La bonanza que México vivió durante el Desarrollo Estabilizador a mediados del siglo pasado, permitió el crecimiento de la infraestructura social que aun gozamos, obsoleta por el paso de décadas y en especial porque se perdió un factor que permitió el desarrollo, el número de mexicanos. México triplicó su población y no es mayor ese desastre por el éxodo de 20 millones a Estados Unidos. A esta situación añada que los gobiernos perdieron civilidad y honestidad al aliarse con grupos de poder internacionales y sucumbir ante otro poder, el crimen organizado, que genera más dinero que muchos gobiernos en el mundo.
De la Madrid hereda un caos financiero y económico y se entrega el país al capitalismo extremo vía Fondo Monetario Internacional. En 1989, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Salinas, que permitía vender 250 empresas públicas; (Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México) El gobierno capta mucho dinero que no aplica para su desarrollo e inicia una y reduce el presupuesto según acuerdos, para derechos básicos en educación, salud, agua y saneamiento.
En 1990, los legisladores modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos propiedad de la nación que estaban en quiebra cuando López Portillo los nacionalizó y saneados los regresa a sus antiguos dueños; negocio redondo.
El sexenio reformador de Salinas cambió a México. Los legisladores aprobaron reformas al artículo 27 para permitir la venta de tierras ejidales y comunales. La mitad del terreno agrícola era de auto-consumo, condenado a desaparecer. Exigía dinero y crear grandes unidades de producción como el mundo lo hacía, excepto México, en un entorno nacional de gran deuda externa, por lo que capital privado interno y externo se hace cargo.
Modificaron la Ley Minera para concesionar a particulares por 50 años; derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas. Salinas entregó 6 millones 600 mil hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Las mineras poseen 26 millones de hectáreas, 13% del territorio nacional. Peña Nieto aplicó impuestos, una tasa baja respecto de las ganancias y generan gran daño al medio ambiente sin invertir en su recuperación. El monopolio extremo que significaba CFE se reforma al permitir a empresas privadas generar energía. Hoy venden a CFE 50% de la luz que consumimos, pero el monopolio continúa sin mella política y económica.
En 1993 aprobaron la reforma al artículo tercero para limitar la gratuidad de la educación pública a primaria y secundaria, y se dejó al mercado la educación media superior y universitaria. Cada año se rechaza a 300 mil jóvenes que aspiran ingresar a esos ciclos. Para justificarlo, se implantó la mentira de que no ingresan porque no pasan el examen de admisión. La matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%, las escuelas privadas se multiplican ante el ruin abandono del Estado de su deber de proveer educación. En cada joven que trunca su estudio, un talento queda sin brillar. Se le condena a salario bajo, acorde a su nivel de capacitación, se le vuelve mano de obra barata.
En 1993 se aprueba el Tratado Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, miles de campesinos sufren el golpe esperado por su escasa productividad, venden y emigran a Estados Unidos y muchos están desempleados. 50% del campo está abandonado y desmantelado; el otro 50% produce los alimentos en el país. El Tratado en general es detonante de empleo y de exportación récord en el país.
En 1996, modificaron el sistema de ahorro para el retiro y se deshacen de su deber constitucional social y entregan las pensiones a financieras privadas que dan baja rentabilidad. En 1998, en medio de un caos financiero provocado por la reticencia de Salinas de devaluar el Peso y la inexperta manera de realizar la devaluación se crea el Fobaproa, que fue oportunidad para hacer de manera indebida fortuna y convirtió deuda real y fantasma de empresarios y banqueros, en deuda pública, que asciende a 1 billón 300 mil millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de pesos de intereses.