La medida, como prácticamente todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo.
Me refiero a la que ya es inminente regularización de vehículos extranjeros introducidos en forma ilegal, como contrabando, a nuestro país.
Sí, los llamados en forma popular “chocolates”.
Es un tema siempre envuelto en la polémica desde hace muchos años, tolerado en la inmensa mayoría de los casos y hasta impulsado por algunos sectores como negocio, tanto por la corrupción que les permitió ingresar a territorio mexicano como por la enorme cantidad de dinero que significa permitir su trasiego.
En ese contexto, me atrevo a señalar lo que expongo en el inicio de estas líneas sobre este tema. El lado bueno y el malo.
Empiezo por el bueno.
La verdad es que legalizar las unidades que ya se encuentran en el país no significa un gran golpe a la economía o producción de las armadoras automotrices nacionales. De los alrededor de 300 mil automóviles de diversos tipos que circulan en el Estado, casi todos tienen entre dos, tres, cinco y hasta quince años de transitar en estos lares como Juan por su casa.
El daño económico que esos vehículos pudieron causar a las ventas de coches mexicanos ya se hizo y los impuestos que dejaron de pagar ya se perdieron. Ese impacto ya lo absorbieron las plantas, agencias y gobiernos. No tiene reversa y es inútil desgarrarse las vestiduras por regularizarlos ahora. Insisto, ya están aquí y son utilizados en su inmensa mayoría por gente de escasos recursos, lo que les permitirá contar con un patrimonio por el cual de ahora en adelante tributarán y será controlado por las autoridades.
Imposible negar que tiene razón el sector empresarial cuando asegura que es legalizar lo ilegal, pero no tiene sentido seguir haciéndose de la vista gorda y lo mejor es registrarlos oficialmente. Hasta aquí el lado bueno.
¿Cuál es el lado malo?
Este sí debe quitar el sueño a las armadoras, a las agencias, a todos quienes directa o indirectamente participan en la producción de unidades nacionales y a la misma sociedad en general. El lado aterrorizante para la economía e inclusive para la seguridad nacional es lo que puede desencadenar esa decisión.
Históricamente, en ediciones anteriores de regularización de automóviles, la corrupción de las aduanas, de corporaciones policíacas y de áreas gubernamentales afine,s permitió que al autorizarse la legalización se dejara entrar al país el doble y hasta el triple de vehículos en su mayoría chatarra, Si había un millón ya adentro, terminaron en dos o tres millones, lo que convirtió una acción positiva en un super negocio para una cauda de vivales y un viacrucis para controlar esas unidades, utilizadas en muchos casos para la comisión de delitos por su calidad de desechables.
Hoy en el país circulan no menos de 18 millones de automóviles y camionetas extranjeros ilegales. Imaginemos que esa cifra se multlplicara por dos o tres ante el gran negocio que resultará su comercialización.
Enferma pensar en más de 36, 40 o 50 millones de automóviles extras en calles y carreteras, dado que un alto porcentaje estará en condiciones mecánicas deplorables. ¡Sálvese quien pueda!
Imagínese también los estragos en los ingresos de quienes venden coches nacionales, no sólo nuevos. Si hacemos memoria, recordaremos los sitios en donde se ofrecían vehículos mexicanos usados, en buen estado y con documentación en regla. Hoy no encontramos ni siquiera uno de ellos, reemplazados por los tianguis donde pululan las unidades extranjeras, inclusive robadas.
Así, tiene el gobierno federal en sus manos las dos opciones.
Si quieren hacer un bien, legalicen los vehículos que ya están en el territorio nacional y terminen con la simulación de que no los ven ni los oyen. Beneficiarían a millones de mexicanos que sí necesitan ese apoyo y controlarán en gran medida sus movimientos.
Si les importa eso un comino y permiten una mega invasión de autos posterior al decreto, como ya ha sucedido, harán de esa nueva regularización un monstruo que no controlarán ni con la varita de Harry Potter.
Uy..

Twitter: @LABERINTOS_HOY