El incremento en el número de personas mayores es una tendencia mundial que influye de manera muy importante en la economía, planificación del desarrollo, políticas sociales, familias, comunidades, ciudades y localidades indígenas. Social y económica, es la transformación más importante de esta época.

La población menor de 15 años de ser más del 30% de la población pasará a menos de 20% en 2050. El descenso de la mortalidad generó aumento de la proporción de personas mayores de 6% en 1965 y 12% en 2017. En 20 años este grupo de población sobrepasará a la de menores de 15 años. La población de 60 años y más es de 76 millones de personas, será de 147 millones de personas en 2037 y 264 millones en 2075.

Estos fenómenos demográficos exigen adaptarse en un entorno de subdesarrollo que no logra erradicar la desigualdad y carece de infraestructura institucional en materia de protección y ejercicio de derechos humanos. Los actuales problemas que afectan a la población adulta mayor tendrán efectos en una sociedad escasa de recursos. Sin previsión, cuando los aspectos del envejecimiento y las personas mayores sean visibles, la asignación presupuestaria afectará a todos los grupos sociales. La idea de una sociedad para todas las edades se remonta al Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en Copenhague 1995. Implica que cada persona, con sus derechos y responsabilidades, tiene función activa que desempeñar en su comunidad lo que refuerza la perspectiva de que las generaciones presentes y futuras tienen derecho a la igualdad y la justicia social.

El rápido envejecimiento de la población trae múltiples desafíos y exige acciones que garanticen la distribución justa de recursos para responder adecuadamente a las necesidades de todos los grupos de edad. La efectiva inclusión de personas de edad se relaciona con la equidad en el acceso a servicios y beneficios sociales y económicos, así como con la garantía de sus derechos.

Hay que eliminar barreras físicas y simbólicas entre niños, adultos y personas de edad, y facilitar el contacto y la comunicación entre ellos. Actualmente las familias y sus miembros pasan parte de su tiempo en lugares diferenciados por edades y se prevé que una proporción elevada de personas termine su vida sin apoyo. Es fundamental avanzar hacia sociedades que cuiden al adulto. Instituir políticas que frenen el crecimiento del número de personas dependientes por razones de salud; fomentar el envejecimiento sano, la prevención de accidentes y la rehabilitación de toda enfermedad, lo que obliga a modificar prácticas obsoletas y unir esfuerzos en estrategias que capaciten y motiven a la persona de edad para continuar activa en su familia y comunidad en lo económico y lo social.

Al aprobar la Protección de Derechos Humanos de la Persona Mayor en 2015 en la Convención Interamericana el continente avanzó, sin embargo la discriminación de la persona mayor es tarea pendiente pues se manifiesta en la diferenciación en el trato, negación de derechos, uso de imágenes estereotipadas o vejatorias de quienes componen este grupo social. Persiste una imagen social negativa del envejecimiento y las personas mayores porque se relaciona el envejecimiento con dependencia, rezago o categorías socialmente disfuncionales, lo que refuerza las percepciones negativas hacia las personas de más avanzada edad.

Insistir que en la vejez hay desventajas o pérdidas, invisibiliza la existencia de una población que tiene experiencia, goza de salud y conocimientos. Es fundamental eliminar obstáculos creados socialmente con el fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas. En el mundo, la familia es la fuente de seguridad y protección. Estas funciones deben ser apoyadas por el Estado a través de mecanismos que fortalezcan la capacidad familiar de decidir cuál es la mejor opción ante la necesidad de cuidar a los miembros de más avanzada edad.