disponen de diversos fideicomisos.

¿Por qué los gobiernos acuden a los fideicomisos para administrar o ejercer recursos públicos? Por los beneficios que se obtienen en términos de flexibilidad, simplificación y utilidad administrativa, fiscal y financiera, en relación con los procedimientos ordinarios con que se ejerce el gasto público.

¿Sus principales desventajas? La discrecionalidad, la opacidad y la falta de transparencia con que se ejercen los recursos (los cuales pueden ser públicos o una combinación de públicos, privados y sociales) al amparo del secreto fiduciario.

“Bajo la figura del secreto fiduciario se reserva de manera indefinida el acceso a información sobre todo tipo de operaciones fiduciarias sin distinguir si se trata de clientes/usuarios, particulares/dependencias, recursos privados/ públicos” (Fundar).

¿Cuántos fideicomisos existen actualmente? Al cierre del cuarto trimestre de 2019, la SHCP reportó 336 fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, distribuidos en seis áreas temáticas: subsidios y apoyos, 121; apoyos financieros, 113; infraestructura, 41; prestaciones laborales, 33; pensiones, 23, y estabilización presupuestaria, 5.

¿A cuánto asciende el monto de los recursos públicos depositados en estos 336 fideicomisos? En cifras cerradas (todas en millones de pesos), en 2015 fueron 531 mil; en 2016 subieron a 582.5 mil; en 2017 hubo un salto a 736.8 mil; en 2018 crecieron otra vez a 878.7 mil, y en 2019, ya en la actual administración, regresaron al nivel de 2017, con 740.3 mil.

¿Desde cuándo existen estos fideicomisos? El 80 por ciento de ellos fueron creados durante las tres últimas administraciones federales, es decir, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¿Se busca extinguir todos los fideicomisos y fondos existentes? No, únicamente 109, que suman 69 mil mdp, en su totalidad o mayoría de origen público. Aquellos cuyos recursos provienen de donaciones, aportaciones privadas o del exterior no tendrán modificación. Igualmente, no se extinguen los fideicomisos creados por ley ni los destinados a prestaciones laborales. Tampoco los más de 500 de que disponen los gobiernos estatales y municipales.

¿Qué pasará con las personas beneficiarias de los fideicomisos extintos? Estudiantes, científicos investigadores, deportistas, cineastas, artistas, actores, braceros, jubilados, campesinos, periodistas y víctimas de violaciones de derechos humanos seguirán recibiendo sus beneficios, sólo que ya no a través de un intermediario fiduciario (que encarece hasta en un 30 por ciento la operación de entrega y dispersion de recursos), sino directamente de la Tesorería de la Federación.

Austeridad y rendición de cuentas son los dos pilares de esta reforma fiduciaria de gran calado.

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