López navega en agua turbulenta pues no acierta a dar respuestas coherentes a la avalancha de inseguridad pública del crimen organizado al mayoreo y al menudeo, y a la que la propia sociedad se encarga de hacer nota de escándalo, por lo que recurre al uso de distractores. Estos aciagos días que recuerdan la Revolución por la inseguridad que azota caminos y a pueblos, exigen utilizar grandes recursos, encarcelar al reciente ex presidente y China proporciona buen material, pandemia por coronavirus que acabó con la estrategia de López de besos y apapachos a los criminales.

Para López, combatir los problemas que aquejan al país tiene un tinte selectivo, es pantomima de doble mensaje, uno para entretener y otro para desanimar a quienes aún osan exteriorizar puntos de vista y opiniones contrarias al ideario de López, muy simple, conmigo o contra mí. López destruye el avance democrático logrado. Su llegada a la presidencia es ejemplo de ese respeto al voto. Rosario Robles es un ejemplo de aplicar justicia al estilo antidemocracia y fuera de la ley. La acusación que se le imputa es ejercicio indebido del servicio público (omisión), no amerita prisión preventiva. Para encarcelarla, el Ministerio Público fabricó una licencia de conducir falsa; el domicilio no corresponde al que ella dio, lleva una firma que no es la suya, una huella digital que no es la suya y una foto tomada de internet, y el juez la dio por buena. Si la justicia sigue el camino del caso Robles, todos nos encontraremos en una celda.

La Función Pública la inhabilitó por 10 años, pues en su declaración patrimonial no reportó dos mil pesos en una cuenta bancaria, lo que significa minuciosa revisión y debido análisis. ¿Así se habrá revisado, analizado y sancionado en caso de una omisión, las declaraciones de los allegados a López?
La corrupción es un hecho real que necesita diques institucionales que operen de manera legal e independiente. Sin embargo, ¿por qué López desmanteló el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué López auspicia y permite que se viole el artículo 77 de la Ley de Transparencia al negarse a dar a conocer los donativos que recibió el gobierno de parte de empresarios para la rifa del avión? Con López, más de 70% de los contratos otorgados a la iniciativa privada han sido por asignación directa, no por concurso.

Lo que es oficial no requiere de dichos, requiere de explicación. En el Presupuesto 2020 hay “otros subsidios”, sin Reglas de Operación (ROP), por 358 mil 689 millones de pesos. ¿Quién vigila que llegue a su destino y evalúa su eficacia? Para López con dichos se maneja y vigila el dinero, “el pueblo es el mejor auditor”.
El alquiler de ropa es una nueva expresión de la economía colaborativa, en la que los clientes no tienen interés en ser propietarios ni hacer grandes inversiones. No se tiene que ser víctima del mito de que hay que consumir, expresó Jennifer Hyman, cofundadora de Rent the Runway, pionera desde 2009 del modelo que numerosas tiendas tratan de imitar.

En lo que respecta a la ropa, el alquiler ofrece esperanzas en momentos en que el mercado está saturado de prendas vendidas con descuento. En Estados Unidos, J.C. Penney y Macy’s se han asociado con ThredUp para vender prendas usadas en buen estado. Nordstrom explora la venta de ropa de segunda mano. Son pasos necesarios en una época mala para el sector de la ropa.
Christine Hunsicker, fundadora de CaaStle, que maneja inventarios y envíos de mercancías, dice que el alquiler de ropa genera margen de ganancia de 20% a 25%. Rent the Runway se adaptó a una clientela exigente. Inició con vestidos para fiestas, ahora ofrece ropa para niños y cosas para la casa, en sociedad con West Elm, cadena de muebles y objetos decorativos.

Hay que recordar a López que el país lo alquiló a él por 6 años, es un político bajo contrato, que debe cumplir su parte de operación del contrato, pero sus acciones buscan desesperadamente que le conviertan en el dueño de México. La política colaborativa que López candidato pregonaba la sustituyó por dominio absoluto. Una amenaza para México que debe ser contenida a la brevedad por mecanismos sociales que obliguen a las instituciones a establecer el Estado de derecho.