EN SEGURIDAD, VAMOS DE MAL EN PEOR
El secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, regresó a Tamaulipas para encabezar una reunión del gabinete de seguridad efectuada en Reynosa donde se evaluaron las acciones en la materia, emprendidas por las instancias federales y estatales.
Días antes, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, había puesto en la agenda pública el tema del financiamiento de la delincuencia, planteando que mientras no se ataque ese aspecto, muy difícilmente podrán verse resultados de fondo en el combate al delito.
Por esa razón, Osorio se vio obligado a tocar el punto, al asegurar que su lucha comprende la detención de los famosos objetivos principales, así como sus actividades logísticas, pero también en lo relativo al tema financiero. Algo que sonó más como un discurso obligado, que como una estrategia que se haya aplicado.
Dio la impresión que ese tema no forma parte de las actividades gubernamentales, pese a que es elemental llevar a cabo acciones de ese tipo, pues a simple vista se nota que los grupos de la delincuencia tienen sobrados recursos para financiar sus actividades, mientras que las autoridades policiacas tienen presupuestos muy limitados, incluidos los salarios de los elementos que arriesgan su vida para tratar de contener la ola de violencia que ya es endémica en Tamaulipas.
El encargado de la política interna y la seguridad fue tajante al anunciar que no aumentará la presencia de Fuerzas Armadas y por lo visto tampoco habrá cambios sustanciales a la estrategia general, aunque si comprometió algunos apoyos para acciones de inteligencia, que sería lo único novedoso que trajo Osorio.
Al respecto, el procurador General de la República, RAÚL CERVANTES, remarcó que el gobierno federal trabaja en labores de inteligencia para detectar y evitar el lavado de dinero.
Pero fuera de ahí, la impresión generalizada que dejó el titular de SEGOB a su paso por la entidad, es de que vino con las bolsas vacías, por lo tanto, no podemos esperar un impulso extraordinario de la Federación en el combate a la inseguridad.
Todo lo anterior, pese a que la ola de violencia sigue creciendo y no obstante las millonarias sumas presupuestales invertidas durante los últimos años.
Hace dos años precisamente, el secretario Osorio Chong, visitó Tamaulipas para anunciar el relanzamiento de la estrategia de seguridad en Tamaulipas, junto al entonces gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y, a la fecha, dicha “estrategia” no da hado resultados y para comprobar esto no se necesita mayor explicación.
Es muy difícil pensar en que se puede creer o tener confianza en los dichos del gabinete de seguridad y del Grupo de Coordinación Tamaulipas en cuanto a la nueva fórmula que piensan aplicar para tratar de detener la delincuencia organizada, y, si decimos esto, es porque ya cuántas veces antes han venido a Tamaulipas las autoridades responsables de brindar seguridad a los tamaulipecos y el resultado ha sido el mismo: las cosas van de mal en peor.
LA ECONOMÍA ESTATAL VA EN PICADA
Una consecuencia de tantos años de violencia es que la economía de Tamaulipas va en picada.
Lo peor del caso es que las autoridades no parecen tener conciencia de ello, porque no existe en plan de largo plazo encaminado a poner punto final a la interminable crisis de inseguridad, revertir los daños propinados a los sectores productivos y reencauzar a la entidad por la ruta del desarrollo.
En ese sentido, el ex presidente de la COPARMEX en Victoria, JORGE PENSADO ROBLES, manifestó en reciente entrevista que se deben brindar condiciones a los inversionistas para que se queden en la entidad y, para que resulte atractivo invertir en Tamaulipas, se requiere dar garantías a los inversionistas, para el retorno y crecimiento de su capital.
Pensado, quien además es presidente de la mesa de seguridad en Ciudad Victoria, recordó datos de la ONG ¿Cómo vamos México?, misma que en su semáforo económico señala que Tamaulipas se encuentra en los últimos lugares de crecimiento económico, pues “… decreció su economía en el 2016 1.1% y en el último trimestre del 2016 decreció 3.7%. Se cree que es por el impacto de la baja en el precio del petróleo, de la baja en la actividad petrolera y por la inseguridad”.
Con base en estimaciones personales, además de los informes oficiales, el empresario victorense advirtió que en este 2017 tampoco habrá crecimiento económico, e incluso “mi impresión personal es que va a ser negativo el crecimiento económico en el 2017”, remató.
Lamentablemente esa es la percepción generalizada de la población económicamente activa de la entidad, la cual desearía que los esfuerzos que a diario realiza, fueran respaldados por gobiernos fuertes y dinámicos, cercanos a las necesidades de los tamaulipecos para que, en una suma de esfuerzos, regrese Tamaulipas al camino del desarrollo y bienestar al que todos aspiramos.
SEGUNDA RENUNCIA EN MENOS DE UN AÑO
El Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, designó a la ingeniera MARÍA GABRIELA GARCÍA VELÁZQUEZ, como representante del gobierno estatal en la capital del país, con vigencia a partir de mañana lunes 22 de mayo.
MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, Subsecretaria de Egresos, quedará como encargada de despacho, mientras el ejecutivo estatal decide quien de sus colaboradores se hará cargo de la dependencia.
La de María Gabriela, es la segunda renuncia en menos de un año.
