La tormenta tropical Fernando pegó por el lado de Soto la Marina pero no causó grandes daños, salvo inundaciones menores en ejidos, cierres temporales en algunos tramos carreteros del rumbo de San Fernando y lluvias, que son como bendiciones para el campo martirizado por la sequía.
El problema es ahora para los presidentes municipales porque proliferarán los baches, y para la Secretaria de Salud, por el recrudecimiento de los criaderos de mosquitos que contagian el dengue. Si algo le importara a la titular.
En un ejido de San Fernando, una pipa fue arrastrada por la corriente de agua y fue necesario hacer maniobras desesperadas para recuperar el armatoste y salvar al chofer, lo que ocurrió finalmente.
Las autoridades de Protección Civil estuvieron atentas y todavía lo están, al desenvolvimiento de la condición climática, para actuar conforme a las necesidades del momento.
No puede decirse lo mismo de los funcionarios del sector educación, pues no avisaron con oportunidad ni en detalle, de la suspensión parcial de clases y los padres de familia llevaron infructuosamente a sus hijos a escuelas cerradas.
Pero donde realmente se producirá un desastre es el Congreso local, este día, pues Cabeza de Vaca ordenó que los diputados suspendan sus vacaciones para que aprueben en sesión plenaria extraordinaria y por unanimidad de votos, su decreto.
La Comisión Permanente dio previamente su complacencia para que el Gobernador contrate un nuevo crédito bancario, ahora por 240 millones de pesos, que serán conjuntados con otros créditos no ejercidos, para hacer un paquete de obras portuarias.
Son más de tres mil millones de pesos los que se invertirán en los puertos de Altamira, Tampico y Matamoros, según la iniciativa de decreto enviada por el poder ejecutivo al Congreso local, aunque la descripción de las obras, su localización y montos contienen algunas inconsistencias.
Estas son las más importantes: los puertos de Altamira y de Tampico son empresas de participación estatal mayoritaria del gobierno federal, en tanto que el puerto de Matamoros, en proceso de construcción, es una concesión dada al gobierno estatal, panista.
Es decir, los dos primeros puertos son propiedad del gobierno federal, y el tercero, está concesionado al gobierno del Estado, con fecha de caducidad, es decir, es también propiedad federal.
Por consiguiente, los puertos de Altamira y Tampico no son susceptibles de recibir inversiones del gobierno del Estado, porque todas sus necesidades las cubre el gobierno federal.
Pero además, el gobierno estatal, panista, tiene declarada la guerra al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, por ser de MORENA. De allí que resulte absurdo, contradictorio, inexplicable, incongruente, que Cabeza de Vaca pretenda gastar una fortuna, en los dos puertos federales.
El puerto de Matamoros, antes El Mezquital, tiene inversiones conjuntas federación-estado, aunque a últimas fechas, las obras están paradas. El titular de la Administración Portuaria Integral, API, de Matamoros, es el viejito corrupto Chuchín de la Garza Díaz del Guante, ex presidente municipal, pintado ahora de azul.
Las 47 páginas de la iniciativa de decreto de Cabeza de Vaca contienen una mescolanza de textos usados sólo para hacer bulto, es paja, pues lo mismo se trata de párrafos del Plan Estatal de Desarrollo, que programas de seguridad ciudadana y desarrollo económico sostenible.
Además, el documento hace referencia a otros préstamos bancarios concertados de acuerdo a permisos extendidos por el Congreso de mayoría panista, pero no usados en los objetivos planteados en las respectivas iniciativas de decreto.
Menciona por ejemplo, un decreto para concertar un contrato público privado que privatiza el servicio de video-vigilancia, mediante el cual una empresa particular dotará al gobierno de video-cámaras y construirá arcos de vigilancia en las carreteras.
A cambio de estos servicios, el gobierno estatal, panista, pagará a esa empresa 58 millones de peso cada mes, durante seis años.
Sin embargo, este decreto que autoriza a Cabeza de Vaca a contratar otro préstamo por 240 millones de pesos, menciona entre sus considerados (contenidos en 47 páginas) el gasto en los arcos de vigilancia y los videos, pero como si fuera un gasto propio, no del particular beneficiado con el contrato público privado.
Toda esta confusión es producto de la opacidad con la que se maneja el gobierno y que hace pensar en actos de corrupción. La mayoría panista que tiene el control del Congreso local no pregunta, no cuestiona, no duda.
Pero resulta imperativo que el gobierno hable de frente a la sociedad, mediante una conferencia de prensa, un comunicado o un video-mensaje, para explicar en detalle de que se trata todo este proceso de préstamos concatenados.
No pueden mantener en lo oscurito los proyectos de desarrollo portuario, la creación de fideicomisos y el manejo misterioso de los préstamos obtenidos, porque no son una sociedad anónima, no son una empresa con fines de lucro, sino un gobierno con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
En contrasentido, las evidencias de ingobernabilidad se repiten en los municipios. En Nuevo Laredo, por ejemplo, el gobierno de Enrique Rivas Cuéllar está menos que pintado.
Vehículos con siglas pintadas en las puertas los identifican como infractores de la ley. Marchan por el centro de la ciudad, con sicarios armados hasta los dientes, mostrando con insolencia su desprecio a la ley.
Son los mismos que prohíben que las gasolinerían surtan de combustible a las patrullas de militares y de la policía estatal.
En el puerto jaibo se produjo otro asalto bancario mientras que el presidente municipal Jesús Nader sorprendió con su declaración de prensa donde descubre que Tampico tiene vocación turística.
El nuevo atraco ocurrió a dos cuadras del palacio municipal. Ese es el miedo que le tienen a la primera autoridad, panista.
En otros temas, parece cierto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá a Tamaulipas el fin de semana y además, dos días, pero no ha habido una autoridad oficial que confirme la información.
Se habla que llegaría el sábado y permanecería hasta el domingo, para visitar hospitales del IMSS en Tula, Hidalgo, San Carlos y Soto la Marina. Se antoja pensar que llegaría vía aérea a Tampico y que pernoctaría en Ciudad Victoria, pero son meras especulaciones.
Cerramos la columna con el comentario de la crisis política producida en Veracruz por la destitución del fiscal general de justicia Jorge Winckler Ortiz por fallar en el examen de control de confianza, aunque en realidad lo corrieron por ser herencia del ex Gobernador.
Miguel Angel Yunes Linares, del PAN, duró sólo dos años en el gobierno estatal jarocho, e hizo elegir a su abogado personal Winckler como fiscal general para una gestión de nueve años. Le serviría para que le cubra las espaldas.
El nuevo Gobernador resultó ser de MORENA, Cuitláhuac García Jiménez, y entró en conflictos con el fiscal Winckler, hasta ahora que halló un buen pretexto para echarlo a la calle. Por supuesto, el PAN desató una guerra mediática en defensa del abogado de Yunes.
La misma suerte correrá en Tamaulipas el fiscal general Irving Barrios Mojica, después del 2024, cuando Cabeza de Vaca deje de ser Gobernador, pues este forastero está etiquetado para el Estado por muchos años más. También será destituido, por los mismos motivos.
Cumplen años José Heftye, Gabriela Millá de Juan Antonio Montoya Báez, el contador Moisés Díaz, y Gil Garza.

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