La minuciosa revisión al proceso de asignación de notarías por parte del gobierno estatal entrante, es parte del proceso de entrega recepción, que en este caso lleva a cabo la Dirección de Asuntos Notariales, de la que es titular la licenciada Guillermina Reynoso Ochoa, y lo mismo está ocurriendo en los organismos operadores de agua potable (Comapa´s) que estarán siendo sometidos a auditorías, han empezado con el organismo de la zona conurbada que depende del Gobierno del Estado, pero tendrán que hacer lo mismo a las restantes dependientes de los municipios.

Hay faltantes acumulados de varias administraciones en el caso de las Comapas, que fueron en el pasado reciente las “cajas chicas” de la que se obtenían recursos para la operación de las campañas electorales.

No se trata de un revanchismo político como algunos quieren argumentar. La realidad es que las condiciones están dadas por el desaseo administrativo. El gobierno entrante está haciendo uso de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas, la cual establece que en los primeros 60 días de la nueva administración, la parte receptora podrá requerir las aclaraciones que crea pertinentes, mientras que la parte saliente está obligada a esclarecer las inconsistencias y dudas que pudieran presentarse.

El Gobierno del doctor Américo Villarreal se ocupa del tema notarial por ser de interés público, porque los fedatarios son los que dan certidumbre al patrimonio de los ciudadanos, por ello, no sólo deben ser hombres y mujeres honestos, sino capaces. El primer filtro de honorabilidad está en el respetar los procedimientos, someterse a lo que la ley implique para ser notario, y no buscar veredas fáciles y cortas que deshonran a quienes buscaron o aceptaron el camino fácil que se les ofreció.

En este caso, los procedimientos para la asignación de los fiat´s notariales son revisados para constatar que fueron los correctos, de ser así, los salientes estarían en este momento aclarando, justificando y argumentando lo que a su favor tuvieran, lo cual no han hecho porque no existen los fundamentos legales para reclamar que se respete el procedimiento utilizado.

De acuerdo a ley el Gobernador de Tamaulipas en turno, es el que determina el número de fiats que pueden operar en el estado, de los cuales actualmente hay 300 que cubren los requisitos. En esas circunstancias Francisco García Cabeza de Vaca tenía autoridad para aprobar, así fuera masivamente, el número de fiat´s que creyera conveniente. El problema no estuvo en la cantidad, sino en la manera en que se procedió, es decir al margen de lo que establece la ley; sus colaboradores, particularmente de la Secretaría General de Gobierno no respetaron el procedimiento, sin capacitación, sin examen de calidad, ni la presencia de quien preside el Colegio de Notarios, mucho menos la práctica en una notaría durante un periodo perentorio.

Por otra parte, el asunto va más allá de la simple cancelación del procedimiento, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del  Estado (POE) de fecha 1 de noviembre, los hechos no sólo deben estar sobre el escritorio de la Contraloría Gubernamental, sino ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, dado que existe la posible configuración de conductas delictivas previstas en los artículos 216, 222, 226, 228 y 232 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Esto de acuerdo al análisis y dictamen oficial publicado en el POE entre las conductas delictivas probables, están el cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y delitos cometidos en el ejercicio de funciones judiciales o administrativas”. Los implicados tienen derecho de audiencia en este momento para exponer lo que a su parecer convenga para aclarar lo necesario antes de que el asunto llegue a la Fiscalía.