El PAN comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones de 2027, pero algunos de sus primeros nombramientos generan más preguntas que entusiasmo. Las coordinaciones municipales todavía no equivalen a candidaturas definitivas; sí permiten identificar con quiénes pretende competir y qué antecedentes está dispuesto a llevar a la contienda.

En Victoria y El Mante, las designaciones llaman la atención, desde nuestra perspectiva, más por los antecedentes de los elegidos que por una demostración de arrastre o simpatía ciudadana. Jorge Alberto García y Sheyla Frida Palacios Juárez tienen explicaciones pendientes que una constancia partidista no resuelve.

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera encabezó los nombramientos. Entre ellos aparece también Jesús “Chucho” Nader, en Tampico, cuyo perfil presenta diferencias importantes frente a las apuestas de Victoria y El Mante.

En la capital, conviene recordar aquella noche del 14 de marzo de 2024, cuando el entonces delegado de Morena, Mario Llergo, anunció que Jorge Alberto García había ganado la encuesta para encabezar la candidatura municipal. Fue el episodio de la mano levantada, acompañado por Manuel Muñoz Cano, dirigente del Partido Verde, y la representación del PT.

García se consideraba elegido para defender a la Cuarta Transformación. Sin embargo, Morena terminó postulando a Eduardo Gattás Báez, quien consiguió la reelección. Jorge Alberto García cuestionó públicamente aquel cambio.

Ahora recibe una responsabilidad en Acción Nacional. La aspiración de gobernar Victoria permanece, pero la plataforma política es otra.

Cambiar de partido es legítimo. También lo es exigir una explicación: ¿qué cambió en sus convicciones?, ¿qué diferencias encontró con el proyecto que defendía?, ¿qué coincidencias tiene ahora con el panismo?

La ciudadanía merece saber si detrás del cambio existe una propuesta distinta para Victoria o solamente una nueva vía para alcanzar el mismo cargo.

El PAN, por su parte, debe explicar qué aporta García a su proyecto y cómo construirá respaldo entre una militancia que tiene trayectoria, trabajo y aspiraciones propias.

En El Mante, la decisión de nombrar a Sheyla Palacios también merece revisión. Su paso por la presidencia del Patronato del DIF municipal obliga a examinar las cuentas del organismo.

El informe de la Auditoría Superior del Estado sobre la Cuenta Pública 2024 del DIF de El Mante registró 23 observaciones, de las cuales quedaron 19 sin solventar por 12 millones 321 mil 74.67 pesos al cierre de aquella revisión. También reportó 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Ese resultado no acredita por sí mismo responsabilidad personal de Sheyla. Falta precisar qué operaciones corresponden a su periodo, quiénes las autorizaron y qué se ha aclarado posteriormente. Precisamente por eso, el PAN debería contar con esas respuestas antes de promoverla como alternativa de gobierno.

¿Revisó los antecedentes? ¿Tiene documentos sobre las observaciones solventadas y las que continúan pendientes?

Se suma la inconformidad expresada en comunicados que circularon atribuidos a jóvenes panistas de El Mante. Aunque esas expresiones no representan necesariamente a toda la militancia, la dirigencia debería atenderlas y explicar cómo tomó su decisión.

Si Acción Nacional cuestiona el manejo de recursos de la administración de Patricia Chío, debe aplicar el mismo rigor a sus propuestas. No puede exigir cuentas al adversario y conformarse con explicaciones incompletas dentro de casa.

Tampico ofrece un contraste. Chucho Nader gobernó durante dos periodos consecutivos, de 2018 a 2024, antes de regresar a la Cámara de Diputados. Una eventual vuelta al Ayuntamiento sería para un tercer periodo, después de una administración de por medio.

Desde nuestra perspectiva, conserva a su favor el recuerdo de una administración eficaz, particularmente en limpieza, mantenimiento urbano y atención a la ciudad. Los tampiqueños conocen su trabajo y tienen elementos para compararlo con los resultados actuales.

El PAN dispone ahí de una figura de peso para la zona sur. Si obtiene la candidatura, recupera Tampico y ofrece resultados, podría fortalecer sus argumentos para buscar la gubernatura en 2028. Esa proyección dependerá de las urnas y de su desempeño; no será una consecuencia automática del nombramiento.

A ese activo se suma César “El Truco” Verástegui, un operador político experimentado, conocedor del territorio y de las estructuras partidistas. Por eso sorprenden las decisiones para Victoria y El Mante.

¿Acaso Verástegui no tiene elementos para identificar perfiles que combinen competitividad, identidad partidista y respaldo interno? Su experiencia debería servir también para anticipar los cuestionamientos que acompañarán a cada propuesta.

El PAN tiene figuras y operadores para construir una alternativa. Pero en Victoria y El Mante empieza con el pie izquierdo si, antes de convencer a los electores, debe explicar sus propias decisiones a la militancia.

Jorge Alberto García 

¿En política, el que calla otorga?

Los hallazgos publicados por El Mercurio de Tamaulipas sobre la contratación de obra pública en El Mante merecen explicaciones del Ayuntamiento y atención de sus representantes populares.

Esta casa editora documentó 47 contratos por más de 68 millones de pesos mediante procedimientos distintos a la licitación pública: invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas. Entre los hallazgos aparece que dos contratistas con el mismo domicilio fiscal recibieron seis contratos por más de 14.6 millones de pesos.

Corresponde esclarecer cómo se seleccionaron los participantes, cómo se justificaron los procedimientos y qué garantías hubo de competencia efectiva.

