La estrategia de Peña Nieto no frena los homicidios violentos. La cifra rompe record por el crecimiento de la estructura criminal y enfrentamiento entre cárteles por el control de la producción y comercialización de estupefacientes y las plazas del país. La impunidad, la corrupción del Estado y su consecuente debilidad, dejan a la sociedad en estado de indefensión. La clase rica contrata seguridad.

La guerra contra el narco que inició Calderón en 2006 fracturó los cárteles del narcotráfico en múltiples grupos los que en respuesta al ataque diversificaron su actividad criminal hacia el secuestro, extorsión, atraco, robo, despojo, entre otros. Calderón dejó 121,683 muertes violentas (Inegi), aunque la cifra real es más elevada.

La violencia y las muertes vinculadas a la impunidad de las redes del narcotráfico con Peña Nieto rompen su propio récord. Acumula de enero 2012 a septiembre pasado, 107 mil 696 víctimas; la cifra real se desconoce. El gobierno federal es incapaz para investigar, detener y desactivar la base criminal, lo que permite el crecimiento de la estructura del narcotráfico y del crimen organizado. Los estados con mayor número de muertes son México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Baja California y Guanajuato. El riesgo es que México pase de la violencia endémica y se vaya al umbral más grave, el conflicto. La sorpresa es que Tamaulipas no aparezca en esta estadística a pesar de la violencia que impera en la frontera chica con asiento en Reynosa.

Los adinerados contratan empresas de seguridad privada para protegerse y a sus negocios, pero los ciudadanos están desprotegidos. Los grupos de autodefensa aparecieron en los municipios donde la brecha entre pobres y ricos es mayor, como solución a la violencia. Hartos de policía corrupta, los civiles se organizaron en grupos de autodefensa para reemplazarla, lo que aceleró la descomposición de la seguridad en México al proliferar pistoleros que actúan con impunidad. En la área rural donde surgieron grupos de autodefensa, el centro del poder se acercó más a los más ricos, sean narcotraficantes, dueños de explotaciones agrícolas o empresas extractivas de recursos naturales, minas e hidrocarburos. Lo cierto es que los ricos no pierden en sus inversiones y la clase media y los pobres están en situación de indefensión.

Respecto a más desastre, aunque de carácter natural, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció ajustes al proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, para hacer frente a las necesidades económicas de la reconstrucción ante el daño de los sismos de septiembre. Se da continuidad a programas sociales para los mexicanos con más necesidades.

El programa de finanzas destinado a la reconstrucción es una versión social del Fobaproa. El bono cero significa mayor deuda interna a un plazo de 20 años. Permite obtener hasta dos millones de pesos en crédito para reconstruir viviendas con interés de 9% anual, lo que obliga a pagar 17 mil pesos por mes. El capital lo paga el gobierno con los impuestos de todos, absorbe deuda que permite a la Banca hacer negocio. Fue la ciudadanía la de los rescates en el desastre; los ciudadanos pagan por la revisión de su inmueble, los mexicanos absorben el endeudamiento de la reconstrucción, es la sociedad con el pago tributario la que pone los recursos necesarios para que el Estado Mexicano cacaree un huevo que ni siquiera pondrá.

Y en cuanto a desastre administrativo por manoseo de dinero, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, ordenó a Banobras resolver si rescinde el contrato por el cual Caminos y Puentes Federales (Capufe) opera 54 autopistas, carreteras, puentes y libramientos, y conminó a la Secretaría de la Función Pública a definir si existe responsabilidad de funcionarios de Capufe por el manejo indebido de ingresos por cobro de telepeaje. El juez concedió amparo a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que busca rendición de cuentas sobre el telepeaje en la red carretera concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo fiduciario es Banobras. Capufe está obligado a entregar los ingresos por telepaje a Banobras, pero desde 2015 arrastra una deuda de mil millones de pesos