La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 83% de la población que sufrió algún acto de corrupción, no lo denunció, lo que demuestra que la percepción del problema se elevó. Los datos detallan que 57% de población de 18 años y más considera que la corrupción es el problema más importante que enfrenta el país, detrás de la inseguridad y la delincuencia. La proporción de población que piensa que la corrupción es frecuente pasó de 83% en 2011 a 91%, en 2017.
Durante 2017, 15% de la población de 18 años y más en contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción. Es la Ciudad de México la de porcentaje mayor de víctimas, 21%; Quintana Roo, 18% y Morelos, 17%. Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción. Además, en 2017, se observó aumento de más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto 2015.
INEGI señala que ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la justicia, que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención contra la Corrupción, que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, y crear conciencia sobre este problema. S designó, 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción.
La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas. Es el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima. Es fenómeno multidimensional, se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y económicos.
Para hacer frente a este problema, en México en 2015 se reformó la Constitución para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mecanismo encargado de coordinar la política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron nuevas leyes que otorgan piso normativo al combate a la corrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federal.
La Auditoría Superior de la Federación señala que la plataforma de Alertadores de la Corrupción, que inició en julio pasado, ha recibido casi 3 mil denuncias, más 34 mil denuncias que ya tenía el portal, por lo que se tienen cerca de 40 mil denuncias ciudadanas. A través de la implementación de 5 ejes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca erradicar corrupción e impunidad. La dependencia impulsa la austeridad, la fiscalización y evaluación; además de ciudadanizar el combate a la corrupción y la impunidad, relanzar el Servicio Profesional de Carrera, democratizar la tecnología y proteger la denuncia y los alertadores internos.
La SFP destaca que se redujeron los sueldos y salarios de los mandos entre 12 y 47%, se limitó gastos superfluos y disminuyó 30% el costo de las estructuras de apoyo de altos funcionarios. Resalta, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Austeridad Republicana. El documento precisa que elaborará normas para proteger a los alertadores internos y fomentar la denuncia, así como desmantelar redes de corrupción. Respecto al combate a la impunidad, la SFP dice que, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre 2019, se resolvieron 812 expedientes de inconformidades, impuso multas por mil 432 millones de pesos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, y estableció la inhabilitación de más de 100 empresas. Se incrementó la productividad y se redujo el tamaño de la SFP, al pasar de mil 560 plazas a mil 217.