Peña Nieto muestra una administración, ineficaz, tramposa, incapaz para poner orden en el país. Su actuación y la de funcionarios que de él dependen es una muestra del absolutismo político sin contrapeso de control, de rendición de cuentas, de investigación formal y de aplicación de responsabilidad, a pesar de que hay ex gobernadores en la cárcel. Tamaulipas es la única entidad federativa del país que colabora con un par. Es el Presidente con más gobernadores y ex gobernadores bajo investigación por delitos patrimoniales contra la nación y colusión con el crimen organizado.
Las finanzas en caída; el Peso cayó de 13 por dólar a 20, con sustos mayores. El ejercicio del dinero sin control es evidente al duplicar la deuda externa y llevarla a más de a 8 billones de dólares. El número de empleos mejor remunerado en el país disminuye mientras se incrementa el número de empleo bajo la categoría de salario mínimo.
A este difícil contexto se añade el número de muertos en el país derivado de la guerra contra el crimen organizado y del accionar de los criminales en contra de la población estado de indefensión pues la ley da ventaja al criminal, los elementos policiales y las instancias de aplicación de justicia les dan impunidad.
La crisis política deriva de los partidos políticos que son responsables de señalar a los quienes serán candidatos que luego de una elección se vuelven gobernantes o representantes populares y a pesar de la corrupción descarada y cínica, ninguno de los partidos políticos del país exige castigo para aquellos que llevó al poder y se dedican a robar el dinero y el patrimonio de los mexicanos. La impotencia es la divisa de la población, el hartazgo de verse ofendidos sin que Estado y partidos actúen en su defensa, situación que incrementa el riesgo de perder por completo la estabilidad social y el estatus de gobernabilidad en abandono por el Estado en varias regiones del país.
El rechazo de la población a la mayoría de los candidatos en el proceso electoral 2018 es evidente; muy pocos despiertan simpatía en la población y el deseo de que la representen, de que sean sus gobernantes. Esta situación sucede en todas las entidades en las que habrá elecciones en julio próximo. El antes temido voto de castigo, ahora es incertidumbre pues campea la desesperanza, el saber que el actual sistema político de partidos está corrupto, en manos de grupos de poder que buscan su enriquecimiento a costa del bienestar de los mexicanos.
En la revisión del Tratado de Libre Comercio debe añadirse un apartado que determine en cuál país se enjuiciará a los políticos mexicanos con seriedad y responsabilidad; con evidencias y con pruebas. Actualmente debemos importar de Estados Unidos hasta justicia. En el caso de los ex gobernadores tamaulipecos detenidos en la cárcel, la población está segura que de ser enjuiciados en México, serán inocentes, de ser el juicio en Estados Unidos, serán culpables. De ser en el país la justicia la divisa de gobierno, Eugenio Hernández tendría compañeros de celda.