México es un país en el que abundan planes y proyectos, estrategias y líneas de acción, pero se caracteriza por ser “de reacción” a los acontecimientos y en muchas ocasiones, lamentablemente, esta reacción es tardía.

El ejemplo ardiente es la manera insidiosa en que el crimen organizado penetró la sociedad mexicana sin que lo percibiéramos hace dos décadas. Desde esa época, de manera aislada algunos medios de comunicación señalaban que el grupo “mara salvatrucha” se posicionaba en el país al amparo de las constantes caravanas de vehículos que ingresaban por la frontera norte de Tamaulipas y cruzaban el país con destino a Centroamérica.

En nuestras ciudades, aun notando que surgían nuevos ricos a los que no se les conocía trabajo, posición en política o herencia para justificar esa riqueza, como sociedad con interés en la vida honesta, no reaccionamos. Años después, cuando la extorsión, el asalto al estilo “viejo oeste” las carreteras, el despojo de propiedad, los “levantones”; los asesinatos y los secuestros se adueñaron de Tamaulipas, reaccionamos para intentar saber qué es lo que en México sucedió.

La expansión del crimen organizado y surgimiento de las bandas delincuenciales encontró en muchos sectores de la sociedad mexicana un gran aliado. La avaricia por enriquecerse sin importar el medio llevó al crimen organizado a empresarios, a la Banca, políticos y gobernantes; a miembros de la clase media.

La pobreza, la falta de escolaridad para desarrollar un empleo, la desintegración familiar que no permite formar una cultura sobre la base de aprecio de los valores universales es un semillero de “carne de cañón” pues en el país, más de la mitad de la población está sumida en la pobreza. La violencia en escuelas y entre miembros de comunidad educativa es de alarman en México.

19 millones de niños de primaria y secundaria, (quién sabe cómo los contaron) han sido víctimas de violencia o acoso escolar, factor que especialistas en psicología educativa, asesoría legal y gestión de crisis y seguridad, señalan como la causa que comenzó a detonar grados de violencia no vistos en el entorno educativo del país.

La Fundación Logistics, reveló que un estudio del FBI muestra que 71% de los estudiantes que cometieron ataques con armas de fuego en colegios de ese país, eran menores víctimas de bullying y aunque muchos chicos habían expresado estas conductas, sólo un tercio recibió atención psicológica.

Se desestimaron sus quejas, sus filiaciones suicidadas y sus planeaciones de ataques. Una cuarta parte de estos chicos tenía historial de abuso de alcohol y drogas, cifras que el FBI obtuvo del análisis de 37 ataques en escuelas ocurridos de 1974 a 2002.

La falta de capacitación de directivos, profesores, padres de familia y alumnos, en herramientas para identificar el contexto psicológico y el entorno de los actores escolares para detectar y prevenir hechos de violencia antes de que ocurran, impide actuar para modificar una conducta que se muestra antisocial.

Paralelo a la detección temprana, es vital que las escuelas cuenten y apliquen mecanismos efectivos para sancionar estudiantes involucrados en conductas violentas dirigidas en contra de otros estudiantes, de maestros y autoridades escolares. Muchos colegios evitan ejercer sanciones oportunas pues la sobrerregulación legal impide que se apliquen mecanismos de coerción, así como por amenaza de demanda por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre estos el de la educación, que hacen los padres de familia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) midió en 2015 la violencia en las escuelas. México ocupa el primer lugar en bullying a nivel regional con 19 millones de estudiantes de primaria y secundaria sido víctimas de violencia y acoso escolar.

El estudio reveló que 45% de los estudiantes han sido víctimas de violencia verbal, sicológica, física y en redes sociales, 40% dijo que al menos en una ocasión ha sido víctima de acoso escolar, y 25% dijo recibir insultos y amenazas de otros compañeros.

Especialistas en seguridad y gestión de crisis, consideran fundamental que las escuelas cuenten con entrenamiento para enfrentar eventos de violencia. Se requiere la participación integral y coordinada de todos los integrantes de la comunidad estudiantil y del gobierno, el fomento de la cultura de la seguridad, la capacitación a escuelas, alumnos y padres de familia y la detección temprana de los signos de alerta.

Implementar controles para detectar armas, incluyendo redes sociales, actualización de las normas internas de cada institución, mantener una comunicación eficiente a todos los niveles, generar líneas de ayuda y orientación y motivar la denuncia ética en los estudiantes para ubicar signos de riesgo entre sus compañeros