Uno de los primeros delitos de hackeo que se conoció en Tamaulipas y México tuvo lugar durante el 2006 en una sucursal de Bancomer, al presunto responsable las autoridades ministeriales y judiciales no le comprobaron hasta el 2016 el presunto robo bancario. No obstante, el inculpado fue recluido durante 10 años en la cárcel de mediana seguridad del municipio de Altamira, fue puesto en libertad porque habría cumplido la sentencia pero según el testimonio del detenido las autoridades no le comprobaron los cargos.
El asunto se ventiló en juzgados de materia civil, el caso lo conocieron tres presidentes del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, uno de ellos llegó a expresar. ¡“Es un hijo de la chin…”! Ya que el procesado y sentenciado promovió una denuncia contra la casa de bolsa que lo acusó y por ese motivo le exigió una indemnización por 200 millones de pesos.
Relatores, jueces, magistrados argumentaron en sus resoluciones que los 11 millones hurtados a ese banco, habían sido cobrados en diversas sucursales de la misma filial bursátil, en la Ciudad de México. Pero no probaban la relación entre la materia y presunto responsable del delito.
En aquellos años, el aparato ministerial y judicial de Tamaulipas carecía de las herramientas necesarias para procesar a un presunto por delitos de esa naturaleza, ya que la tecnología apenas se instalaba en agencias, juzgados y salas del Poder Judicial.
Se hablaba del hackeo como una eventualidad del delito más no como un hecho que pudiera presentarse en algunas de las fiscalías del Estado, y no se veía circunstancia inmediata, sino remota.
Por ello, la argumentación de los juzgadores fue de carácter deductiva y no el resultado de una investigación inductiva, con pruebas científicas, sino apenas sustentadas en un cruce de información del propio sistema bancario nacional.
Del presunto responsable no se volvió a saber de él, años después recibí un correo en mi cuenta personal, en la que me decía que un reportaje firmado por este escribiente sería utilizado como prueba a su favor ante la comisión interamericana de derechos humanos.
Actualmente, el hackeo es considerado un delito aunque la metodología en algunas regiones aún es rudimentaria, porque al aparato ministerial y judicial apenas está llegando el aprendizaje del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Y la policía cibernética, únicamente de oídas se habla de esa corporación, pero no de los resultados, lo mismo que los investigadores científicos.
Lo anterior en alusión al presunto hackeo del que habría sido víctima la administración estatal, ya que según informes obtenidos en fuentes extraoficiales la policía cibernética extrañamente no depende de la Procuraduría Estatal y sí de la Secretaría de Seguridad Pública.
Según las capturas de pantalla es la única evidencia, que algunos ciudadanos curiosos tienen en su poder lo mismo que algunos funcionarios. La autoridad oficial confirmó el hecho al cierre de esta redacción. En el que reconoce que durante 30 minutos el aparato gubernamental estuvo sin servicio, asimismo indica que se investigan los hechos.
Por otra parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, participó en una reunión de trabajo en la que estuvo presente la Confederación de Nacional de Gobernadores con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.
En el rubro partidista los seguidores de Alejandro Moreno, dirigente electo del PRI nacional, revelaron sus posibilidades de buscar la dirigencia estatal de ese partido por un segundo período, como es el caso de Enrique Cárdenas del Avellano, que ya ocupó esa representación pero que le viene bien de frente a la elección del 2022.