The Economist afirma que López utiliza su campaña contra la corrupción para eliminar opositores o gente que no son de su agrado. Señala que desde 2003, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) vende autos y casas incautadas por el gobierno de México, principalmente de contrabandistas y evasores de impuestos. El SAE dividía ganancias entre la policía, el Poder Judicial y los servicios de salud. López, se refiere al SAE como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En junio prometió 25.7 millones de pesos de una subasta de bienes mal adquiridos a dos pueblos indígenas pobres en el estado sureño de Oaxaca y entregó cheques gigantes a sus alcaldes.
The Economist cita que ese episodio dice mucho sobre López al que considera de talento para el teatro. Muestra dedicación a la lucha contra el saqueo, talento para el teatro político, indiferencia hacia las instituciones y su creencia en la virtud de la gente común. Los dos pueblos indígenas afortunados podrán gastar el dinero que quieran, sin supervisión pues los mexicanos son personas honestas, dice López, la corrupción ocurre desde arriba, no de abajo hacia arriba. Su manera popular de combatir la corrupción funciono para él. Mientras América Latina se rebela contra sus líderes, López tiene una tasa de aprobación de 58%, dice la revista británica.
The Economist usa dos ejemplos, el ex ministro Eduardo Medina Mora y Guillermo Ignacio García Alcocer, ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Ambos renunciaron por presiones de que serían investigados.
La publicación dice que AMLO tiene razón en estar preocupado por la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 180 países, México comparte el lugar 138 con Rusia. Para López, la corrupción no es uno de los grandes problemas de México, es su único problema. Con erradicarla, la pobreza y el crimen cesarían. Los funcionarios tributarios honestos recaudarían tanto, que serían innecesarias reformas fiscales dolorosas. La ira por la corrupción une a la coalición, abarca desde activistas de izquierda hasta evangélicos. Todos creen en su incorruptibilidad. Redujo su salario a la mitad, trabaja días de 16 horas y toma vuelos comerciales.
The Economist dice que los que combatieron la corrupción durante la Presidencia escandalosa de Peña Nieto avanzaron, aunque enfrentaron represalias. Periodistas y ONGs, algunas financiados por empresarios, descubrieron escándalos, incluida la adquisición por la esposa de Peña, de una casa de una empresa constructora con contratos gubernamentales. 600 mil ciudadanos firmaron una petición para obligar a los políticos a declarar sus activos y conflictos de intereses. Se convirtió en ley.
Con López, el sistema anticorrupción no progresa. ONGs presentaron demanda judicial contra el nombramiento del Fiscal Anticorrupción alegando que es cercano a él. López, prometió no seguir a sus predecesores en enjuiciamiento de alto perfil, pero arrestó a Rosario Robles, Secretaria de Peña.
A los amigos de López les va bien como a Manuel Bartlett, aliado que encabeza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no declaró conflicto de interés en dos docenas de propiedades por valor de 800 millones de pesos a nombre de personas cercanas a él. López calificó la acusación de periodismo al servicio de los conservadores.
Además, 80% de los contratos gubernamentales se otorgan sin procedimientos transparentes de adquisición, por motivos de seguridad nacional. La administración de López, como la mayoría de los jóvenes gobiernos, lleva pocos escándalos de corrupción. A medida que estallan rivalidades y avance la administración, surgirán informaciones de malversación. El manejo de la investigación de Bartlett mostró que López no toma en serio los alegatos hechos contra los leales a él, los ridiculiza y minimiza. El enfoque de López es cambiante sobre corrupción, cuestión de quien sea el inmiscuido.