Algo no marcha bien en la secretaría de finanzas, pues pese al tiempo transcurrido desde que la funcionaria se hizo cargo de esa estratégica oficina, los recursos no fluyen, siendo tan indispensables para que el gobierno se ponga en operación y cumpla funciones vitales como atender las necesidades sociales.
En el caso de María Gabriela, ella no supo responder a la encomienda que le fue conferida por el gobernador y, sin querer culparla del todo, el clamor generalizado de la sociedad tamaulipeca, es la mala situación económica que priva en el Estado y reflejada en falta de circulante en las calles, y de lo cual seguramente la encargada de los dineros en Tamaulipas, tiene mucho que ver.
Ojalá que quien venga a sustituirla entienda que no puede “ahorcar” al comercio tamaulipeco al retener el dinero que es precisamente de los tamaulipecos.
Igual se puede hablar del presupuesto de obras públicas, como el dinero para la compra de medicamentos, cuya carencia actualmente provoca a los hospitales del sector salud reclamos constantes, porque en las unidades médicas no tienen para tratamientos tan vitales como son la diabetes, hipertensión y demás enfermedades crónico degenerativas.
En ese mismo aspecto, el Centro Oncológico de Victoria, lleva meses sin proporcionar los materiales de curación, sustancias y medicinas requeridas para el control del cáncer, obligando a los pacientes y sus familiares a comprar todo cuanto sea necesario para mantener a raya sus padecimientos.
Sabemos de los recortes presupuestales y restricciones administrativas que han limitado la acción gubernamental, pero es muy diferente aplicar medidas de austeridad y racionalidad, así como una adecuada orientación del gasto, a llevar las limitaciones al cierre total de las ventanillas dispersoras del gasto, pues sin éste simplemente el gobierno no funciona, ni cumple con los objetivos sociales que justifican su existencia.
DIPUTADOS NO SABEN LO QUE APRUEBAN
El abogado penalista, e investigador especializado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, JUAN JORGE OLVERA REYES, ha puesto en ridículo a los diputados del Congreso Local, al manifestar con sólidos argumentos, que las reformas al Código Penal publicadas en el Periódico Oficial del Estado del pasado 21 de abril, son anticonstitucionales.
Y aporta una serie de alegatos que por segunda ocasión ponen en serio predicamento a los representantes populares, que no hacen muchas cosas y las pocas que hacen las hacen mal. ¿En que están los diputados? ¿Porqué no saben lo que aprueban?
Sostiene este litigante de profesión, que el Congreso tamaulipeco hizo modificaciones a las penas para algunos delitos como extorsión y algunos casos de robo agravado con violencia, pero con tan mal tino, que las autoridades judiciales se ven obligadas a dejar en libertad a los acusados bajo el nuevo sistema de justicia penal, lo que se contrapone con lo establecido en la Constitución General de la República.
Al ser una reforma inconstitucional, los abogados pueden impugnar fácilmente los cargos contra sus defendidos, a través de juicios de garantías.
Así lo dijo textualmente: “Contradicen la Constitución y contradicen el Código Nacional de Procedimientos Penales; es una norma inconstitucional, rebasa lo establecido por la Constitución y el propio ordenamiento procesal…”.
Y explicó que los legisladores queriendo dar respuesta a las demandas ciudadanas, endurecieron las leyes, pero no se fijaron que con ello violentaron principios Constitucionales, por lo que recomendó a los diputados buscar asesores para que puedan expedir reformas efectivas, que realmente atiendan reclamos de la sociedad y no trabajar con desconocimiento de la ley.
Aunque a los diputados no solo les hace falta estudiar y asesorarse, también necesitan salir al encuentro de la gente que vive los problemas y consultarla acerca de sus vivencias, pues de otra manera jamás podrán empaparse de la forma en que la gente padece los delitos, y la forma en que los litigantes logran evadir la acción de la justicia, valiéndose precisamente de vacíos legales como los referidos.
Tenemos el caso del Sistema Estatal Anticorrupción que actualmente cursa el proceso legislativo con un tratamiento tan ordinario como si se tratara de un asunto menor, debido a que los diputados liderados por el coordinador CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, se ha negado a convocar a una consulta popular abierta, democrática y plural, a fin de que la gente del pueblo y especialistas aporten sus experiencias y deseos de cómo quisieran que funcione el sistema que pronto será una realidad en Tamaulipas.
Peticiones en ese sentido han sido reiteradas y la más constante es la de COPARMEX Victoria, que en voz de LUIS TORRE ALIYAN ha solicitado apertura para sus presentados y el legislador ni siquiera se ha dignado dar una respuesta al representante empresarial. En este caso, ni el derecho de petición ha sido atendido.
El silencio del diputado hace suponer a la COPARMEX y a los observadores que no hay voluntad de apertura y que el propósito es sacar el proyecto como se dice “a rajatabla” para que nadie se entere de lo que están tramando los diputados hasta que las leyes y reformas se hayan aprobado, sin incluir los aspectos y matices por los que ha luchado la COPARMEX a nivel nacional.
El 18 de julio vence el plazo para concluir el trámite legislativo y existe fundada sospecha de que, para entonces, al menos la mitad de las entidades federativas habrán incumplido por diversas excusas y otras, como Tamaulipas, podrían sacar adelante el proyecto, pero con acotaciones que anularían de origen los objetivos del SNA que, por lo visto, interesa en gran medida a la sociedad, mas no así a los funcionarios públicos.
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