En Tamaulipas, la justicia en contra de la administración pasada parece haber tomado rumbo firme. Las investigaciones en contra de exfuncionarios del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca avanzan con paso decidido, y los tribunales empiezan a dictar resoluciones que muchos creían nunca llegarían.

La más reciente fue la vinculación a proceso de la exsecretaria de Finanzas, María de Lourdes acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades. Se le señala de haber desviado más de 181 millones de pesos destinados a fortalecer la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado. Una cifra escandalosa si se considera que, en aquellos años, la inseguridad estaba al rojo vivo.

El caso no es aislado. En los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular por cierto, suena para revelar a Irving Barrios en la Fiscalía General de Justicia, ha reactivado investigaciones en torno al fraude de los seguros de vida contratados durante la pandemia, que dejaron sin protección a cientos de médicos y trabajadores de salud. Las investigaciones apuntan al exsubsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N”, quien habría autorizado la adjudicación directa de un contrato millonario a una empresa fantasma que nunca cumplió.

A la par, la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo, dio a conocer que a 3 meses de haber entrado en funciones ha emitido siete nuevas sanciones e inhabilitaciones contra excolaboradores del primer y segundo nivel del gobierno panista. Es decir,  ya son 86 sanciones acumuladas por irregularidades en la administración anterior, y cinco expedientes más han sido turnados a tribunales administrativos por faltas graves que podrían derivar en nuevas denuncias penales.

Más allá de los nombres, lo que importa es el mensaje que están tratando de dar, que la impunidad ya no puede seguir siendo la norma en Tamaulipas. Es un proceso que tardó en arrancar, pero que hoy se ve más activo que nunca.

Habrá quien diga que se trata de una revancha política; otros, que por fin se está haciendo justicia. Sea como sea, la sociedad tamaulipeca merece saber qué pasó con cada peso público y quién se benefició de los abusos del poder.

¿No cree usted?

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales.