Sin duda el tema de la consulta pública para “enjuiciar a los expresidentes y funionarios públicos” del pasado 1 de agosto, ha causado mucho debate en la opinión pública. Si bien en la literatura especiliazada se presentan ciertas ventajas y otras desventajas respecto a las consultas públicas, lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tienden a comentar su postura sin antes analizar a fondo el tema.
Países como Francia tienen una larga tradición de consulta directa, el propio Napoleón convocó plebiscitos para ratificar cambios constitucionales que lo hicieron cónsul, cónsul vitalicio y emperador. En Estados Unidos 49 estados utilizan una u otra forma de democracia directa. Canadá en las elecciones de 1988 realizó una consulta en torno a la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con USA. En Gran Bretaña la consulta directa ha sido utilizada desde el siglo XIX introduciéndola al debate político y utilizándola como una especie de veto nacional sobre cuestiones de interés común. Y en Suiza este mecanismo se usa con frecuencia.
Si se puede hablar de ventajas que traen consigo este tipo de mecanismos es que de ser bien utilizados se podría expresar de manera más exacta los intereses individuales, también se podría reducir las distorsiones creadas por los partidos políticos y diferentes asociaciones, como también busca involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes en un país y favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía.
Las desventajas de la democracia directa son que se podrían debilitar los procesos legislativos fundamentales de un gobierno representativo, se desvanece la responsabilidad legislativa y muchos argumentan que el ciudadano ordinario no está preparado para tomar decisiones complejas e importantes.
En el caso concreto de México, la utilización del mecanismo de consulta popular presupone un avance en el camino correcto de una democracia que busque incluir e involucrar a los ciudadanos en los temas de mayor relevancia del país. Sin embargo, hacer una pregunta tan ambigua, donde por lógica la respuesta es obvia ya que todos los mexicanos queremos esclarecer las decisiones políticas del pasado, y garantizar la justicia y derechos de las victimas, no considero que sea lo conducente. Como nos hubiese gustado a los tamaulipecos que nos preguntaran cada vez que el ejecutivo y legislativo local endeudan al estado, o que nos pregunten que proyecto de inversión preferimos entre varias opciones, por lo tanto, considero que las consultas si deben utilizarse con mayor frecuencia, pero con preguntas encaminadas a resolver una problemática no a generar más división política.