El Centro Nacional de Inteligencia, del gobierno federal, aplicó exámenes de control y confianza al candidato a recibir la confirmación para el nombramiento de fiscal estatal especializado en combate contra la corrupción ¡y reprobó! 

La explicación más lógica es que fue destituido por haber incurrido en acciones irregulares, pero ordenaron mantener discreción sobre el tema. 

Rafael Ramírez Castañeda fue designado por el Congreso local hace más de un año, a propuesta del jefe del poder ejecutivo local, Francisco García Cabeza de Vaca. Los tucos tratan de proteger a su jefe con el cuento de que el nombramiento surgió del poder legislativo. 

¡Como si los diputados se mandaran solos! 

Como quien dice, Cabeza puso al lobo a cuidar el gallinero, en el entendido de que fue el principal perpetrador de acciones anti-sociales durante el sexenio que en mala hora le tocó ser mandatario. 

Francisco es un delincuente de cuello blanco perseguido por la justicia federal, por cuando menos tres delitos graves: delincuencia organizada, defraudación fiscal y uso de recursos ilegales. 

El ex mandatario surgido del PAN tiene además, un montón de amparos de la justicia federal, que le conceden impunidad parcial y transitoria, porque la verdad es que Cabeza no tiene salida y caerá más tarde que temprano, en la cárcel. 

Seguramente es por delicadeza del sistema de seguridad y justicia que la acción persecutoria no se aplica por ahora a los cómplices, tapaderas, socios de Cabeza de Vaca, incluidos diputados locales y hasta familiares. 

Según cálculos conservadores mencionados inclusive por funcionarios del gobierno estatal de MORENA, el monto de la sustracción ilegal de recursos perpetrada por el panista, es de entre 16 y 20 mil millones de pesos. 

Por cierto, el columnista estrella del periódico El Norte, M.A. Kiavelo mencionó ayer la circunstancia especial que rodea a los más recientes mandatarios tamaulipecos, pues dos permanecen en reclusión penitenciaria, otro está prófugo y uno más vive como sultán, refugiado en Nuevo León. 

A propósito de corrupción, la Secretaría estatal de Educación Pública a cargo de Mario Gómez Monroy tiene en puerta otro escándalo por el manejo de una doble nómina de personal. 

Retomamos el tema del Congreso local, para agregar que representantes de organizaciones que defienden a la familia, están furiosos contra los diputados locales que aprobaron legalizar las uniones conyugales entre personas de mismo sexo. 

Califican de aberración jurídica y moral que se atente contra la institución matrimonial al avalar sociedades conyugales entre iguales y poco les falta para pedir la hoguera contra los diputados que votaron a favor con singular alegría. 

No descartaron inclusive, que algunos legisladores se animen con esta ley a salir del closet. 

En Nuevo Laredo, el patronato del Sistema DIF municipal presentó un primer informe de resultados del programa “Tocando Corazones”, caracterizado por las acciones emprendidas en beneficio de las familias neolaredenses. 

La señora Claudette Canturosas Villarreal, presidenta del patronato, hizo una relatoría de algunos de los eventos cumplidos a favor de familias de condición precaria, y reiteró el compromiso de la institución, por seguir trabajando sin descanso. 

Destacaron en el informe las campañas de cirugía de cataratas, entrega de aparatos auditivos, atención integral en salud bucal, reparto de apoyos alimentarios, matrimonios colectivos, paquetes escolares a estudiantes, etcétera.   

En Matamoros, el gobierno municipal inició un programa de rehabilitación y restauración el museo Fuerte Casamata, para lo que será necesario mantenerlo cerrado hasta el 30 de noviembre. 

El monumento histórico empezó a ser construido en 1845 y quedó terminado 20 años después. El Cabildo que preside Mario Alberto López Hernández autorizó un desembolso de un poco más de un millón de pesos, en los trabajos de rehabilitación. 

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com