Tamaulipas ha dado un giro en su modelo de transparencia y fiscalización. Esta semana se formalizó la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) y en su lugar se creó una nueva dependencia estatal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este nuevo organismo no solo toma funciones de la extinta Contraloría Gubernamental, sino que también absorbe tareas relacionadas con la transparencia, fiscalización, vigilancia del gasto público, auditorías y control interno, que antes estaban distribuidas entre varias entidades.

A diferencia del ITAIT, que era un órgano autónomo, ahora las funciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales quedan bajo la estructura del Ejecutivo. Para ello se creó un órgano desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, que se encargará de recibir solicitudes, capacitar a servidores públicos, y evaluar portales de transparencia.

El cambio ha generado distintas reacciones. Desde el gobierno estatal se argumenta que se busca simplificar procesos, evitar duplicidades y reforzar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos; desde otros sectores, se ha cuestionado si la centralización de estas funciones pudiera afectar la autonomía y la imparcialidad en la revisión de la información pública.

El rediseño es amplio. La nueva secretaría tendrá injerencia no solo en dependencias estatales, sino también en municipios, organismos descentralizados, poderes públicos y órganos autónomos.
El reto será garantizar que esta concentración de funciones se traduzca en eficiencia, transparencia y una rendición de cuentas efectiva.

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