El análisis de la coyuntura política en Tamaulipas se vuelve un caso de la sociología política, pero también un desafío histórico inevitable para los actores políticos concretos.
Para realizar el análisis se requiere poner sobre la mesa de los “cuartos de guerra” los factores reales que definen la ecuación y que pueden revelar sus incógnitas.

Contexto: Tamaulipas llega a la contienda electoral más grande que vive la nación ahora, después de los enfrentamientos por el reparto del presupuesto federal; de los ataques del gobierno estatal en torno a la sustitución del Seguro Popular por el INSABI; de la campaña por desacreditar al gobierno de la república por su manejo de la Pandemia, protagonizada por el gobierno del estado y su “alianza federalista” y después de “jugar a las vencidas” para imponer las restricciones estatales, por encima de las promovidas por el gobierno federal.

Los enfrentamientos entre el gobierno estatal y el federal subieron de tono y de escala, desde que se desplegó la sombra de la sospecha proyectada por las denuncias y confesiones de Emilio Lozoya, involucrando en sobornos de decenas de millones de pesos a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado; además de los escándalos ocasionados por los miles de millones de pesos “observados” por la Auditoría Superior de la Federación a la administración de los recursos públicos por el gobierno estatal durante el 2017 y el 2018, siendo el segundo Estado con más irregularidades observadas; a ello se agregaron las denuncias de los diputados locales de morena por los mega subejercicios en la obra pública y las transferencias de cientos de millones hacia contratos de servicios intangibles en los años de 2017 a 2019, entre ellos los destinados a la Imagen pública nacional del gobernador y aspirante a la candidatura presidencial del PAN.

Ahora, después de todos esos embates y confrontaciones, la mayoría de ellas totalmente estériles, estamos en la niebla de la incertidumbre, hemos vivido más de un año sin atención pública del gobierno ya que ha estado parcialmente cerrado, sin los servicios educativos escolarizados y un sistema de salud muy demandado por los contagios de COVID19; y en ese contexto irrumpen las campañas electorales, las noticias falsas van y vienen y en general, la judicialización de los procesos internos de los partidos y los delitos de precampañas por lo que el clima político se encuentra enrarecido en la batalla política inconclusa y se pasea un fétido aroma de “los vientos del cambio” que emanan de las denuncias por corrupción y patrimonio mal habido.

¿Cuáles son las piezas que necesitamos acomodar en el andamio político del poder en Tamaulipas? Señalemos algunas como:

– La resolución de la Comisión Instructora votada el 30 de abril por una mayoría de 302 diputados a favor de que el gobernador de Tamaulipas sea juzgado como cualquier ciudadano… sin protección y sin inmunidad por la presunta comisión de los delitos federales que acusa la Fiscalía General de la República. Según la Constitución es una resolución inatacable y no existe instancia de poder alguno que pueda cambiarla.

– La controversia constitucional desechada por un magistrado de la Suprema Corte de la Nación, ante la notoria falta de legitimidad del recurso jurídico.

– La interpretación del Congreso Local de que la Soberanía de Tamaulipas está por encima de la autoridad de la soberanía del Congreso de la Unión y de la Federación, sobre todo si se trata de proteger al gobernante acusado de haber cometido delitos federales.

– La advertencia de la Fiscalía General de la República a la Suprema Corte de Justicia de que solo a la fiscalía le compete determinar cuando procesar al gobernador desaforado.

– La solicitud de la Fiscalía a un Juez Federal para que le otorguen la orden de aprehensión del gobernador desaforado por la Cámara de Diputados y su liberación el 19 de mayo.

– La carta vía twitter del gobernador imputado, en la que declara que va a defenderse y supongo que a demostrar el origen legítimo de su patrimonio familiar y que solo es un perseguido político por los buenos resultados de su gobierno y sus diferencias con AMLO.

– La carta de la Embajada de los Estados Unidos exhibida el día 20 de mayo por AMLO, en la que se demuestra que el gobernador es investigado desde hace tiempo ´por presunto lavado de dinero en los EUA.

– La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera congelando una docena de cuentas bancarias personales del gobernador desaforado e imputado y de los demás familiares. Así como los socios implicados en la denuncia de la Fiscalía y de las 25 empresas envueltas en los delitos federales que se les imputan.

– Finalmente, tenemos en la mesa la absurda decisión del Congreso local en la que los Panistas acuerdan por mayoría un exhorto a la Fiscalía Estatal para que se abran carpetas de investigación penal a los que promovieron la orden de aprehensión y los que la ejecuten. Supongo que habrán pensado que están promoviendo que demanden hasta el juez federal que liberó la orden de aprehensión y de los policías federales.

Todas esas fuerzas y declaraciones políticas, que luchan y se debaten en medio de una campaña electoral cada vez más polarizada y enrarecida por el tráfico de información tendenciosa y falsa. Al final del día, cada vez quedan menos opciones para el desenlace de esta crisis política que nos ha llevado a un equilibrio catastrófico de las fuerzas del poder público en México y en Tamaulipas en lo particular.

¿Cuáles son las opciones que quedan?:

a) La detención del gobernador y su presentación ante el Juez Federal que lo reclama en Almoloya.
b) La presentación voluntaria del gobernador ante el Juez Federal y la negociación de la protección a su familia, y la designación de un gobernador sustituto panista, mientras demuestra su inocencia.
c) La fuga del gobernador y el inicio del proceso en el Senado para que mediante una mayoría calificada, (de dos terceras partes) para decidir la desaparición de poderes y la designación de un gobernador sustituto por parte del Senado.

Si ninguna de las opciones se precipita, serán los resultados de las próximas elecciones las que resuelvan la ecuación del equilibrio catastrófico. La ciudadanía decidirá el primer domingo de junio, si prefiere encubrir a quienes han desviado los recursos públicos para sus negocios privados, o si darán su voto en favor de un gobierno honesto, austero y determinado a terminar con la corrupción y la impunidad.