Un entorno regulatorio favorable a la competencia puede ayudar a elevar los niveles de vida mediante la estimulación de la inversión, el comercio y el empleo. También beneficia a los consumidores al facilitar mayores opciones y mejor calidad de productos a un precio inferior. En primer lugar, las regulaciones deben ser diseñadas de manera que promuevan la competencia y reduzcan las barreras de entrada. En segundo lugar, estas normas deben de ser cumplidas o aplicadas de una manera transparente y rentable.

Las regulaciones son las reglas que gobiernan el día a día de empresas y ciudadanos, y una de las herramientas fundamentales mediante las cuales los gobiernos promueven la prosperidad económica, aumentan el bienestar social y persiguen el interés público. Para alcanzar estos objetivos y asegurarse que las regulaciones sean de alta calidad y sirvan su cometido, se necesita un marco sistémico de gobernanza regulatoria. En ese sentido, la política regulatoria se refiere al conjunto de reglas, procedimientos e instituciones mediante las cuales los gobiernos desarrollan, implementan y evalúan las regulaciones.

Según el Índice de Competitividad Global (2018), por ejemplo, México se encuentra en el lugar 120 de 137 países en términos de la carga impuesta por la regulación, ubicándose por detrás de países como Jamaica y Haití. En el mismo índice, la ineficiencia de la burocracia gubernamental se encuentra como el tercer factor más problemático para hacer negocios, antecedido por la corrupción y el crimen.

La regulación en México es demasiado compleja; para conseguir permisos de construcción en promedio te llegas a tardar 85 días y 15 trámites, para permisos con CFE ocupas en promedio 100 días y 7 trámites, para registrar una propiedad 40 días y 8 trámites, en fin, es muy complicado y tedioso el excesivo proceso burocrático en el país.

Para poder disminuir esta gran burocracia en el país es importante que los actores interesados (ciudadanos), participen en el proceso regulatorio, es un pilar central y fundamental de la política regulatoria. El objetivo principal de la política regulatoria – asegurar que las regulaciones sean diseñadas e implementadas en aras del interés público – solo se puede alcanzar con la ayuda de aquéllos a quienes se les aplicará la regulación, ya sean ciudadanos, empresarios, la sociedad civil o cualquier otro miembro de la comunidad. Un proceso regulatorio transparente aumenta la credibilidad y la confianza en las instituciones regulatorias.