Sin embargo, la respuesta del diputado de la zona cañera, Alberto Moctezuma, dejó mucho que desear. Cuando nuestro reportero le preguntó sobre estos hallazgos, decidió reservarse sus comentarios y sostuvo que necesitaba pruebas para pronunciarse.

Nadie le pidió dictar sentencia. Se esperaba disposición para conocer los documentos, solicitar explicaciones y dar seguimiento al dinero de sus representados.

Si no tenía los expedientes, podía pedirlos. Si consideraba insuficiente la información, podía revisarla. La prudencia ante una acusación es atendible; utilizarla para mantenerse al margen merece cuestionarse.

Investigar posibles delitos corresponde a las autoridades competentes. Pero la responsabilidad política de un diputado no desaparece porque exista una fiscalía. Representar también significa escuchar y exigir que el ejercicio del presupuesto se explique con documentos.

La respuesta de Moctezuma no permite concluir que todo el Congreso haya desatendido el asunto. Sí obliga a preguntar qué seguimiento darán los legisladores y quién promoverá su revisión por las vías correspondientes.

En la conferencia del viernes, al ser cuestionado sobre este tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, recomendó a los alcaldes conducirse correctamente y evitar actuaciones que generen sospechas, incluso cuando consideren que están haciendo las cosas bien.

El consejo es pertinente. Ahora debe acompañarse de seguimiento. Las recomendaciones generales resultan insuficientes cuando existen preguntas concretas sobre contratos y recursos públicos.

Estos cuestionamientos pueden afectar la confianza en el gobierno municipal y repercutir en la imagen de Morena en Tamaulipas. El costo político aumenta cuando los ciudadanos encuentran evasivas en lugar de explicaciones.

Si Patricia Chío pretende buscar la reelección, tendrá que responder por los señalamientos. Su partido deberá valorar su gestión y la claridad de sus respuestas. La protección partidista no debe sustituir la rendición de cuentas.

Moctezuma, quien también busca participar en la selección interna, tiene una responsabilidad adicional: demostrar con su actuación presente qué clase de representante pretende ser.

Pedir confianza para una responsabilidad futura exige atender las obligaciones del cargo actual. Conocer los documentos y exigir que se aclaren las dudas sería un buen comienzo.

Que no se le olvide al diputado: llegó al Congreso para representar a la zona cañera. Sus habitantes merecen algo más que una negativa a comentar cuando se pregunta por el destino de sus recursos.

Si sus representantes no muestran disposición para pedir cuentas, ¿a quién deben acudir los mantenses?


Alberto Moctezuma y Patricia Chío

EL IMSS COBRA PUNTUAL, PERO LA SALUD SIGUE ESPERANDO

Las protestas de trabajadores y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social exhiben una realidad que no se resuelve con discursos. A las demandas salariales se suman denuncias por falta de medicamentos, insumos, personal y condiciones adecuadas para atender a los pacientes.

Cuando el propio personal levanta la voz, el gobierno tiene la obligación de responder. No se puede exigir atención de calidad a médicos y enfermeras que denuncian trabajar sin las herramientas necesarias.

Resulta inevitable recordar la insistencia de Andrés Manuel López Obrador en comparar la transformación de la salud mexicana con Dinamarca. Aquella comparación se defendió particularmente alrededor de IMSS-Bienestar, destinado a personas sin seguridad social y distinto del régimen al que aportan trabajadores y patrones. La diferencia institucional debe quedar clara, pero el contraste político permanece: las promesas de excelencia frente a las carencias denunciadas.

Para quienes pagamos cuotas, la pregunta es elemental: ¿cómo se traducen nuestras aportaciones en consultas oportunas, medicamentos disponibles y hospitales dignos?

El IMSS exige el cumplimiento de las obligaciones patronales y dispone de mecanismos de cobro, actualizaciones, recargos y multas. Esa capacidad recaudatoria debe acompañarse de una exigencia igualmente firme sobre la administración de los recursos y la calidad del servicio.

El trabajador que cumple con sus aportaciones y después debe comprar el medicamento que no encuentra en la farmacia institucional enfrenta una carga adicional cuando más necesita protección. Lo mismo ocurre con las familias obligadas a buscar atención particular porque la enfermedad no puede esperar.

Las cuotas sostienen también otras prestaciones de seguridad social. Eso no disminuye la obligación de ofrecer atención médica adecuada. Cobrar conforme a la ley y atender dignamente son responsabilidades que deben cumplirse al mismo tiempo.

Tampoco sería justo cargar sobre médicos, enfermeras y personal operativo toda la responsabilidad por las deficiencias. Muchos sostienen los servicios en condiciones difíciles. Sus denuncias deben servir para corregir problemas de administración, abastecimiento e infraestructura.

El instituto anunció una estrategia de escucha en 277 hospitales para revisar surtimiento de recetas, material de curación, cobertura de personal y condiciones laborales. Esa respuesta deberá medirse por los problemas que resuelva, con responsables y plazos públicos.

Escuchar es necesario. Después hay que surtir medicamentos, disponer de material, reparar instalaciones y reducir las esperas.

La presidenta Claudia Sheinbaum debe exigir cuentas al director general, Zoé Robledo. Desde esta columna consideramos que, si su conducción no ofrece soluciones verificables, corresponde evaluar su relevo. La permanencia de un funcionario no puede pesar más que la atención de los derechohabientes.

La salud pública necesita orden, recursos bien ejercidos y resultados. La promesa de Dinamarca no sirve de consuelo frente a una receta sin surtir.