Las decisiones sobre las fuentes de ingresos públicos y sobre todo de su ejercicio, siempre son motivo de grandes disputas entre los grupos parlamentarios y es donde muestran de manera más clara sus verdaderos intereses, se acaba la florida retórica parlamentaria y revelan lo que realmente quieren hacer con el poder que detentan y a quien sirven.

Hay dos grupos polarizadas, por un lado,  la alianza del PAN y el PRI identificados con el gobierno y con sus contratistas privilegiados; y por el otro lado están Morena y el PT, que representan a los productores del campo, a los trabajadores formales y a los informales, los ambientalistas y los que no tienen nada que perder.

En ese contexto, el presupuesto se convierte en la “manzana de la discordia”, porque representa la solución o la complicación de los problemas que viven los diferentes sectores de la sociedad, por lo que la decisión del gasto público se convierte en el decreto legislativo de mayor impacto inmediato para la sociedad y el gobierno, y ahora con la nueva mayoría de morena, uno de los decretos más discutidos y disputados.

En el caso del presupuesto federal para el 2022 de siete billones de pesos, se refleja el propósito de consolidar la recuperación del crecimiento de la economía, por eso se requiere que la inversión pública crezca y se concluyan sin demora las obras estratégicas de infraestructura y que las actividades educativas y los servicios de salud retornen a la normalidad, además, las participaciones para estados y municipios de “libre disposición” crecen en un 6.7%. lo que le da un carácter más federalista y municipalista al presupuesto.

El Presupuesto para Tamaulipas 2022 ha provocado en el Congreso Local serias disputas políticas y personales; votos vs vetos. La iniciativa del ejecutivo está basada en los ingresos fiscales previstos para el año, los cuales se componen en un 86% por los recursos transferibles al Estado por la federación, que serán más de $ 56 mil millones, de los cuales, 27 mil millones serán de “libre disposición” y que se suman a los 9 mil millones de la recaudación local por impuestos y derechos que pagamos los contribuyentes al gobierno estatal. En total están previstos ingresos por poco más de 65 mil millones, algo así como 1,250 millones por semana para el gasto público.

Con todo ese dinero, y los aumentos obtenidos, no se puede decir que es insuficiente, o que se discrimine a Tamaulipas, en realidad somos el 8º estado más beneficiado por el gasto programable.

La discordia entre los legisladores locales se suscita a raíz de que las comisiones legislativas de Presupuesto, Vigilancia y Asuntos Municipales dictaminaron la necesidad de restringir los gastos superfluos, los lujos, los derroches y los sobresueldos anticonstitucionales y amortiguar la golpeada economía popular cancelando el cobro del canje de placas en este año.  Además, después de analizar el comportamiento irregular de ciertas partidas del gasto, como los de consultorías, escoltas, publicidad pagada a medios, etcétera se disparaban todos los años muy, pero muy por arriba del presupuesto fijado por el Congreso cada año para esos rubros, por lo que se dictaminó restringir la facultad discrecional del ejecutivo y fijar un rango limitado del 10% para modificar el presupuesto, que es fijado constitucionalmente por el congreso, para evitar cualquier abuso injustificado como los observados todos los años anteriores.

Por otra parte, se dictaminó darle al presupuesto un ligero giro municipalista, previendo que en lugar de un 20% de las participaciones a municipios se les garantizará un 22%, o sea un aumento mínimo de un 2%, cuando la propuesta del dictamen original fue de 24%, pero en aras de mediar, el MC, propuso que fuera solo el 22% y así lo aprobó la mayoría, al igual que el destinar el 1% del presupuesto total para el Fondo para la Capital, el cual se traduce en recursos sustantivos para infraestructura y equipamiento para edificar una capital digna de la grandeza de Tamaulipas.

Las decisiones tomadas por mayoría de votos, e incluso algunas que fueron por unanimidad, como la Ley de Austeridad, fueron vetadas de inmediato por el gobernador, lo que eleva al más alto nivel el conflicto histórico entre el legislativo y el ejecutivo, que algunos analistas lo han tomado con poca seriedad, fijándose más en la forma que en el fondo.

La disputa por el presupuesto nos conduce a emprender dos procesos: primero, llevar el conflicto a los tribunales, para que se dicte sentencia en algún sentido, sea a favor del Veto del Gobernador; o se le da la razón jurídica al Congreso que tiene la facultad constitucional de “Fijar el presupuesto”; el segundo proceso será el juicio popular, el juicio político del electorado para decidir quién debe de gobernar en Tamaulipas, si los que quieren seguir abusando, para enriquecerse impunemente, (“si no lo ves es porque no lo quieres ver”…);  o si gobernarán los que proponen suprimir los gastos superfluos, terminar de raíz con el saqueo de los recursos públicos, suprimiendo la prescripción legal de los delitos  de corrupción, limitando las alteraciones  injustificadas del gasto presupuestado, y aumentando los recursos para los municipios, que es donde la ciudadanía radica dándole  prioridad al gasto social, apoyando la economía popular y la seguridad de los residentes en Tamaulipas.

La disputa por el presupuesto del 2022 en Tamaulipas será entre los que quieren seguir con los sobresueldos de la aristocracia azul, desviando cientos de millones cada año para “comunicación social” y subcontratación de servicios intangibles. Por otro lado, estarán los que quieren corregir el rumbo del gasto para dotar de suficiente agua potable a la población urbana, destinar suficientes recursos para la salud de los no derechohabientes, así como recursos para apoyar a los estudiantes y maestros para hacer frente a la nueva educación digital y en línea entre otros gastos indispensables para el bienestar de la población.

Numeralia:

Subejercicio de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en “Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio” en el año 2020 de la pandemia: $414,306,841.

Gasto en viáticos del gobierno del estado durante el paro administrativo y cierre de hoteles y restaurantes por COVID en el primer semestre del 2020: 82% del total del año = $258,473,660.

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud de Tamaulipas.