Sorprende que una diputada local, particularmente en este caso Cynthia Lizabet Jaime Castillo, quien cuenta con licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pretenda o se proponga impulsar una iniciativa de ley para instituir un Colegio de Periodistas, y que no tenga ni siquiera idea de lo que representa integrar un cuerpo colegiado bajo esa figura o de cualquier otra profesión, cuya constitución tiene como principal objetivo debatir temas propios de la profesión entre iguales, promover eventos para su actualización y desarrollo profesional, entre otros, y no precisamente como una organización colegiada con autoridad de una instancia de gobierno para restringir o regular el acceso al ejercicio periodístico.

La circunstancia es que trascendió de forma inmediata una desafortunada declaración que se adjudica a la diputada; sin embargo, cuando las circunstancias la ponen contra la pared, niega que sea una iniciativa propia y la describe como una solicitud ciudadana, que no surgió de su cabeza. Incluso hace alusión a un documento firmado que revisó y que “buscamos la manera de poder concederle lo que ellos querían”.

En pocas palabras, declara que la “chamaquearon”, que ella entiende su papel de legisladora como el conducto para dar trámite a todo lo que le soliciten. Se defiende diciendo que tiene un papel firmado como solicitud. ¿Y su criterio?

Tenga usted por seguro que este episodio no pasará más allá de un suceso anecdótico; sin embargo, nos da oportunidad para aportar algunos elementos para una reflexión seria respecto a este tema de regulación.

1.- Ni siquiera en la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas está reglamentado su ejercicio. Si bien fue incluida por gestiones del Colegio de Licenciados en Periodismo y Ciencias de la Comunicación de Tamaulipas a mediados de los años 80, este logro fue tramitado en esa época ante todas las instancias que regulan a los cuerpos colegiados de profesionistas: en lo local, ante la Secretaría General de Gobierno; y en lo federal, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso Correos de la SCT para obtener una franquicia para la difusión de sus proyectos.

Logros que se dejaron perder, porque para su vigencia se requiere un trámite anual, algo así como un testimonio de sobrevivencia, requisito para mantener vigentes los derechos en cuestión.

2.- Las instancias antes señaladas advirtieron en esos tiempos al Colegio de referencia que dicha licenciatura sería incorporada a la ley correspondiente, pero “no reglamentada”, porque no se puede restringir o regular el ejercicio de una profesión íntimamente ligada con la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos que utilizan los canales que ofrecen los medios de comunicación para hacer públicas sus posturas, inconformidades o demandas.

OTRAS FUNCIONES DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS… son ofrecer a la sociedad un punto de vista o valoración sobre un tema de interés social relacionado con la disciplina propia de su ejercicio.

Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos puede ser consultado para tomar una decisión sobre la remodelación de un edificio público; el de Abogados puede ser considerado en un caso de deliberación sobre alguna reforma que tuviera implicaciones o conflicto social. En fin, son un aval profesional con autoridad para emitir un juicio que contribuya a la toma de decisiones de una autoridad, cuando esta considere pertinente solicitar su criterio.

Finalmente, esta clase de agrupaciones que se ostentan como “colegios” tienen autoridad moral para guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes actividades profesionales de sus agremiados, pero no se obliga a ninguno de ellos a formar parte de una de estas organizaciones. También han servido para detectar a “falsos profesionistas”; hay casos de “ingenieros civiles”, “odontólogos”, etcétera, que se ostentan como tales y ejercen sin contar con un título o haber terminado la licenciatura.

Hoy es sumamente fácil falsificar un título profesional. Si está en Tamaulipas, se utiliza la universidad de otro estado para que sea difícil verificar la autenticidad. Este es otro tema en el que tiene que ver la COEPRIS para profesiones relacionadas con la salud, pero hay otras actividades de muy difícil control.

En fin, es un tema que da para mucho, y podemos retomarlo en futuras colaboraciones.

LA UAT OFRECE CARRERAS INNOVADORAS EN TECNOLOGÍA

Siempre a la vanguardia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está pendiente de las nuevas opciones en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial para formar profesionistas en estas innovadoras tecnologías, cuyo mercado observa alta demanda en los sectores productivos del estado y del país. Hoy, en la administración encabezada por Dámaso Anaya Alvarado, se abren nuevas oportunidades que brindan más opciones de desarrollo profesional a los jóvenes de la zona sur de Tamaulipas.

Entre estas opciones está la carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, la cual se imparte en la Facultad de Ingeniería de Tampico y forma parte de las nuevas ofertas académicas creadas bajo esta administración.

El programa responde a la creciente demanda de contar con especialistas para el tratamiento de datos y se propone formar expertos en áreas como aprendizaje automático, dirección y consultoría de proyectos de ingeniería, así como optimización e inteligencia artificial. Sus egresados dominarán habilidades que les permitan el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para atender los retos de las organizaciones del sector público y privado.

SIN JUSTIFICAR 115 MDP EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

A dos años y cinco meses de que concluya el sexenio de Américo Villarreal Anaya, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades que ascienden a más de 115 millones de pesos, localizadas en nueve organismos descentralizados de la administración estatal.

Las anomalías tienen un origen común: el pago de servicios personales, que en este caso la parte investigadora describe como sueldos, salarios y honorarios.

El auditor superior de Tamaulipas, Francisco Noriega Orozco, detalló que los hallazgos provienen de auditorías especiales realizadas a la Cuenta Pública 2022, derivadas de una denuncia ciudadana presentada el año pasado, e involucran organismos como la Comapa Zona Sur, el COBAT, ITIFE, ITACE, entre otros.

La suma es menor si se compara con los casi mil millones de pesos no justificados en el sexenio anterior; sin embargo, se informa de las irregularidades, pero no de las consecuencias (sanciones) para quienes infringieron la ley. Esperemos que pronto se informe más al respecto.

Estamos conscientes de que se trata de un enorme engranaje administrativo para detectar anomalías mediante mecanismos institucionales; es algo así como buscar una aguja en un pajar.